El Gobierno presentaría esta iniciativa el 20 de julio. Asimismo se sabe que la Corte Constitucional analizó varios puntos de la reforma y creen importante fortalecer la Comisión de Acusaciones en lugar de crear un tribunal de aforados.

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El proyecto de reforma a la justicia será radicado ante el Congreso el próximo 20 de julio, indicó el ministro Enrique Gil.

Señala el Ministro que, si bien el compromiso de la reforma será del próximo Presidente, con este documento se sentarán cuatro bases para la reformulación del sistema judicial.

"Desde el año pasado, el Ministerio de Justicia viene recogiendo en todo el país, desde la academia, de los periodistas, de los escenarios políticos, de los ciudadanos, todos los pilares básicos para presentar un proyecto que este Gobierno va a radicar el 20 de julio, para que quede como un insumo. Aunque está sobredimensionado el fenómeno de la crisis de la justicia, queremos dejar unos elementos y estudios muy claros y concretos. El cómo, ya lo determinará el próximo gobierno", indicó Gil.

La semana pasada, cuando el alto funcionario dio apertura a la III Gran Conciliatón Nacional en la ciudad de Santa Marta, recordó que durante el posconflicto la meta del Ministerio es asegurar una justicia pronta y eficaz, especialmente en aquellas zonas históricamente olvidadas por el Estado y la institucionalidad, precisando que la conciliación es un método alternativo de solución de conflictos que promueve el diálogo y resuelve diferencias. Además, previene la violencia, descongestiona los despachos judiciales y contribuye a la convivencia pacífica en los territorios del país.

Cabe recordar que en la Conciliatón de 2017, el Ministerio registró un total de 29.719 solicitudes de conciliación, de las cuales 9.797 se gestionaron de manera exitosa. Es decir, que casi 10.000 conflictos se resolvieron y no pasaron a engrosar el índice de congestión judicial ni el número de casos que terminan con el ejercicio de la justicia tomada por propia mano.

 

Cuatro pilares de la reforma

 

1. Conformación de un nuevo órgano para la investigación y el juzgamiento de magistrados de las Altas Cortes

 

Este tema hace parte de la reforma electoral que actualmente impulsa el Gobierno. El propósito es conservar el antejuicio político, pero fortalecer la etapa de investigación para hacerla más rigurosa y garantista. De este modo, lo que se pretende es que los magistrados puedan ser sujetos de investigación y juzgamiento por un órgano que actúe de manera célere, eficiente y eficaz.

 

2. Rediseño de las facultades electorales de las Altas Cortes

 

El ejercicio de las facultades electorales, en la forma como están diseñadas, ha derivado en la politización de la justicia y además ha impedido que los jueces se dediquen a sus funciones esenciales: administrar justicia.

Por esta razón, a través de esta propuesta, se pretende modificar el funcionamiento de la administración de justicia, hacia una dinámica menos politizada, pero sin alterar el balance de los pesos y contrapesos que soportan el equilibrio de poderes de Estado de Derecho.

Con esta fórmula, los demás magistrados que conforman las Altas Cortes estarán libres del ejercicio de la función electoral y podrán dedicarse a las funciones inherentes a su cargo con tranquilidad.

De igual forma, al reducir el número de personas que participan en la elección, se garantiza que tardará menos tiempo, lo que evitará las situaciones de interinidad que tanto daño le han hecho a instituciones como la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, al incluir al Defensor del Pueblo en el proceso de elección, se busca que las facultades electorales no se concentren únicamente en la Rama Judicial y concurra la participación de un organismo ajeno a las tres ramas del poder público, para garantizar en mayor medida la estabilidad en el andamiaje institucional del Estado y el ejercicio transparente de la elección por parte de las Altas Cortes.

Con esta propuesta, entonces, se mantiene el equilibrio al que aspira la Constitución de 1991, pero se rediseña el procedimiento de elección, para aligerar las cargas que tenían los magistrados de estas corporaciones judiciales y que les impedían dedicarse con tranquilidad a las funciones propias de su cargo.

 

3. Descongestión judicial

 

Los elevados índices de congestión de casi todos los despachos judiciales del país han derivado en la imposibilidad de acceder oportunamente a la administración de justicia, mediante decisiones prontas y ágiles, lo que ha repercutido gravemente en la pérdida de eficacia de los mecanismos judiciales que tienen los ciudadanos para proteger sus derechos, lo que finalmente se ha reflejado en una pérdida paulatina de confianza en el sistema.

Este pilar tiene como propósito garantizar a mediano y largo plazo, un acceso oportuno a la justicia y a la resolución de los conflictos, para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

 

4. Formación integral de los profesionales

 

La crisis de la justicia no sólo es consecuencia de los diseños institucionales, sino también de una profunda crisis ética y académica que abarca todas las profesiones y oficios. Es necesario adoptar medidas para garantizar que los profesionales, y concretamente quienes se desempeñen en la abogacía, serán idóneos no sólo desde el punto de vista técnico, sino también ético y moral, a través del énfasis en la formación ética y humanística.

 

 

 

 

Corte constitucional evaluó puntos de reforma

 

En los retiros espirituales que hizo el tribunal en Paipa, los magistrados analizaron los siguientes temas: funciones electorales de las Altas Cortes. Tribunal de aforados. Gestión de la rama. Creación de una sola Corte. Elección de magistrados del Altas Cortes.  Acción de tutela.  Elección de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Autonomía presupuestal de la Rama.

Se sabe que frente al tribunal de aforados lo que se habló fue de fortalecer la Comisión de Acusaciones.

Sobre la creación de una sola Corte se analizó que ya el Tribunal existía y que era la misma Corte Constitucional, pero antes de emitir un concepto prefieren dejarlo para la determinación del Congreso.

Se decidió presentar una ley estatutaria el 7 de agosto para la elección de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Y se estuvo de acuerdo en la presentación de un examen de Estado para ejercer la profesión de abogado.