La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aclaró que no habrá excarcelaciones, sino medidas de sustitución intramural por prisión domiciliaria o detención domiciliaria transitoria

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EL NUEVO SIGLO: ¿De la agenda legislativa que presentó el Gobierno en materia de justicia se podría decir que en este semestre ya no se puede avanzar por la crisis del coronavirus?

MARGARITA CABELLO BLANCO: Tenemos tres proyectos presentados que iban muy bien: arbitraje, consultorios jurídicos y estábamos listos para llevar a primer debate la ponencia de reforma del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo orientado a disminuir tiempos y acelerar las resoluciones judiciales; para nosotros es importante darle primer debate a este último proyecto. Estamos esperando cómo va a operar el Congreso para determinar si alcanzamos a participar.

Lo que sí quedó suspendido, y también me entristece un poco pero esa es la vida, es la reforma por acto legislativo a la justicia, también el estatuto de conciliación y la reforma a las comisarías de familia para ponerlas más ágiles; eso creo que se nos queda y lo presentaríamos el 20 de julio, si la circunstancia mundial de salud y de Colombia lo permite.

ENS: ¿Qué responde el Gobierno ante las críticas al Decreto de excarcelación de una parte de los internos por prevención al Covid-19?

MCB: En primer lugar, es bueno precisar que es una medida de sustitución intramural por prisión domiciliaria o detención domiciliaria transitoria, no una excarcelación; sabemos que hay críticas y las respetamos; que algunos no van a quedar contentos. Respecto a eso respondemos que el decreto es parte del conjunto de decisiones que hemos tomado para prevenir el contagio en los centros penitenciarios; lo que queremos es proteger la vida de los privados de la libertad. Los que no queden cobijados por la medida y se encuentren en condición de vulnerabilidad serán atendidos de manera especial dentro del lugar de reclusión.

Lo que pretendemos es que junto con otras medidas de sanidad, de seguridad, de comunicaciones y de deshacinamiento que estamos ordenando desde hace rato, este primer Decreto complemente la respuesta a nuestras preocupaciones.

ENS: ¿Cuál es la cárcel con mayor hacinamiento?

MCB: Tenemos problemas de hacinamiento desde principios del siglo pasado, desde 1930; hay unas que están con mayor problemática de hacinamiento que otras, en especial las de la Costa Atlántica, Cali y algunas de Antioquia. Lo que pretendemos en este momento con el decreto es plantear soluciones en salud para proteger la vida de los privados de la libertad; por ello, se prohibieron las visitas a los centros penitenciarios y se reguló la realización de un procedimiento de tamizaje previo para los que necesariamente deban ingresar, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud.

ENS: ¿Los otros decretos para reducir en este momento la población carcelaria se expedirían por la vía ordinaria, teniendo en cuenta que el presidente Duque no prorrogó el estado de emergencia?

MCB: Vamos mirando de qué manera se puede hacer, por vía ordinaria sería muy complicado pero estudiaremos las posibilidades que vayan presentándose frente a esta pandemia. Tenemos declarada la emergencia penitenciaria, así como carcelaria y miraremos hasta dónde se podría actuar. Frente a esta crisis cada día es un nuevo aprendizaje para todos.

Lo que tenemos que tener claro es que no vamos a resolver un problema de 100 años de hacinamiento con una emergencia sanitaria y la crisis mundial que estamos enfrentando, ojalá pudiéramos hacerlo pero ello no es real; hoy en día, es más urgente seguir protegiendo a los privados de la libertad con las medidas que hemos y seguiremos tomando para evitar que entre el Covid-19 a los centros penitenciarios.

ENS: ¿Qué han podido establecer de lo ocurrido en la cárcel de Villavicencio, donde fallecieron dos personas y 15 más fueron contagiadas por coronavirus?

MCB: Con lo ocurrido en Villavicencio hemos estado muy pendientes atendiendo la emergencia con la implementación de todos los protocolos establecidos por el ministerio de salud y la OMS; es el único centro penitenciario donde se ha presentado contagio y el lamentable, el fallecimiento de internos que tenían afectaciones de salud. El primer caso ocurrió al ser trasladado uno de ellos, enfermo y mayor de 60 años, a un centro hospitalario y allí, el compañero de cama murió por coronavirus. Se está trabajando para verificar el origen del vector. La orden de aislamiento para los grupos vulnerables ya estaba operando en todos los establecimientos con anterioridad a lo ocurrido. Se han reforzado las medidas sanitarias establecidas; se realizaron dos desinfecciones químicas, se entregaron elementos biosanitarios que necesitan los guardianes y los privados de la libertad, se intensificó y se están practicando las pruebas correspondientes para determinar la existencia de personas contagiadas. Se ordenó acuartelamiento total del establecimiento con aislamientos por grupos, dejando separados los patios no contagiados.

ENS: En el Congreso se propuso esta semana utilizar algunos de los inmuebles extinguidos al narcotráfico para llevar allí a población vulnerable privada de la libertad, ¿el Gobierno ha pensado en eso?

MCB: En eso venimos trabajando desde que comenzó la problemática del contagio el 12 marzo; el problema es de inmediatez, los dos o tres inmuebles que nos han ofrecido, les hemos hecho rápidamente el análisis estructural y de condiciones físicas para poder realizar los traslados y obtener las condiciones de seguridad requeridas, y no reúnen los elementos básicos para poder hacerles un arreglo rápido y utilizar este tipo de alternativas.

Seguiremos mirando otros posibles que nos ponga a disposición la Sociedad de Activos Especiales; los inmuebles hasta ahora propuestos no tienen instalaciones eléctricas, no tienen conexiones de agua ni tuberías, están demasiado inhabilitados para los fines requeridos y en virtud de la urgencia, no nos sirven. Sin embargo, más adelante podríamos analizar esa posibilidad siempre y cuando reúnan las mínimas condiciones y tengamos los recursos económicos necesarios para volverlos viables.