MOE propone que no se elimine para elecciones regionales, pero que sí se disminuya su tiempo para presidenciales y legislativas

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Luego del anuncio del presidente Iván Duque de reformar la Ley de Garantías, varios sectores opinaron a favor de la iniciativa y se mostraron dispuestos a ayudar en su trámite.

Mientras el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, invitó a sus colegas a firmar el martes un proyecto de ley al respecto, “con el fin de que los alcaldes y los gobernadores puedan ejecutar obras y presupuesto en 2019”, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, consideró “la eliminación de la Ley de Garantías” como “necesaria”.

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Julio González, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “ya es hora. La Ley de Garantías fue creada cuando fue la reelección presidencial en su momento con el expresidente Uribe y tenía como fin lograr hacer equilibrio de pesos y contrapesos. Hoy ya no hay reelección y no tiene sentido mantener una Ley de Garantías que obstaculiza la labor Ejecutiva y que de alguna manera frena el desarrollo de los proyectos”.

Concordando con González, gobernador del Huila, el mandatario tolimense Óscar Barreto señaló que la Ley de Garantías “frena bastante los procesos de inversión que se hacen con las alcaldías cofinanciando proyectos. Sería para los procesos electorales, para las presidenciales y para las regionales”.

En igual sentido se manifestó Sorrel Aroca, gobernadora del Putumayo, asegurando que “de manera práctica se resuelve uno de los principales problemas, como las previsiones con convenios por efecto de la Ley de Garantías. Este es un anuncio que vemos con muy buenos ojos, sobre todo los gobernadores y alcaldes del país”.

Precisamente, el director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, le expresó a este Diario, que Duque “sigue demostrando que es un hombre que escucha a los mandatarios locales colombianos. Esa solicitud se la hicimos cuando era candidato y después, ya como Presidente elegido, señaló que revisaría el tema. Y ahora está cumpliendo con la promesa, demostrando coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y eso nos da confianza, tranquilidad, no solamente en las capacidades del Presidente, sino en lo que el Gobierno va a lograr”.

Toro sostuvo que “la Ley de Garantías no controla ninguna posibilidad de destinar recursos públicos a financiar las campañas. Lo que hace es paralizar el desarrollo, el progreso, limita los convenios que tienen que darse en los gobiernos locales para cofinanciar obras importantes para la gente y los grandes beneficiados serán las comunidades”.

“Respaldamos la propuesta porque hace parte de un paquete de reformas estructurales que pusimos a consideración del Gobierno en materia política, administrativa y fiscal. En la Ley de Garantías así como en otras leyes del ámbito administrativo hemos encontrado que son poco eficaces en la lucha contra la corrupción y por el contrario sí se constituyen en un obstáculo para la gestión local. Son leyes que para los funcionarios y los mandatarios que son honestos y que están buscando hacer su tarea bien hecha, en realidad lo que hacen es congelar la gestión”, precisó Toro.

“Adicionalmente”, agregó, “hemos observado que de cuatro años que tienen de gestión los alcaldes y gobernadores en general, un año se va en Ley de Garantías y eso cuando no hay que repetir elecciones territoriales. Eso significa que es la cuarta parte del tiempo de mandato. Y lo problemático es que una de las cosas que congela son los convenios interadministrativos y el problema es que la mayor parte de los recursos de una entidad territorial provienen justamente de la gestión que se realiza con entidades nacionales, porque los que les llegan a través del SGP vienen en un 95% condicionados y lo que llega de regalías es para los proyectos que se aprueban”.

Sí, pero…

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, expresó que es “totalmente pertinente, correcta. Esa Ley de Garantías fue expedida con ocasión de la reelección presidencial y la reelección desapareció como norma constitucional por una reforma de mi autoría. De aquí en adelante el Congreso no tiene herramientas para reformar la Constitución y volver a la reelección presidencial, porque esto quedó en poder del pueblo”.

Enríquez explicó, que para volver a la reelección “se puede hacer solamente si es por iniciativa popular o por medio de una Asamblea Nacional Constituyente”.

No tan entusiasmada se mostró Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien consideró que “reformar la Ley de Garantías para la gobernaciones no creo que se pueda. Poder controlar la contratación de 1.102 municipios, 32 departamentos, más Distrito Capital es una locura. Eso genera clientelismo”.

Sin embargo, aclaró: “¿Dónde es buena la modificación con cierta laxitud en el tiempo? Sería lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales y del Congreso. Lo que podríamos hablar es de una disminución en el tiempo de la entrada de operación de la ley”.