Los tres senadores más votados del Congreso y quienes se han convertido en referentes políticos para el país son investigados por las cortes por distintas situaciones

Álvaro Uribe llegó al Congreso por segunda vez con el apoyo de 875.554 votos, mientras que Antanas Mockus lo hizo con 540.783 y Gustavo Petro obtuvo su curul con el respaldo de 8 millones de sufragios depositados por él durante la segunda vuelta presidencial.

Dos años y medio después de su elección enfrentan procesos en las altas cortes.

Uribe

Uno de los casos más sonados durante este año fue el de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal lo investiga luego que él mismo hubiera interpuesto una demanda en contra del también congresista Iván Cepeda por una supuesta manipulación de testigos.

Ese no fue el único giro que dio el proceso, durante la investigación preliminar adelantada por la Corte aparecieron interceptaciones en las que Álvaro Uribe se comunicaba con su abogado Diego Cadena.

Uribe está vinculado al proceso junto al también congresista Álvaro Hernán Prada y a Cadena, quien deberá atender la citación de imputación de cargos con solicitud de prisión preventiva el próximo 18 de febrero.

El 8 de octubre, la Corte Suprema de Justicia decidió vincular al senador Uribe de manera formal al proceso por supuestamente manipular el testimonio del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha acusado en varias ocasiones de pertenecer a una organización ilegal.

Esta es la primera vez que una corte vincula de manera oficial a un exmandatario a un proceso penal. Los delitos por los que se investiga a Uribe son fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo.

A juicio del expresidente Uribe, las interceptaciones realizadas a su celular se realizaron de manera ilegal, aunque un día después de su indagatoria aseguró que "no publicaron sino una llamada de las muchas interceptadas. Por fortuna la interceptación me favorecía. Todo lo que yo busqué afanosamente fue la verdad y la defensa de mi honra”.

Otra polémica que existe al respecto del proceso, está en si el abogado Cadena pagó al testigo para que cambiara su opinión. Al respecto, Uribe aseguró que “si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”. A su turno, Cadena sostuvo que en efecto realizó el pago, pero lo hizo en una labor humanitaria.

Por ahora la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Álvaro Fernando García, cuestionó a quienes han puesto en duda la legitimidad del tribunal para juzgar al exmandatario y a quienes señalan que se ha buscado afectarlo con la decisión.

"Frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia", dijo.

Petro

Los procesos contra Petro no han sido pocos luego de su gestión como alcalde de Bogotá. Las demandas en su contra no han parado y ahora, casi ocho años después de su posesión, siguen aflorando.

La última indagación la afronta ante a la Corte Suprema de Justicia que le abrió una investigación preliminar por ordenar la reducción de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá durante su administración.

El encargado de realizar la investigación será el magistrado de la Sala de Instrucción, Héctor Alarcón, quien en enero deberá, luego de terminada la vacancia judicial, practicar pruebas y establecer si el exalcalde violó la ley. Según la denuncia, Petro no tenía competencia para ordenar a través de un decreto la reducción de la tarifa. La Corte asumió la investigación debido al fuero de senador que ostenta.

La Procuraduría ya había investigado a varios exfuncionarios de Transmilenio por dichos hechos. En su momento el Ministerio Público sostuvo que la reducción de tarifas no habría afectado las finanzas de Bogotá, pues la ciudad contaba con los recursos para hacer viable la medida.

En octubre, el Consejo de Estado le mantuvo la investidura a Petro en el legislativo al afirmar, en otro proceso, que no había violado el régimen de inhabilidades tras ser elegido después de que el Estado había sido condenado patrimonialmente por su decisión de poner en funcionamiento el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá.

Mockus

La Sección Quinta del Consejo de Estado en principio anuló la elección del senador Antanas Mockus por supuestamente haber firmado como representante legal de Corpovisionarios un contrato con la Gobernación de Cundinamarca. Según el tribunal el congresista no podía inscribir contratos con el Estado hasta un año antes de su elección para no incurrir en inhabilidad.

Si bien es cierto el Consejo de Estado encontró que fue Samuel Murrain, en su calidad de director ejecutivo de Corpovisionarios, quien firmó los contratos, los magistrados indicaron que esta persona actuó en nombre y representación de quien ostentaba la representación legal de la corporación, es decir el hoy senador Antanas Mockus.

Sin embargo, tras una acción de tutela, la Sección Primera de la misma corporación dejó sin efectos el fallo que declaró nula la elección “al considerar que se había violado el derecho fundamental al debido proceso, dado que se desconoció la prohibición de que un ciudadano sea juzgado dos veces por los mismos hechos”.

Según el fallo de tutela, esta vulneración se materializó porque la sentencia que declaró nula la elección del parlamentario fue emitida antes de que se resolviera la apelación a una sentencia de pérdida de investidura en la que la Sala Plena del Consejo de Estado negó las pretensiones por considerar que el accionado no celebró el contrato y, por lo tanto, no incurrió en la inhabilidad que se le endilgaba.

A juicio de la Sección Primera, para resolver la demanda de nulidad electoral sin violarle el debido proceso a Mockus era necesario que antes la Sala Plena resolviera la apelación contra el fallo de pérdida de investidura.