Este mecanismo del Ministerio de Interior, que debería ser usado por los partidos políticos antes de otorgar avales a sus candidatos, ha resultado ser ineficaz para impedir que aspirantes cuestionados sean elegidos

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El Ministerio del Interior desde hace ya varios años viene implementando la llamada Ventanilla Única Electoral, un mecanismo que busca facilitar la obtención de información por parte de los partidos previo al otorgamiento de avales.

Se trata de una base de datos donde aparecen las tachas de los candidatos que se postulan en los partidos para aspirar a un cargo de elección popular. Allí están consignadas las posibles inhabilidades, los antecedentes del candidato y las sanciones de los organismos de control.

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Hasta ahora el mecanismo no ha sido eficaz para impedir que candidatos cuestionados resulten elegidos.

Lo que no dice

El problema de la Ventanilla Única no parece estar en lo que dice sino en lo que no dice, pues allí no aparecen las investigaciones que tienen los candidatos ni sus alianzas. Si bien en Colombia las investigaciones pululan por montón y no existe el delito de sangre, muchas veces las advertencias realizadas por distintos sectores de la sociedad se cumplen luego de la elección de los candidatos.

Por ejemplo, sucedió con Oneida Pinto, quien era investigada por una presunta irregularidad cuando fue alcaldesa de Albania, además renunció al cargo que ostentaba en ese momento, como mandataria local, para aspirar a la Gobernación de La Guajira. Pese a las advertencias fue avalada, elegida y luego destituida dejando al departamento en una incertidumbre política.

Sirve, pero hay que mejorarla

Marcela Restrepo, directora de Gestión del Conocimiento de Transparencia por Colombia, asegura que “la Ventanilla Única sí sirve y está en proceso de ser más eficiente. Claramente necesitamos un solo sistema donde las organizaciones puedan revisar los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales, de los candidatos”.

Sin embargo, “hay mucho por hacer, y es que la Ventanilla se nutre de los sistemas de información de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Lamentablemente estos sistemas de información, pese a que se han mejorado, presentan problemas de registro. El otro problema es que estos sistemas de información registran solamente las sanciones, no las investigaciones. Además, las investigaciones en Colombia se demoran mucho por lo que muchas veces el candidato sale elegido y después llega la justicia y lo sanciona”.

Para ella, “la Ventanilla Única no va a solucionar los problemas de la política mágicamente. Busca presionar el cambio cultural, pero el que toma la decisión es el partido. En últimas son los actores políticos quienes toman la decisión”.

Restrepo sostiene que el registro de la Ventanilla Única también debería ser de carácter público y no solo para las personas interesadas, pues “el elector también debe tener derecho a consultar la información de a quienes elige, esta debería ser una de las pautas”.}

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No resuelve las presunciones

A su turno, el profesor de la Maestría de Comunicación Política de la Universidad del Externado, Carlos Arias, sostiene que “la Ventanilla sí funciona, pero no resuelve los presuntos y las indagaciones que en muchos casos terminan generando las inhabilidades de los precandidatos. En muchos casos las advertencias son insuficientes para la real politik (política real), en consideración a que unos conocen y han desarrollado las estructuras políticas en las regiones, y otros son los políticos más idóneos y transparentes para los partidos o generar las coaliciones”. El experto agrega que en muchas ocasiones “la realidad de la cultura política colombiana supera la reglamentación electoral”.

Consultas a última hora

Camilo Mancera, coordinador del área de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), sostuvo que la ventanilla sí funciona pero el gran problema operativo es que normalmente los partidos presentan la información sobre los candidatos muy encima de la fecha de cierre; en los últimos dos días, 26 y 27 de julio, se carga el 90% de las candidaturas, en las elecciones locales y hablamos, este año de 120.000 candidatos, eso sobrecarga el sistema”.

Además dijo que en Colombia las investigaciones en curso no son causales de inhabilidad, “lo que genera la inhabilidad es la sanción que puede salir después, este es un tema distinto en el que se presentan inhabilidades sobrevinientes. El problema es de idoneidad y responsabilidad por parte de las organizaciones políticas. Es decir, que un partido que tiene información sobre las investigaciones que tiene un candidato puede poner en duda la idoneidad de este para ocupar un cargo público, la puede poner en duda, no necesariamente revocar el aval y si el partido está convencido de la inocencia del candidato debería avalarlo. Ahora, la gran incógnita radica en que hay candidatos que tienen votos y pese a las investigaciones contra ellos la organización política prefiere correr el riesgo. El llamado de la MOE es que los partidos sean responsables en el momento de presentar una candidatura, miren los personajes muy bien más allá de si tienen votos o no”.

Castigo a los partidos

Cabe anotar que la última reforma política o Ley 1475 de 2011 considera una falta de los partidos y sus directores inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular “que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.

De incurrir en esta falta los directores pueden ser suspendidos del cago, destituidos del mismo o expulsados del movimiento; a los partidos se les puede suspender la financiación que por ley les entrega el Estado, la personería jurídica que les permite entregar avales o el derecho a inscribir candidatos en la circunscripción donde se cometió la falla. El partido también puede enfrenarse a una posible cancelación de la personería jurídica o la disolución de la organización. Estas decisiones corresponden al Consejo Nacional Electoral, que, hasta el momento, no ha sancionado a ningún partido político por la inscripción de candidatos cuestionados en las elecciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo de Estado han sancionado innumerables candidatos por delitos electorales.