Un grupo de parlamentarios independientes y de oposición presentó un balance de la implementación del acuerdo de paz durante el primer año de mandato del presidente Duque, en donde encuentran más luces que sombras. Contrariamente el Gobierno muestra resultados que afirma,  muestra que está cumpliendo

El Gobierno ha cumplido: Archila

El Gobierno del presidente Iván Duque ha cumplido con su política de implementación del acuerdo y ha logrado más avances que los obtenidos durante los 20 meses anteriores, afirmó el consejero presidencial para la Implementación y la Consolidación, Emilio Archila, en carta enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Respecto a la JEP, el Consejero aclaró que el actual Gobierno ha sido respetuoso de la independencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y que no ha existido ni un solo acto de la Consejería para la Estabilización u otra dependencia del Gobierno respecto de ninguna de las actuaciones de esa jurisdicción.

Precisó que también en materia presupuestal, desde el Gobierno se ha garantizado el funcionamiento de la JEP. A mayo de este año se habían ejecutado alrededor de $26,500 millones para facilitar sus labores.

Sobre el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el Gobierno reveló que lo recibió con problemas financieros, operativos, legales. Añadió que el presupuesto de 2019 se proyectó por $1.9 billones para incluir 33 mil familias que hacen parte de acuerdos colectivos suscritos.

Añadió que entre agosto de 2018 y mayo de 2019, el Gobierno nacional ha invertido en el PNIS $437.936.502.348 y ha iniciado la ruta de intervención para 21.438 familias, ubicadas en 14 departamentos y 56 municipios.

Sobre la seguridad de las personas en proceso de reincorporación, el consejero Archila ratificó en su carta al secretario Almagro el compromiso del Estado con la seguridad de los excombatientes y sus familias, así como con la seguridad de los miembros del hoy partido político Farc. “El Gobierno no propicia ni tolera la violencia contra los excombatientes”, dijo.

Según Archila, 13.068 personas que hicieron dejación de armas con ocasión de los acuerdos con las Farc fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). De ellas, 11.922 personas se encuentran en proceso de reincorporación activo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). La generalidad de ellas recibe apoyo psicosocial para la reincorporación y una renta básica temporal, salvo los que ya se han vinculado a actividades laborales o productivas.

Avances preocupantes: congresistas

El informe que presentaron parlamentarios independientes y de la oposición analiza cada uno de los seis puntos del acuerdo de paz.

Acerca de la Reforma Rural Integral destaca que el Gobierno Duque “ha avanzado de forma importante en conseguir los recursos para la puesta en marcha del catastro multipropósito”, sin embargo “en materia de desarrollo rural, los avances son preocupantes”.

Indicó que se han generado acceso y formalizado a un total de 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. “Esto representa el 8,7% de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas”.

En cuanto al cumplimiento del punto de participación política el informe dice que tres de las principales “no han tenido el liderazgo del Gobierno Duque en el Congreso de la República: las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la Reforma Política y la garantía del derecho al voto en la ruralidad”.

Mientras que sobre el punto de reincorporación y seguridad territorial indica que si bien desde el inicio del Gobierno Duque han sido aprobados 223 proyectos productivos (entre colectivos e individuales) beneficiando a 717 personas, “la realidad es que a pesar de esos esfuerzos el 83% de los excombatientes objeto del proceso de reincorporación (13.018), siguen sin hacer parte de ningún proyecto productivo”.

El informe dice acerca de la solución al problema de las drogas que el Gobierno ha señalado que sigue adelante con el PNIS, al tiempo que ha anunciado que retomará el uso del glifosato para la erradicación forzada de cultivos ilícitos. “Pero la realidad es que la implementación del PNIS se quedó en la ayuda inmediata y su articulación con medidas que lleven a una verdadera transformación de las condiciones que permiten la existencia de cultivos en los territorios, es prácticamente inexistente”.

En lo que toca al punto sobre víctimas y justicia transicional el informe dice que la situación más crítica la enfrenta el programa de reparación a los afectados por el conflicto. En el Registro Único de Víctimas están inscritas 8.839.143 personas y son sujetos de reparación y atención 7.155.469 más. Desde la puesta en marcha de la política, el país ha avanzado en la reparación de 898.540 personas, poco más del 12% del universo total. “Al ritmo al que vamos nos tomaría más de 62 años culminar el proceso de reparación”, dice.