
Después de un diagnóstico presentado por el representante por Bogotá, Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, en el que se evidenció que en el último proceso electoral se presentaron cerca de 8 millones de firmas falsas y que de los apoyos presentados por cada uno de los aspirantes presidenciales en promedio el 50% resultaron inválidos, la Comisión Primera de la Cámara avaló una proposición del congresista conservador para poner en cintura este proceso de participación ciudadana.
EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste la proposición presentada en el proyecto de sanciones a recolectores de firmas?
TELÉSFORO PEDRAZA: Consiste en que un mismo ciudadano no podrá avalar con su firma la inscripción de más de un candidato. Además, el candidato deberá advertir a los ciudadanos que lo apoyen con su firma que no podrán avalar a otro candidato con posterioridad para el mismo proceso electoral, so pena de incurrir en multa económica, y cuando se trate de funcionarios públicos incurrirán en falta disciplinaria.
ENS: ¿No se restringen derechos?
TP: Creo que el país no es que sea reacio, ni mucho menos nosotros, a que se garantice todos los derechos a los ciudadanos que se quieran inscribir por firmas, bien sea a los cargos de elección en el Ejecutivo, a alcaldes, gobernadores, o a la Presidencia.
Lo que viene sucediendo es algo que es muy vergonzoso porque, como lo dije con estadísticas de la Registraduría, se presentaron cerca de 16 millones de firmas, de las cuales apenas se avalaron 8 millones de firmas. Ahí quedaron incluidos todos los aspirantes a la Presidencia. A algunos no les coincidían las firmas, por eso yo presenté esa proposición.
ENS: ¿Qué castigos se proponen?
TP: La razón por la cual no se puede poner a costillas de los colombianos, poner a la Registraduría a que se tenga que pagar la irresponsabilidad de convertir esto en un negocio y no en algo serio.
Usted sí puede como ciudadano avalar una aspiración. Lo que usted no puede con su firma es avalar a dos, tres cuatro o cinco. En ese caso van a tener que ser multados. Y los mismos, los aspirantes que presenten esas firmas.
Aquí hubo gente que presentó cinco millones de firmas y usted comprende que el candidato debe advertirle al ciudadano categóricamente que de aquí para delante solamente se puede avalar a una persona, y si llegan apoyar a varias y la Registraduría lo encuentra, lo sancionará. Y los servidores públicos que incurran en eso será causal de mala conducta.
ENS: Eso va un poco en la línea de poner en cintura los movimientos por firmas…
TP: Sí, así es. En el pasado yo fui de los defensores de la depuración de los partidos, cuando acabamos con esa cantidad de partidos pequeños, y había gente que tenía dos y tres partidos, simple o llanamente porque se presentaban por cantidad de firmas.
Esto no es quitarle el derecho a la gente de que pueda participar, de que pueda expresar una solidaridad. Lo que no se puede convertir a la democracia en que usted le firma a diez personas y usted coloca a todos los colombianos a que tiene que pagar para contratar personal supernumerarios para la verificación de estas firmas.
ENS: ¿Cómo ve usted el final de esta legislatura?
TP: Difícil, como sucede siempre en plena coyuntura de elección presidencial. Y a pesar de eso, la Comisión Primera de la Cámara ha estado funcionando con mucha normalidad y aprobando una serie de iniciativas de diferente índole, incluido la que vamos a tener como la reglamentación de Contralor General y la que vamos a tener para efectos de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la paz, como la creación del Ministerio del Deporte.
Allí hay otras iniciativas con mucha significación y todas serán aprobadas, y en otras, el Congreso prefiere escuchar la posición del próximo Gobierno.
ENS: ¿Y el proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales?
TP: Yo personalmente no soy amigo de eso. Creo en lo que viene haciendo la Fuerza Pública y que esa es la manera de someter, como se debe hacer.
Lo que se debe señalar es que aquí hay Estado. Es la mejor manera. Aquí no se puede seguir diciendo que delinquir paga. El que las hace, ahí sí que pague en un centro carcelario.
ENS: Usted presentó algunas denuncias sobre el ICA…
TP: Se consideran preocupantes los hallazgos encontrados en la respuesta a un derecho de petición sobre contratación y nombramiento de personal. Inconsistencias que posteriormente fueron revalidadas por la Contraloría.
Entre otros aspectos, se encuentran que se celebraron 11.403 contratos de prestación de servicio desde la posesión como director del señor Luis Humberto Martínez, que sumaron un valor de 308.860 millones de pesos, lo que representa un aumento del 22,2 % en la nómina.
Llama la atención, por ejemplo, un contrato de 10,5 millones de pesos mensuales para un asesor jurídico el cual no requirió posgrado, o un profesional en ingeniera con sueldo de más de 8 millones de pesos, sin ningún tipo de experiencia. Además, se evidencian incongruencias en la información reportada por esta institución al sistema nacional de contratación pública, irregularidades en la etapa precontractual, incumplimientos en los requisitos mínimo para contratar y falta de supervisión en los contratos.