Con una audiencia pública que se realizará hoy, la Comisión Primera de la Cámara iniciará el trámite del proyecto por el cual se modifica la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que en la práctica es el último chance que se tiene en el actual Gobierno (que finaliza en agosto de 2022) de hacer una reforma a la rama. Es por ello que esta es una de las 19 iniciativas que priorizó el Ejecutivo Nacional en la agenda legislativa de este año.
El presidente Duque quiso hacer en las primeras de cambio de su Gobierno una reforma de fondo a la justicia, sin embargo en diciembre de 2018 se hundió por falta de trámite, por lo cual algunos parlamentarios culparon a la entonces ministra Gloria Borrero, una persona con gran fondo en la materia, pero sin experiencia política necesaria para desenvolverse con propiedad en el Congreso.
En esa oportunidad el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, expresó "me parece que le faltó al Gobierno coordinar con todas las bancadas esta reforma a la Justicia, y hubo falta de socialización con todas las bancadas. Pero le faltó manejo a la Ministra de Justicia y hay que seguir adelante. Tiene que, nuevamente, presentarla el Gobierno. Esperemos que la próxima reforma que vayan a presentar sea más sólida".
En tanto que al gobierno Santos se le quemó esta reforma en la puerta del horno, pues logró que el Congreso la aprobara en sus ocho debates, sin embargo al momento que el entonces mandatario iba a promulgar el respectivo acto legislativo, se abstuvo de hacerlo porque fue alertado que en la conciliación del proyecto algunos parlamentarios incluyeron disposiciones que no se debatieron.
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Una historia parecida ha ocurrido en anteriores gobiernos y congresos con una esquiva reforma a la justicia, que por su calibre y los intereses que toca es improbable que sea aprobada si no hay consenso de los tres poderes público: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Si bien el proyecto que el día de hoy inicia debate no tiene los alcances de la gran reforma a la justicia que se han planteado en anteriores oportunidades con el objetivo de robustecerla en el marco de su independencia, hacerla más efectiva y acercarla al ciudadano, entre otras, en esta ocasión se espera al menos actualizar la Ley Estatutaria que data de 1996, la Ley 270, pues aunque ha tenido ajustes puntuales, principalmente en la Ley 1285 de 2009, desde hace más de veinte años no ha tenido modificaciones de manera integral.
Se trata de tres iniciativas diferentes de reforma y que fueron acumuladas para su trámite: proyecto No. 295 de 2020 Cámara, de autoría del Consejo Superior de la Judicatura presentado por la presidenta Diana Alexandra Remolina Botía; proyecto No. 430 de 2020 Cámara, de origen parlamentario; y proyecto No.468 de 2020 Cámara, presentado por el ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela.
El proyecto
La iniciativa que se puso a consideración del Congreso de la República toca algunos temas planteados en los 11 proyectos archivados por tránsito de legislatura, pero tiene una pretensión más amplia, en tanto que busca actualizar la regulación existente en la ley sobre el gobierno y gerencia de la Rama Judicial, los procesos de elección de las altas magistraturas, la carrera judicial, la ética y disciplina judicial, a la luz de las experiencias y discusiones que se han producido en estas más de dos décadas de vigencia de la ley estatutaria.
Asimismo, busca regular nuevos aspectos de la administración de justicia para brindar más seguridad jurídica y acceso a los ciudadanos; se ocupa de temas como los modelos de justicia local y rural, iniciativa formulada por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el precedente judicial, la justicia digital y el acceso a la justicia para la población vulnerable, que ha sido una necesidad por mucho tiempo, y cuyas carencias hizo evidente la pandemia del covid-19.