La unificación de la jurisprudencia es uno de los puntos del proyecto de reforma a la justicia que tiene mayor apoyo en el Congreso.

Así lo pudo constatar EL NUEVO SIGLO en un sondeo realizado entre algunos senadores conocedores del tema.

Ayer, la iniciativa avanzó en la Comisión Primera del Senado. Cerca de 21 artículos que quedan serán aprobados hoy a partir de la 8 de la mañana.

Lo que queda faltando, según senador Roosvelt Rodríguez, de La U, es la creación del Tribunal de Aforados y los cambios en el gobierno del poder judicial.

Ayer quedó por fuera del articulado la eliminación de las contralorías municipales y departamentales, informó el presidente de la Comisión, Eduardo Enríquez, del Partido Conservador.

Sobre el tema del precedente judicial, la coordinadora de ponentes Paloma Valencia, del Centro Democrático, anotó que “el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Germán Bula, dijo que ellos aceptarían que la ley estatutaria planteara la necesidad de salas accidentales, donde los diferentes magistrados de las altas Cortes se reúnan y concerten la jurisprudencia en una sentencia unificada”.

Explicó, que “lo que vamos a decir es que los jueces en sus diferentes fallos deberán acatar las sentencias de unificación de las altas cortes, según lo defina la ley”.

Durante el debate, el senador caucano Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, tomó la palabra e indicó: “No nos metamos a obligar a que un juez tenga que sentarse con un juez laboral, contencioso, civil o un juez penal”. A su turno, su colega y paisano Termístocles Ortega, de Cambio Radical, estimó que “estos temas ya están en el derecho colombiano. Las providencias de los jueces de unificación son obligatorias. Hoy un juez no puede apartarse de una jurisprudencia de unificación”; y el senador Carlos Guevara, del partido político MIRA, manifestó que ello serviría para descongestionar la justicia: “Es una de las propuestas que trae el proyecto y que enfatizamos nosotros, y es la posibilidad de descongestionar miles de fallos judiciales que ya han tenido un precedente, muchos de ellos en temas de salud. En términos laborales tenemos la reliquidación de un factor salarial, hay precedente y ese precedente puede servir para muchos casos que están solicitando el mismo beneficio”.

Guevara expresó que hay casos que están esperando fallos desde hace seis años y revisando el tema ya existe precedente judicial, “que señala el mismo caso de la materia y debe ser una medida que se tiene que aprobar, descongestionaría fuertemente el sistema judicial”; agregó que lo que se tiene que hacer es evitar el choque de trenes y armonizar las cuestiones judiciales.

La senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade, consideró que “la unificación de la jurisprudencia es necesaria, ya que no existe seguridad jurídica en los fallos. Un juez de una parte, un magistrado de otra, terminan fallando de manera contraria. Entonces, sí es importante la unificación. Pienso que sí es viable en la práctica”, anotando que con ello “damos un paso importante para la seguridad jurídica”.

“La unificación de las diferentes voces de los tribunales y de las cortes debe ir configurándose de manera uniforme sobre los mismos hechos y frente a los mismos supuestos de derecho para que haya seguridad jurídica”, expresó el senador de la Alianza Verde, Iván Name, quien también manifestó, que “en esta reforma a la justicia estamos buscando el mecanismo para que podamos unificar sentencias”.

Justicia en crisis

Para el exministro de Justicia, Jorge Londoño, hoy senador de la Alianza Verde, la unificación “en principio es interesante y es importante porque ello contribuye a la seguridad jurídica por medio de la unificación de la jurisprudencia, pero hay que tener mucho cuidado en que no lleguemos a lo que sucedió en México, que por medio de ese mecanismo se petrificó la creatividad jurisprudencia”.

Por su lado, el también exministro Juan Carlos Esguerra explicó, que “ese es uno de los propósitos que se buscan por medio de la sentencia de unificación, que para ellos son y lo que se trata es que las altas cortes, sus posiciones jurisprudencia, se ajusten y eso no significa que se petrifica la justicia”.

Entre tanto, el jurista Juan Manuel Charry aseguró, que “es cierto que las decisiones judiciales contradictorias son indeseables, que la unificación de la jurisprudencia es indispensable, entre otras, para garantizar la seguridad jurídica. No obstante, ante la existencia de tres tribunales de cierre en sus respectivas jurisdicciones, es inevitable que ocasionalmente surjan contradicciones, con lo cual queda pendiente el debate sobre la unificación de las cortes o el establecimiento de un solo órgano de cierre”.

Por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández manifestó, que “hay consenso en torno a la existencia de una crisis. Preocupa a los colombianos la creciente congestión; la morosidad que, pese al mandato del Artículo 228 de la Constitución -“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”- conduce a decisiones extemporáneas a las que muchas veces se adelanta la muerte del interesado; a lo cual se añaden el excesivo formalismo y la corta visión de muchos jueces sobre el objeto de las normas que aplican”.

Sin embargo, para Hernández el “principal problema de nuestra administración de justicia radica en la equivocada selección de quienes administran la justicia. Aunque hay jueces, fiscales y magistrados probos y bien estructurados, no es la regla general, y en cambio, una perniciosa tendencia a la corrupción se acusa en muchos, por lo general acompañada de una débil formación jurídica. Es decir, ante la deficiente preparación en Derecho, se prefiere –porque no se respetan la ética ni los principios– la vía torcida del soborno, la influencia política, la compra y venta de conciencias y el desvío de los procesos hacia los fines perseguidos por quienes no tienen escrúpulos ni resortes morales”.

“Hoy”, sostuvo, “en no pocos despachos judiciales no valen los argumentos jurídicos ni pesa el material probatorio. Son sustituidos por la apelación a corruptas modalidades seudo-procesales habilidosamente usadas para vencer o neutralizar a la contraparte, o para impedir la correcta aplicación de las leyes, mediante la interpretación malévola de sus mandatos. Y cuando eso ocurre se sacrifica el valor primordial del Derecho: la justicia”.