Hoy se reanudan las sesiones ordinarias del Congreso, suspendidas el 16 de diciembre, correspondientes al segundo tramo de la tercera legislatura. El año pasado, en medio de la pandemia, el Legislativo trabajó a distancia y a media marcha, no supo sacar adelante las reformas urgentes que la superación de la crisis demandaba e incluso, aunque desde distintos sectores se le exigió a senadores y Representantes que congelaran sus sueldos y viáticos, o que los rebajarán dada la magnitud de la emergencia y la escasez de recursos para atender a los más pobres, al final nada de ello ocurrió.

Ello explica por qué el Parlamento que hoy retoma trabajos continúa siendo la institución oficial con más baja imagen favorable, escasamente superior al 10% en las encuestas de opinión. La descalificación a su rol es casi endémica.

Si bien la mala imagen del Congreso es permanente en la última década, hoy la situación es más crítica. Y eso se debe a muchos factores, aunque el que más pesa se refiere a que en medio de la pandemia la cuota de sacrificio de los 280 senadores y representantes, que están entre los funcionarios con salarios más altos del Estado, fue casi nula.

Incluso cuando se ha pregunta a los ciudadanos en las calles qué opinan de este Parlamento, además de las quejas populares de siempre sobre baja eficiencia, politiquería y otros vicios de vieja data, muchas personas traen a colación que mientras la mayoría de la sociedad que no puede darse el lujo de permanecer tanto tiempo sin salir a la calle a buscar el sustento, pese al riesgo del covid-19, hoy el Congreso se resiste a volver a una plena presencialidad.

De hecho, la productividad legislativa reciente ha sido muy baja. Como se recuerda hace un año la legislatura se demoró un mes en arrancar debido a las cuarentenas y otras restricciones a las que se acudió para frenar la curva epidemiológica del covid-19. Solo a mediados de abril comenzaron las sesiones virtuales, con un ritmo de por sí muy accidentado y en las que los debates de proyectos y de control político brillaron por su ausencia, precisamente en momentos en que el país necesitaba un Parlamento actuante y diligente, no solo para cumplir su rol en el plan de contingencia implementado para enfrentar la más grave emergencia en las últimas décadas, sino para dar ejemplo de solidaridad con los sectores más vulnerables y golpeados por la crisis sanitaria.

Alto salario

Como si fuera poco, mientras que muchas empresas y trabajadores en Colombia han tenido que apretarse el cinturón en medio de la emergencia, los congresistas siguen recibiendo sus altos salarios. Ese es un tema que genera mucha indignación en la opinión pública. Más aún porque en muchos países la pandemia llevó a congelar o disminuir sueldos de presidentes, parlamentarios, ministros y altos cargos. Aquí fue imposible tocar el salario de los senadores y Representantes.

Incluso cuando se anunció en diciembre el porcentaje de reajuste de la remuneración de los congresistas (5,12%), muy por encima de la inflación causada en 2020 (1,61%) y más que el reajuste del salario mínimo (3,5%), no pocos legisladores se rasgaron las vestiduras y prometieron reformar las asignaciones de los altos funcionarios del Estado. De ello, hasta el momento no se ha concretado nada.

Las cifras son claras: desde julio la Contraloría certificó que el incremento del salario de los parlamentarios debía ser de 5,12% y el presidente Iván Duque firmó el respectivo decreto el 24 de diciembre, con lo que la asignación salarial de los congresistas quedó en $34.417.000, de los cuales el básico es de casi $8 millones, la prima especial de servicios es de $10,7 millones y los gastos de representación de $14 millones.

En su momento, el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, le precisó a EL NUEVO SIGLO que un congresista “se gasta un reglón de escritura y un segundo de decisión” en darle “una orden al pagador, así de fácil”, para no recibir un salario tan abultado.

Aunque proyectos en el mismo sentido se han hundido repetidas veces por falta de voluntad política de las bancadas, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha anunciado, otra vez, que “estaremos dispuestos a presentar de manera inmediata y ojalá lo haga el Gobierno, la reforma para que todos los altos salarios del Estado queden gravados en un 20%”.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, rememoró que “desde el año pasado vengo insistiendo en que los congresistas nos estamos robando los gastos de representación. Son $14,8 millones que no estamos usando porque trabajamos desde las casas. Este año será igual. La pandemia no cede y seguiremos en virtualidad. ¿Continuará el robo?”.

Ya Bolívar había anunciado que “con mi UTL trabajamos en tres proyectos para bajarnos el salario: eliminar gastos de representación de $14,8 millones cuando trabajemos virtualmente, bajarnos sueldos a 25 SMMLV (hoy son 40), pago por sesión para acabar con cuatro meses pagos de vacaciones. Sabrán quienes apoyan”.

De hecho, ya está en trámite el proyecto de ley número 200 de 2020 Cámara, “por el cual se crea un impuesto al salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones”, radicado el 21 de julio por el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático y que desde el 28 de octubre tiene ponencia positiva para primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara preparada por los representantes Fabio Arroyave (Partido Liberal), Gilberto Betancourt (Cambio Radical) y Edwin Valdés (Centro Democrático). El proyecto plantea gravar con 10% permanente el salario de los congresistas, con lo que se recaudarían $660.146.620 mensuales.

¿Más trabajo?

Pero no es solo que los congresistas ganan mucho, sino que la opinión pública considera que trabajan poco.

Cada legislatura va del 20 de julio al 20 de junio del año siguiente, teniendo un receso entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo; o sea, que en total se legisla durante ocho meses.

Los legisladores explican que en los cuatro meses en los que no sesionan también trabajan, preparando proyectos, visitando las regiones y haciendo otras actividades que se relacionan con la labor para la que son elegidos.

El tema estuvo de nuevo sobre la mesa hace unas semanas, cuando algunos congresistas pedían convocar a sesiones extras para debatir proyectos concernientes a la reactivación económica y social en medio de la pandemia.

Como lo informó este Diario, el representante por Bogotá, Daniel López, consideró que en el mediano plazo “el Congreso debe aprobar, cuanto antes, la reforma constitucional que ha propuesto Gabriel Santos para recortar el periodo de receso legislativo”.

La iniciativa de Santos, representante por Bogotá del Centro Democrático, habría que volverla a presentar, pues tras ser acumulada el 3 de septiembre con otro articulado (radicado el 20 de julio por congresistas verdes, liberales, conservadores, uribistas, de Cambio Radical, Colombia Renaciente, La U y Comunes) se hundió por vencimiento de términos, pues aunque tenía ponencia lista desde el 28 de octubre llegó al 16 de diciembre sin que se le diera segundo debate en la plenaria de la Cámara; se proponía que el receso legislativo concluyera en enero y no en marzo.