Una de las mayores preocupaciones de la Procuraduría General es la relativa a blindar sus facultades para poder investigar y sancionar a los congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, ediles y demás servidores públicos de elección popular, sobre todo tras los condicionamientos que a esta función disciplinaria impone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Precisamente una de las últimas acciones del ya hoy exprocurador general Fernando Carrillo se dio en esta dirección. El pasado 6 de enero radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para ajustar las competencias sancionatorias de la entidad en investigaciones contra servidores públicos de elección popular por casos de corrupción y violación de derechos humanos.

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“La iniciativa acoge un sistema de garantías que en ningún caso debilitará las sanciones expeditas que deberán imponerse a los servidores públicos de elección popular cuando cometan actos de corrupción o incurran en violaciones a los derechos humanos. Un régimen legal que reafirma la tradición jurídica de las altas cortes colombianas y que redundará en actuaciones garantistas, efectivas y contundentes”, aseguró Carrillo al explicar la iniciativa.

Agregó que si el proyecto es aprobado por el Congreso “demostrará que es posible armonizar toda la convencionalidad como sistema integral y avanzar en un camino abierto de interpretaciones sistemáticas y evolutivas de plenas garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y efectivas con las convenciones contra la corrupción”.

¿Qué piensa la nueva titular del Ministerio Público, Margarita Cabello, sobre este delicado asunto? Posesionada el viernes pasado, EL NUEVO SIGLO entrevistó a la alta funcionaria respecto a los fallos y determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que podrían afectar la jurisdicción disciplinaria en Colombia.

EL NUEVO SIGLO:- El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implicaría que la Procuraduría no sancione directamente a los funcionarios elegidos democráticamente ¿Cómo aplicarlo sin quitarle dientes a la acción disciplinaria?

MARGARITA CABELLO:- La Procuraduría sigue con sus facultades intactas. Vamos a trabajar con el Congreso de la República para incorporar los criterios de la Corte IDH pero siempre sobre la base de que los servidores públicos electos popularmente que violen la ley deben tener sanción.

ENS:- En ese mismo campo, el Consejo de Estado ha reversado algunas decisiones de la Procuraduría ¿Cómo evitar ese ‘choque de trenes’?

MC:- Eso se soluciona trabajando con el Congreso de la República para incorporar los criterios de la Corte IDH sin menoscabar la posibilidad de sancionar a los servidores electos en el caso que violen la ley.

ENS:- Se ha dicho que hay temas en los que no hay suficiente delimitación de competencias entre la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ¿Cómo mejorar esa coordinación?

MC:- Vamos a trabajar coordinadamente. El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público, en ese sentido trabajaremos criterios para que podamos actuar en ejercicio de la colaboración armónica y respetando las competencias de cada uno.

ENS:- Por supuesto que los procesos disciplinarios y penales son  diferentes, pero algunas decisiones en uno y otro campo a veces parecen contradictorias ¿Hay forma de solucionar eso?

MC:- Son cosas distintas. Hay comportamientos que son faltas disciplinarias y no son delito, y al contrario. No hay contradicción en la medida en que cumplen funciones diferentes.

ENS:- Los personeros han estado buscando sin éxito el fortalecimiento de esas entidades locales del Ministerio Público ¿Puede la Procuraduría darles una mano para mejorar ese nivel de acción disciplinaria?

MC:- Evaluaremos todo eso siempre pensando en el fortalecimiento del control en beneficio de los ciudadanos.

• Lucha anticorrupción

ENS:- Muchas veces los colombianos han oído que ahora sí se le va a hacer frente a la corrupción ¿Por qué esta vez será verdad?

MC:- La lucha contra la corrupción requiere constancia, compromiso y contundencia, es un trabajo diario que no puede asumirse con desaliento porque ahí nos están ganando los corruptos y eso no se puede permitir. Nosotros asumimos esta misión con ímpetu y sentido del deber y estamos seguros de que vamos a dar resultados ejemplarizantes

ENS:- Se ha criticado su elección por haber sido ministra del presidente Duque ¿Qué puede decir de su independencia?

MC:- La independencia es algo que solo se puede evidenciar con el trabajo independiente del día a día. Mi formación y larga experiencia como Juez plasmó en mi ADN la independencia, la objetividad y el sentido del deber. Así voy a actuar porque no sé actuar de otra manera.

ENS:- En todo caso, pasar de ejecutar acciones del Gobierno a fiscalizarlas disciplinariamente es un salto grande…

MC:- No hay saltos cuando uno tiene sentido de Estado y tiene claro que su comportamiento no lo definen ni sus afectos ni sus animadversiones, sino la Constitución y la ley.

ENS:- Usted fue elegida con meses de anticipación a su posesión. ¿Le tocó ‘morderse la lengua’ para no pronunciarse sobre algunos temas?

MC:- Tenía claro hasta cuando iba el mandato del Procurador Carrillo y cuando empezaba el mío. Esa certeza institucional hace que uno no tenga premura o urgencia por pronunciarse sobre nada que no es de su competencia todavía.

El proyecto radicado

El proyecto presentado por la Procuraduría el pasado 6 de enero acoge lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Igualmente, recogió el exhorto del Consejo de Estado de 2018, que reiteró las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según se explicó, el proyecto establece que sea un juez administrativo quien defina la sanción de destitución e inhabilidad general que en casos de corrupción y violación de derechos humanos imponga la Procuraduría a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales o ediles.

Plantea que las decisiones sancionatorias que resulten de la actuación de la Procuraduría, en el evento que conlleven una destitución e inhabilidad del servidor, tengan un control jurisdiccional automático e integral de legalidad antes de producir efectos jurídicos.

De esa forma, se incluye el principio de jurisdiccionalidad y se da cumplimiento a lo expresado en el fallo de la Corte IDH, lo que afianza la compatibilidad entre el sistema de responsabilidad disciplinaria y la convencionalidad, conformada por los tratados internacionales que acogen las convenciones en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción.

Además, fortalece el sistema de garantías en materia disciplinaria para un adecuado respeto del debido proceso bajo los mismos parámetros del derecho penal, conforme a las reglas establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (arts. 8 y 23).

Las sanciones estarán sujetas a que el fallo quede en firme. El plazo es de dos meses para que el juez administrativo tome una decisión sobre la sanción impuesta por la PGN y tendrá efecto de cosa juzgada.

La iniciativa, explicó el Ministerio Público, contempla que vencido el plazo para proferir un fallo, la autoridad disciplinaria deberá proyectar una decisión en un término máximo de tres meses, de lo contrario se decretará la pérdida de competencia y se reasignará la actuación a otra dependencia. De esa forma, se garantiza el cumplimiento estricto de los términos establecidos en la ley.

También se propone que en los procesos cuya sanción no implique destitución e inhabilidad general, se continuarán aplicando las normas establecidas en la legislación disciplinaria vigente.

La Corte IDH contempló que esta reforma se apruebe en un plazo razonable, por lo tanto, con el régimen de transición que viene aplicando la Procuraduría y la jurisdicción de lo contencioso, se evitan situaciones de impunidad, puntualizó la Procuraduría el pasado 6 de enero.