El uribismo revivió un debate que se creía que estaba muerto. Se trata del proyecto de crear salas especiales para las Fuerzas Militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La iniciativa que busca crear una sala dentro de la Jurisdicción dedicada a conocer, específicamente, los procesos de miembros de la fuerza pública, con ocasión del conflicto armado, se había hundido por falta de quórum, pero el Centro Democrático logró nueve votos frente a ocho para que se aprobara la proposición con la que termina el informe de ponencia, con lo cual arranca en forma el debate.

La Comisión escuchó a los magistrados de la JEP Camilo Suárez y Pedro Elías Díaz Martínez, quienes insistieron en que hay garantías para militares y policías en esa jurisdicción y advirtieron que de salir aprobada la iniciativa, se podrían frenar los procesos de sometimiento que están haciendo actualmente cerca de 1.200 uniformados.

Por su parte, Lla senadora María Fernanda Cabal cuestionó que "personas que participaron activamente en condenas contra militares hoy sean magistrados" y enfatizó en que "no quisiera que ningún militar cayera bajo sus garras".

"Si este es un país polarizado ideológicamente y un país con una historia de violencia, donde cada cual quiere reescribir la historia a su manera, por qué tuvo que ser tan grosera esa escogencia, por qué dejaron por fuera de la lista a personas que podían ser mucho más idóneas y menos comprometidas con el activismo derecho-humanitario, los defensores de Derechos Humanos que ven solo por el ojo izquierdo", agregó.

Asimismo, el senador Armando Benedetti insistió en que está de acuerdo con la Sala Especial para militares dentro de la JEP porque "el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley de Amnistía e Indulto ya contemplan un trato diferenciado para ellos.Sin embargo, tenemos que replantear lo propuesto frente a quiénes van a componer la nueva sala", dijo. 

Sin embargo, las voces en contra no se hicieron esperar. El senador Rodrigo Lara manifestó su preocupación frente a la propuesta y dijo que esto "puede significar que entre 50 y 60 oficiales de la Policía y las Fuerzas Militares de Colombia terminen con investigaciones abiertas en la Corte Penal Internancional", dijo.