Los impedimentos demoraron la votación y la discusión de la reforma a la Justicia, misma que se tratará de sacar en las próximas horas. De esta manera lo explicaron a este medio. Los puntos más polémicos para culminar el trámite lo más pronto posible serán el Tribunal de Aforados y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Precisamente, la noche de este miércolesse conformó una comisión que estudiará las ponencias para proponer votación en bloque de los artículos que no tienen proposiciones.

La comisión, que está integrada entre otros por los senadores Roosvelt Rodríguez (La U), Germán Varón (Cambio Radical), Alexander López (Polo Democrático), Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Carlos Guevara (MIRA) y Paloma Valencia (Centro Democrático), tomará como base la ponencia concertada entre Varón y Valencia.

Según explicó el senador Varón, hay un acuerdo entre las bancadas sobre los artículos que tratan sobre acercar al ciudadano a la justicia, mientras que el Tribunal de Aforados será presentado por el Gobierno y la sustentación de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura la hará la senadora Valencia.

Sobre este último punto, el senador Pinto explicó la resistencia de su bancada a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, señalando que esa “modificación debemos hacerla de manera concertada con la Rama Judicial y aquí no hay ningún proceso de concertación en este proceso de reforma con las cortes”, precisando además, que los liberales están proponiendo concertar ese punto entre Gobierno, Congreso y cortes para presentar un proyecto en marzo.

Sin embargo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “si no se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, la reforma quedaría coja, es decir como una minirreforma”.

Una de las ponencias propone que lo máximo que una persona puede estar detenido, sin que se le haya resuelto su situación jurídica, sea de un año y en casos excepcionales 18 meses, lo que generó la reacción del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien sostuvo que de aprobarse ese artículo se podría producir una excarcelación masiva de detenidos.

Asimismo se propone atribuir, excepcionalmente y mediante una ley, función jurisdiccional en materias precisas a abogados en ejercicio como medida transitoria de cinco años prorrogables con fines de descongestión judicial.

Para adelantar todo esto la plenaria está citada este jueves a las 11 de la mañana.

Contrarreloj

Aunque los senadores creen que aún con el reloj ajustado hay tiempo de sacar la reforma, en los pasillos del Capitolio se comentaba que faltaba más impulso por parte del Gobierno y que las ministras de Justicia, Gloria María Borrero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no se habían sentido en la plenaria.

El vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), se quejó de que “ahora hay una quietud y el número de votos de los senadores es mínimo. Esto se está quedando sin batería. Hoy nada más hay 44 o 45 votos y así es muy difícil sacarla adelante”.

Sobre la demora con los impedimentos, el senador Rodríguez indicó que “casi todos los congresistas tienen alguna investigación en la Corte o en el Consejo de Estado y esta reforma tiene que ver con esos temas”.

Es un proceso: Borrero

La ministra Borrero indicó que la reforma no es solamente un acto legislativo, sino que todo es un proceso que arrancó a finales de los años 80, cuando surgió la necesidad de transformar los poderes judiciales, partiendo de la búsqueda de su independencia y yendo hasta la promoción de su autonomía respecto a las otras ramas del poder público.

Según Borrero, dicho proceso de transformación se inició con la puesta en marcha de la Constitución de 1991, cuando se creó el Consejo Superior de la Judicatura.

“Muy pronto nos dimos cuenta de que el esquema del Consejo Superior tenía defectos”, indicó la Ministra, quien añadió que a partir de la creación de la Ley Estatutaria que dio vida a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, “empezamos a acumular conocimientos respecto a lo que se debe hacer con el órgano de administración y de gobierno de la Rama para su fortalecimiento e independencia”.

Durante un reciente encuentro en el que se analizaron los aspectos más importantes del proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia con una perspectiva académica y ciudadana, la ministra Borrero hizo un llamado a que todos sean responsables de la suerte de la justicia en Colombia, ya que lo que pretende dicha reforma es proteger al ciudadano y al servicio que debe prestar el Estado.

“Necesitamos verdaderos controles para que esto se haga bien y de manera decidida. Estamos abiertos a escuchar todas las propuestas y mejoras para consolidar esta reforma constitucional”, concluyó la alta funcionaria.