Según la Fundación Paz y Reconciliación, los hechos afectan a 20 departamentos del país

___________
 

Todavía faltan seis meses para las elecciones territoriales de octubre entrante y ya se han registrado 42 hechos de violencia electoral que han dejado 80 víctimas: 18 precandidatos, de ellos cuatro asesinados, uno más que permanece desaparecido y otros 13 con amenazas contra su vida.

Lo peor es que el panorama muestra que estas cifras tienden a empeorar en la medida en que se acerca la contienda democrática, y los principales objetivos parecen ser los sectores políticos de oposición y la coalición de gobierno.

Estas son apenas dos de las principales conclusiones del estudio “Primer Informe de Violencia y Dinámica Electoral” del Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación (Sipares), que evaluó esta dinámica entre el 27 de octubre de 2018 hasta el 30 de marzo de 2019, sin incluir las agresiones a líderes sociales.

De acuerdo con el documento, estos hechos se registraron en 20 departamentos del país siendo los más afectados: Tolima con 13 casos; seguido de La Guajira (12), Valle del Cauca (10), Antioquia (9), Bogotá (7), Cauca (6) y Putumayo (4).

En estos departamentos se concentra el 76,25% del total de víctimas, según el estudio, que agrega que las amenazas colectivas son la agresión más recurrente.

En ese panorama se destaca el departamento del  Valle del Cauca, que aunque no es el de mayor número de víctimas o hechos, sí registra los más violentos: dos asesinatos, un caso de atentado y siete actores amenazados.

El color político

Por partidos o colectividades políticas, el estudio de Sipares destaca que el Partido de La U tiene el mayor número de víctimas de violencia electoral (10). Le siguen Alianza Verde (9), Partido Liberal (7), Cambio Radical (5), Polo Democrático (5), Farc (4), Centro Democrático (3), Colombia Humana (3), Partido Conservador (3), AICO (2), MAIS (2), Primero Ibagué (2), Congreso de los Pueblos (1), Coraje Caicedonia (1), Firme por Ibagué (1), Fuerza Ciudadana (1), Marcha Patriótica (1), ONIC (1) y Opción Ciudadana (1).

Igualmente, hay otras 18 víctimas sin confirmar su filiación política.

Las víctimas

El análisis señala que los funcionarios públicos son el segmento más victimizado con el 59% de las agresiones, y de ese total los concejales han llevado la peor parte: 33 víctimas, seguidos por los diputados (4) y los ediles (1).

De los 18 precandidatos victimizados, el estudio encontró que uno es aspirante al Concejo; uno a Gobernación y 16 a Alcaldía. De ellos, cuatro han sido asesinados, uno se encuentra desaparecido y otros dos han sufrido atentados.

Adicionalmente, han sido víctimas de violencia electoral tres denunciantes de corrupción, cinco personeros y una autoridad indígena.

A nivel nacional, agrega Sipares, siete congresistas han sufrido hechos victimizantes (tres senadores y una representante a la Cámara), todos de partidos de oposición que recibieron un panfleto firmado por las ‘Águilas Negras’.

De los demás se sabe que dos son representantes y fueron amenazados por parte de ‘Los Caparrapos’ en el departamento de Córdoba, otro que fue víctima de un atentado en Arauca y uno más que fue víctima de hurto de información de su unidad de trabajo legislativo (UTL).

“Dada la gran variación geográfica en la proporción de victimizaciones por sector político, no es posible encontrar un patrón de victimización nacional, sino que, por el contrario, esta parece estar atada a dinámicas locales, a excepción de la violencia contra partidos de oposición. Esta parece estar disparada en todos los territorios nacionales, como ha sido tradición en el país”, dice el estudio.

Los perpetradores

Una de las características, considera el documento, es que en la mayoría de manifestaciones de violencia electoral ejercida contra líderes y precandidatos son atribuidos a agentes o estructuras no identificadas (80%).

Mientras, el grupo ilegal que se hace llamar ‘Águilas Negras’ concentra su accionar en amenazar a miembros de partidos de oposición, y aunque no se ha comprobado que haya cometido algún asesinato, sí ha intimidado a 13 dirigentes políticos (16,25% del total) en Bogotá, Pueblo Rico (Risaralda), Mocoa (Putumayo), Buga y Alcalá (Valle del Cauca).

Por el lado del Eln, su accionar delictivo se ha centrado en del departamento del Cesar, y los llamados ‘Grupos Armados Posfarc’ lo han hecho en Cauca. En ambos casos, las víctimas han sido funcionarios públicos electos: concejales y alcaldes.

Y ‘Los Caparrapos’ fueron responsabilizados de amenazar a un Representante a la Cámara por Córdoba, del Partido Liberal.

Política y violencia

Sipares explica que en Colombia “la violencia es un mecanismo más de competencia electoral” y está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas.

“Igualmente, se puede decir que las elecciones locales son, por excelencia, las que tienen mecanismos sofisticados de corrupción y donde se producen alianzas con grupos al margen de la ley”, reza.

Por ejemplo, para las elecciones de 2014 y 2015 en algunas regiones las elecciones sufrieron una fuerte distorsión “dadas las coimas provenientes de Odebrecht a miembros de clanes políticos, quienes las canalizaron para mover maquinarias clientelares multimillonarias”.

Destaca la Fundación que sin esos recursos “los riesgos de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas ilegales para la competencia electoral, aumentan” en especial en el contexto nacional por el fortalecimiento de fuerzas políticas alternativas.

El informe, concluye Paz y Reconciliación, pretende llamar la atención sobre la confluencia de prácticas lesivas para la democracia que se enquistan en el sistema político, “que en lo local se encuentra profundamente relacionado con grupos armados ilegales que compiten, cooperan o conviven con las instituciones del Estado y sus funcionarios, para obtener o mantener el control territorial o de sus rentas”.