Mientras el representante Navas cree convenientes "las medidas que se intentan adoptar”, para su colega Rojas “es discriminatorio" que sea "solo para los abogados”.

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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate un proyecto de ley que pretende implementar un examen de Estado para quienes aspiren a obtener el título de abogado. Dicho examen estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y sería requisito para la expedición de la tarjeta profesional.

Para el congresista Germán Navas Talero, ponente y uno de los autores de la iniciativa, la   práctica de la profesión de abogado entraña un riesgo social teniendo en cuenta la relación existente con la Justicia y su posible afectación a terceros, lo que implica la responsabilidad del Estado para garantizar la idoneidad de quienes ejercen la misma.

Y es que para el representante Navas “uno de los problemas más graves del país es, precisamente, la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando de las Facultades de Derecho del país. No hay que olvidar que jueces y fiscales también son abogados, y las faltas que estas personas cometen, muchas veces, son ocasionadas por vacíos en su formación”.

De convertirse en ley, para poder ejercer la profesión de abogado, el egresado deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen. La prueba solo aplicaría para quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la norma.

El proyecto además cuenta con el beneplácito del Ministerio de Justicia, que encuentra “conveniente las medidas que se intentan adoptar” con la mencionada iniciativa, para que “todos los ciudadanos que precisen el servicio de un abogado, obtengan un servicio calificado, eficiente y con alta calidad ética”, según el propio jefe de la Cartera, Enrique Gil Botero.  

Los autores de la iniciativa concluyen que el examen se hace necesario debido a que, con fundamento en estadísticas, existe una gran proliferación de abogados y la tasa apunta al crecimiento; todo ello sin ningún tipo de control académico concreto por parte del Estado para garantizar la idoneidad que requeriría dicha profesión respecto a su responsabilidad social.

Por su lado la representante Clara Rojas dijo que no se puede presentar otro requisito más para los egresados de derecho “de hecho yo presente una proposición de archivo, me parece que la Corte ya dijo que cuando se trata de derechos fundamentales no debe ser una ley ordinaria, sino una ley estatutaria”.

“Pero de fondo me parece que es discriminatorio por qué tiene que ser solo para los abogados, entonces es otra traba más para que empiecen a trabajar, porque no para los ingenieros también, o para los médicos, o los mismos periodistas, todos somos profesionales”, indicó. 

Sostuvo además que “lo que pasa es que los abogados ya tienen una carga muy fuerte, los preparatorios, la tesis, el consultorio jurídico, y es que ponerle una carga más para los estudiantes, no sé qué cara harán cuando vena que les van a cargar un examen de este estilo”. 
Concluyó que se le debe dar más fondo más si de verdad se le quiere dar más calidad a los estudiantes.