Debido a una presunta violación del debido proceso, el Tribunal de Cundinamarca revivió las medidas cautelares que había solicitado el senador Gustavo Petro por las sanciones que le impuso la Contraloría Distrital por su presunta responsabilidad fiscal en el detrimento de $217.000 millones por bajar las tarifas de Transmilenio.

Con ponencia del magistrado Óscar Armando Dimaté, el Tribunal Administrativo repuso la providencia del 21 de julio de 2014 “mediante la cual se denegó la solicitud de medida cautelar” presentada por el exmandatario distrital mientras se toma una decisión de fondo en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del fallo de la Contraloría.

Debido a esto se decretó parcialmente “la suspensión provisional de los efectos jurídicos” de los fallos de responsabilidad fiscal emitidos entre enero y octubre de 2016 “en lo que respecta al demandante, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y mientras se resuelve de fondo el presente asunto”.

“La decisión administrativa que declara la responsabilidad fiscal debe fundarse en las pruebas que demuestren la culpabilidad del gestor fiscal, bien con el soporte probatorio que se logre recaudar dentro del proceso administrativo de responsabilidad fiscal. No obstante, en el caso bajo estudio, al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en los actos administrativos demandandos, se le encontró responsable fiscal bajo el título de culpa grave, calificación de culpabilidad que realizó en aplicación extensiva de la presunción legal de culpa grave establecida en la Ley 678 de 2001", señala la decisión.