El proyecto de reforma constitucional presentado por la Contraloría General de la República para reformar el modelo de control fiscal en el país fue aprobado ayer en segundo debate por la plenaria de la Cámara.

Recuperar el control de advertencia y alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público es parte clave de la propuesta.

Para ese fin el texto modifica el Artículo 267 de la Constitución para establecer un sistema de control concomitante y preventivo. De aprobarse definitivamente la reforma constitucional, este sistema preventivo será un complemento del actual control posterior y selectivo. De esta manera, será posible reducir sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones de gestión fiscal.

“El país no aguanta más que la Contraloría llegue a ver las cenizas de lo que muy posiblemente pueda encontrar, de los presuntos robos al erario público, por eso estamos pidiendo que tengamos una función preventiva, concomitante y posterior, para estar en todo momento vigilantes y atentos del recurso de todos los colombianos y superar esa limitante que hoy tenemos, que nos lleva a llegar después de pasados los hechos irregulares”, expresó el contralor Carlos Felipe Córdoba.

“Debemos darle prioridad a la Contraloría para salvaguardar los recursos públicos. El país merece un control fiscal en tiempo real”, explicó Córdoba.

“Buscamos un control preventivo que permita advertir posibles errores en la inversión de los recursos de los colombianos”, planteó ante la plenaria uno de los ponentes del proyecto, el representante por Risaralda, Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, quien alertó que “el control fiscal está perdiendo la batalla contra la corrupción y este proyecto le da más herramientas a la Contraloría General para enfrentarla”.

La plenaria también escuchó al contralor Córdoba argumentar que “buscamos tener herramientas del siglo XXI para afrontar la lucha contra la corrupción”, agregando que “hemos buscado que como Contraloría General tengamos unas funciones jurisdiccionales para avanzar con rapidez en la recuperación de los recursos públicos”.

Córdoba dio a conocer que “las cifras de recuperación de recursos son desastrosas. Solo se recupera el 0,04% de lo que se llevan los corruptos”.

Otro aspecto importante es el de la autonomía financiera, expuesto por Córdoba en términos de que “lo que invirtamos en el control fiscal será los que nosotros veremos en resultados en esta lucha contra la corrupción”.

Sobre este tema, otro de los ponentes, el representante por el Meta, Alejandro Vega, del Partido Liberal, sostuvo que “la Contraloría General necesita recursos para realizar un control fiscal eficiente y efectivo”.

Por otra parte, el representante Vallejo señaló que con “esta nueva arquitectura constitucional dotaremos a las contralorías y al sistema de control fiscal en el país de herramientas que van a permitir de manera efectiva garantizar que los recursos públicos se inviertan para lo que están destinados”.

Proyecto

El proyecto de acto legislativo, que ahora pasa a tercer debate en la Comisión Primera del Senado, es el número 355 de 2019 Cámara, “por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”, radicado el 27 de marzo por el contralor Córdoba para, como lo reiteró ayer en la plenaria, establecer un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, y que le permita a la Contraloría General adelantar actuaciones en tiempo real.

La vigilancia en tiempo real estará sustentada en el uso de tecnología avanzada: big data e inteligencia artificial. En otras palabras, la auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Uno de los aspectos novedosos del proyecto de acto legislativo es la unificación de las competencias de la Contraloría General y las contralorías territoriales. Así mismo, el Contralor General tendrá la función de intervención frente a las contralorías territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las contralorías territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de estas o cuando se requiera apoyo técnico.

El nuevo modelo de control fiscal asigna funciones jurisdiccionales a la Contraloría General para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo, determinando que los créditos derivados de la responsabilidad fiscal deben tener prelación frente a otros acreedores.

Contralorías

Hoy día existen 65 contralorías, sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. Funciona también una Auditoría General de la República encargada de vigilarlas. Esa cantidad genera la sensación de que el control fiscal está desarticulado.

Por eso, el contralor Córdoba considera urgente unificar las competencias de todas esas contralorías, de una manera ordenada y de acuerdo con su respectivo ámbito territorial, sin distinciones sobre el origen de los recursos públicos que deben vigilar.

Adicionalmente, el proyecto le asigna al Contralor General la función de organizar, en coordinación con la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para armonizar y estandarizar la vigilancia de la gestión fiscal y con el fin de formular políticas públicas sobre la materia.