El Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, presentó la Política Nacional de Drogas 2023- 2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, con la que pretende reducir a casi la mitad la producción de cocaína en el país, afectar las finanzas ilícitas, reducir la deforestación anual y bajar sustancialmente las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En ese orden de ideas, este diario consultó con expertos en el tema su análisis al respecto y los que consideran son puntos débiles y fuertes del plan. 

Eduardo Díaz Uribe, exdirector en el gobierno Santos del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, economista, y exministro de Salud y Educación (e), afirmó que el lanzamiento de la Política corresponde a un cambio de la estrategia que se venía implementando durante el gobierno Duque.

“Lo primero que habría que señalar es que se debe retomar el camino en condiciones distintas. Esto constituye una oportunidad para retomar la senda de la sustitución de la mano de los campesinos, porque el mayor costo que pagó el país por cuenta de la política en contra del Acuerdo de Paz que montó Duque en esta materia fue la pérdida total de confianza con los campesinos y la suspensión de la ejecución del Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, sostuvo. 

“Hay que empujar muy fuertemente la reforma agraria en esos territorios, porque es la base, es decir, la gran dificultad para los proyectos productivos de los campesinos en estos territorios es la ausencia de una claridad sobre la tenencia y la tierra.  En general me parece que es un paso en la dirección correcta”, indicó.

Señaló además que un riesgo que no está incluido en el plan es esperar a ir detrás del ejercicio de la presencia militar. 

“La recuperación de territorios que están claramente afectados y controlados por redes de narcotráfico y traquetos, es necesario hacerla de manera simultánea. No se puede concebir la presencia de lo productivo sin la presencia de la seguridad ni viceversa. Otro riesgo es abandonar los avances que el país hizo en estos temas con el Acuerdo de Paz con las Farc. Es la oportunidad para retomar con vigor este tema y a las 99.000 familias que están involucradas y que fueron abandonadas por el gobierno Duque”, enfatizó.

Riesgo de cambiar el plan 

A su turno, Néstor Rosanía, analista político y director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, advirtió que por ahora se desconoce si la nueva política será de largo plazo o no. 

“En un principio yo creería que no, porque Colombia frente al tema de las drogas tiene políticas de gobierno y no políticas de Estado. Si llega un gobierno de línea de derecha, va a desarmar esta política y en tres años volvemos a arrancar de cero, más en una visión tradicional que ha tenido Colombia en una lucha contra las drogas, que no ha dado resultado. Me parece una buena política en términos de empezar a replantear la estrategia, pero personalmente creo que no se va a mantener en el tiempo”, aseveró el experto. 

Asimismo, señaló que cada vez hay más voces a nivel nacional e internacional que plantean abiertamente que para el número de vidas perdidas y los recursos invertidos, la lucha contra las drogas fracasó.

“Lo más importante para mí y que cambia la mirada frente a todo, fue el pronunciamiento que hizo el funcionario del Departamento de Estado para el hemisferio occidental diciendo que la principal prioridad para los Estados Unidos ya no era la cocaína, sino el fentanilo y eso hace que se tengan que replantear los debates. Seguramente habría una transición de consumo en los Estados Unidos y ese proceso replantearía también escenarios de conflicto en varios países”, sostuvo. 

Finalmente, Daniel Rico, director de C-Análisis, afirmó que es un plan sin sentido de realidad con el territorio y pocas probabilidades de éxito.