La Procuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente responsable del cargo único a la ex gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero Bowie, con suspensión en el ejercicio del cargo por 4 meses. 

Debido a que la disciplinada al momento de hacerse efectiva la sanción, ceso en sus funciones como administradora de la Isla, en virtud de la ley, el término de suspensión se convirtió en salarios de acuerdo al monto que devengaba, suma que ascendió a los $34.836.628.   

El Ministerio Público corroboró que la funcionaria suscribió bajo la modalidad de contratación directa, el negocio jurídico 085 de 2014, con esta entidad contratista que no contaba con la idoneidad para ejecutar el ya mencionado convenio.

De esta manera, la Procuraduría delegada de Juzgamiento 1, determinó que la funcionaria vulneró el principio de legalidad y se configuró su actuar disciplinario dentro de las faltas gravísimas que impone la normativa.  

En fallo de primera instancia, el ente disciplinario calificó la conducta de Guerrero Bowie como falta gravísima, a título de culpa grave.