La última decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la plataforma Uber ha dado mucho de qué hablar. Esta vez los senadores María Fernanda Cabal y Jorge Enrique Robledo se refirieron al tema. Mientras la congresista del Centro Democrátio defiende la regulación, el legislador del Polo Democrático sostiene que es abiertamente ilegal.
Según la senadora Cabal, “evitar las plataformas es igual a decretar la prohibición del uso de teléfonos inteligentes porque afecta los ingresos de los viejos monopolios de telefonía tradicional y volver a cobrar por las aplicaciones de video llamada. Además, resulta ser un claro mensaje de restricción a la libre competencia que es la expresión genuina de la economía de mercado en una democracia liberal”.
Cabal consideró que en Colombia “es el momento de seguir el ejemplo de la provincia de Mendoza en Argentina o el de Ciudad de México, que en vez de actuar en contra de una actividad liberal, decidieron actualizar sus regulaciones y generar un equilibrio en la oferta, en la que todos ganan. La tecnología va de la mano del mercado. Y en Colombia hay suficiente para todos. Y más en pleno gobierno promotor de la Economía Naranja”.
Para la congresista, “enfrentar jurídicamente a plaraformas como Uber, solo detendrá temporalmente un problema que va a seguir sucediendo porque los usuarios van a seguir consumiendo el servicio, a pesar de las sanciones y las restricciones”.
Sin embargo, Robledo indicó que “la SIC explicó que la competencia desleal por la que condenó a Uber consiste en que los taxis amarillos sí cumplen la ley, mientras que los de Uber no. Por cumplir la norma que impone los cupos, un taxi amarillo, que es legal, vale el doble o más que el de Uber, ilegal, pirata. El legal tiene que asegurar a sus pasajeros por accidente, el ilegal no. Al legal el Estado le controla las tarifas, el ilegal abusa a su antojo con ellas. ¿Resultado? Grave crisis entre los propietarios y conductores que sí cumplen la ley porque están perdiendo sus empleos y patrimonios”.
Robledo aseguró que “no es que no se haya legislado sobre Uber. Santos expidió un decreto dándole gusto a lo que la trasnacional presenta como su oferta –plataforma, internet, lujos que no ofrece–, pero Uber lo rechazó. Y lo rechazó porque le tocaba someterse a la ley y eso no le interesa. Uber está feliz compitiendo contra carros legales de servicio público con sus ilegales, a cuyos propietarios además les cobra el muy alto 30,66% del costo de cada carrera, en tanto se burla de los choferes llamándolos ‘socios’. El negocio de Uber –y de sus iguales– no es el transporte ni el internet, es la ilegalidad. Gana plata porque actúa al margen de la ley. Como ocurre con la cocaína, que no sería rentable si fuera legal. Uber es una ‘compañía que instiga a que se rompa la ley’, dijo un tribunal alemán”.