La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura es otro punto polémico

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Se espera que el martes los congresistas voten el proyecto de reforma a la justicia con toda la calma del mundo, a pesar de que el tiempo apremia.

La controversia se la resumió a EL NUEVO SIGLO el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, señalando que el proyecto “empezó con 29 artículos. Los señores coordinadores de ponencia se pusieron de acuerdo para que el proyecto quede reducido a 12 artículos, quitando dos temas que son cardinales para el Gobierno, que es la creación del órgano de administración de Justicia y el tribunal aforados. Y el proyecto queda debilitado”.

La iniciativa está cursando segundo debate en la plenaria del Senado. Hace poco más de 15 días la Comisión Primera del Senado hundió el Tribunal de Aforados que remplazaría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara (o que la complementaría, según una de las proposiciones).

En ese momento, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, manifestó que el Gobierno esperaba que se reviviera “el tema del juzgamiento de los aforados en el segundo debate. Se negó la proposición que traía la senadora Paloma Valencia y espero que se reviva la propuesta del Gobierno para el debate en plenaria”.

Efectivamente, la senadora Valencia, del Centro Democrático, insistió en su propuesta inicial de quitarle la facultad a la Corte Suprema de Justicia de procesar congresistas y dejarle la tarea al Tribunal de Aforados “que juzgue a magistrados, senadores, Contralor, Procurador, Fiscal y a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. Estamos hablando de todos los aforados y que habría que revisar que queden suficientes casos para que los seis magistrados del Tribunal de Aforados tengan funciones que cumplir”.

El problema con ese tema y con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura es que, como lo planteó el senador Luis Fernando Velasco, del Parrido Liberal, “el Gobierno está insistiendo en unos temas en los cuales muchos consideramos que toca la autonomía de la Rama y lo han planteado como un punto de honor”.

Velasco expresó que este proyecto podría no pasar a tercer debate. “No le veo la posibilidad de votar”, le advirtió a este Medio, agregando que “veo que la reforma a la justicia está hundida”. 

Judicatura

Pero ese pesimismo no es compartido. El presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, le manifestó a este Diario que “vamos a seguir en la discusión. Se ha planteado por parte del Gobierno la eliminación del Consejo de la Judicatura. Estamos en esa discusión. Vamos a continuar en esa discusión”.

Ayer, antes de levantar la sesión, Macías abrió la votación para las proposiciones de la ministra Borrero en las que se incluía la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, pero no alcanzaron la votación requerida y fue cuando levantaron la sesión y convocaron para el martes.

“Algunos senadores sostienen que la Corte Constitucional no permitiría que el Congreso haga ese tipo de modificaciones y yo pienso lo contrario: el Congreso debe ser autónomo y no puede haber interferencias de otro órgano de poder. Tenemos la función de legislar, de hacer las layes, de modificar la Constitución, de manera que no hay nada incontable”, afirmó Macías.

Frente al tiempo apretado, expresó que “no hay ningún problema. Creemos que hay tiempo y hay un ambiente de querer sacar adelante este tipo de proyectos, tanto en el Senado, como en la Cámara”.

El senador Germán Varón, de Cambio Radical, consideró que “sacar una reforma no es fácil. Se han hecho varios intentos, pero lo que sí es evidente es que la forma en que viene funcionando no ha sido adecuada. Lo digo por los niveles de demora en el que el ciudadano tiene respuesta por parte de la Rama”.

“El tema de la justicia, que lo debería manejar el Consejo Superior de la Judicatura, es una responsabilidad que no ha asumido y cuando uno va a preguntar con las ejecuciones presupuestales, se da uno cuenta que no llega a porcentajes serios”, sostuvo.

Varón indicó que el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sistematización. “Yo sí creo que la propuesta que trae el Gobierno es una propuesta absolutamente viable. Es que estamos en el segundo debate, de ocho debates, y lo que me parece ilógico es que se quiera mejorar la justicia con las mismas condiciones”, declaró.

Entre tanto, el senador liberal Miguel Ángel Pinto expuso que su bancada apruébala modificación del Consejo Superior de la Judicatura, “pero hagámoslo conforme a los lineamientos establecidos en la Corte Constitucional. Trabajemos para que se pueda traer un proyecto en marzo que tenga esa disposición y se trabaje con calma. Lo dejamos por fuera del acuerdo y nuestra determinación es que no vamos acompañar esta iniciativa”.

Informe

Se espera que el martes se vote definitivamente el informe de la Comisión Accidental que incluye entre otros puntos el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Sobre eso, el texto dice que el precedente “es de obligatorio cumplimiento para autoridades administrativas. Será de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales, excepto, cuando se hagan explícitas las razones por las cuales se aparten de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y demuestren suficientemente que la interpretación alternativa desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales”.

En cuanto a la experiencia de los magistrados, el informe consagra que los togados deben “haber desempeñado durante 25 años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la experiencia deberá ser afín al área de la magistratura a ejercer”.

“Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de 12 años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso”, agrega el texto propuesto.