La Corte Constitucional admitió dos demandas contra la Ley 1943 de 2018, Reforma Tributaria, conocida como Ley de Financiamiento, y con la cual el Gobierno aspira a recaudar cerca de $7 billones para tapar el hueco fiscal.

La Corte acumuló los expedientes D-13171 y D-13179, a cargo del magistrado Carlos Bernal Pulido.

El primero corresponde a la demanda que interpuso el 26 de marzo pasado el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras contra la Ley de Financiamiento por supuestos vicios de constitucionalidad.

El segundo expediente corresponde a la demanda que presentaron el 2 de abril los congresistas Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Wilson Arias, Germán Navas y Jorge Alberto Gómez (todos del Polo Democrático), también por supuestos vicios de constitucionalidad de la misma ley.

“Las dos demandas solicitan la inexequibilidad de la ley demandada en su integridad, por vicios de procedimiento en su formación”, señala la Corte en el auto de admisión de las demandas.

La Corte, sin embargo, formuló algunos reparos a las dos demandas. En la de Vargas Lleras aceptó la demanda frente a los cargos primero (vulneración de los principios de publicidad y de participación democrática) y tercero (falta de votación del título de la ley).

Y de la demanda del Polo aceptó el cargo segundo (vulneración del principio de publicidad).

No obstante, la Corte inadmitió varios de los cargos propuestos en las dos demandas. De la demanda del cargo segundo de la acción del ex vicepresidente (anulación de los efectos de la primera votación de 88 artículos de la ley). Tampoco admitió los cargos primero (vulneración de los principios de consecutividad y democrático); tercero (vulneración del principio de legalidad tributaria), y cuarto (desequilibrio fiscal y difícil cumplimiento de la regla fiscal) de la demanda del Polo Democrático.

Sin embargo, la corporación les dio tres días a los demandantes para corregir esas observaciones en cuanto a los cargos inadmitidos “so pena de rechazo de tales acusaciones”.

Para estudiar los dos expedientes, el magistrado Bernal no solo les pidió a los demandantes corregir los textos de la acusación, sino que les pidió pruebas a las Secretarías de Senado y Cámara con relación a los “antecedentes legislativos” del proyecto respecto de la fecha y hora en que se aprobó la iniciativa en las plenarias de ambas corporaciones.

La Ley de Financiamiento fue aprobada en diciembre pasado en la conciliación que se realizó el último día de sesión es extras el domingo 16 de diciembre de 2018, mientras que la Cámara de Representantes también aprobó la norma como llegó del trámite en el Senado que incluyó incremento de IVA para cervezas y gaseosas; impuesto para las plataformas de webcam e impuesto a la renta para quienes ganen más de $40 millones al mes, entre otros.