Es necesario generar un cambio cultural en el país para eliminar de los hogares el castigo físico o tratos crueles a los niños para reprenderlos, indicó el representante Julián Peinado, coautor de un proyecto que prohíbe esa práctica arraigada en la sociedad colombiana, el cual pasa a sanción presidencial para convertirse en ley.

EL NUEVO SIGLO: Muchos padres de familia ven que con esta disposición el Estado se meterá a decirles cómo educar a sus hijos…

JULIÁN PEINADO RAMÍREZ: El proyecto de ninguna manera pretende una intromisión en los hogares, aquí se respeta el credo religioso, las ideas políticas, los valores que los padres quieren inculcar, aquí lo que se dice es sí a las normas, sí a los límites con respeto, es decir, eliminando el factor violencia dentro del relacionamiento entre padres e hijos.

Estamos en uno de los países con el mayor infortunio para ser niños a causa de la violencia. Los niños que son golpeados, dicen los indicadores, son menores de cinco años y está demostrado científicamente que un niño golpeado tiene dificultades, no solamente emocionales sino físicas en el desarrollo de su corteza cerebral.

Es por eso que después de estudiar y revisar toda la literatura llegamos a esta conclusión, y también lo que queremos es que aquellos padres que no tienen las herramientas que otros sí porque tienen la capacidad económica de acceder a una consulta con un experto en crianza, con un psicólogo, con un psiquiatra, pues se democraticen este tipo de herramientas y bajen a las escuelas de padres.

Lo que pretende el proyecto es darle una orden al Estado de manera transversal para que a través de sus diferentes ministerios, del ICBF, esta información baje a las escuelas de padres y antes de llegarse a una instancia de maltrato, que es lo que queremos prevenir con este proyecto, se premien las relaciones respetuosas eliminando el factor violencia.

ENS: Si ya existe el delito de violencia intrafamiliar, ¿por qué era necesario con esta norma prohibir dicho tipo de castigo físico?

JPR: Si bien es cierto existe la tipificación de la violencia intrafamiliar y el maltrato físico, usted revisa el Código Civil en el artículo 262 y todavía encontrábamos elementos que permitían el castigo de manera moderada, por así decirlo, como método de corrección. Ya la Corte Suprema se había pronunciado, la Corte Constitucional, se había pronunciado el Consejo de Estado, sin embargo, esta norma continuaba en las mismas condiciones, dando justificación a algunos padres para entender que entre los métodos de corrección se podía utilizar la violencia.

Lo que queríamos era acatar las recomendaciones de los diferentes entes internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, que ya nos ordenaba modificar esa norma, y además un tema que era superior a eso y era la estrategia pedagógica, y es que el Estado empiece a brindar este tipo de herramientas y acompañe a los padres de familia de manera preventiva.

ENS: ¿Durante el trámite del proyecto se propusieron sanciones por el incumplimiento de la norma?

JPR: En ningún momento el proyecto ha pretendido ser sancionatorio, las herramientas punitivas ya existen en el Código Penal, ya los médicos legistas tienen la forma de sancionar el maltrato físico, aquí lo que queremos generar es una transformación cultural.

Es cierto, creo, que esto le va a dar herramientas a las comisarías y también a los jueces en materia de interpretación de muchos asuntos que se quedan en el limbo porque existía un vacío jurídico porque no es posible establecer si la palmada se puede dar pasito o duro.

Cuando empezamos a revisar eso encontramos que la profundidad más allá de la sanción era la transformación a través de la pedagogía y de la democratización de esas herramientas de solución de conflictos entre padres e hijos.

ENS: ¿Cómo hacer que la estrategia pedagógica que establece el proyecto no termine siendo letra muerta?

JPR: La ley en su artículo 5° ordena al Estado que debe hacer este tipo de trabajos pedagógicos, hoy ya vemos municipios que han iniciado con planes pilotos como Envigado, sin ser obligación, y hemos visto como la Primera Dama ha venido implementando estos talleres en las escuelas de padres que ya se crearon. Ya hay una primera instancia que va a permitir este trato y estas técnicas, y hay unos avances importantes del ICBF, y además hay una orden perentoria para el Ministerio de Justicia para que a través de la política criminal, que es la que define todos los mecanismos de prevención del delito, empieza a actuar.