Según el Presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos Sánchez, la normatividad es laxa porque permite elegir personas cuestionadas.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su opinión de que algunos alcaldes y gobernadores se posesionaron en días pasados, a pesar de que tienen investigaciones penales, disciplinarias o fiscales abiertas?
PABLO BUSTOS SÁNCHEZ: Creo que hay una abierta inconsistencia entre la política pública nacional, estatal, sobre el tema anticorrupción y las medidas laxas que han permitido que no solamente personas cuestionadas sino con medida de aseguramiento se hayan inclusive posesionado.
Estamos frente a la necesidad de hacer más estricta la normatividad, no solamente en las inhabilidades e incompatibilidades sino también las causales de inelegibilidad y las causales legales que especifiquen las condiciones en las cuales no pueda ser posesionado un mandatario. Sin perjuicio, claro, de la presunción de inocencia y del debido proceso, que no puedan quienes tengan una medida de esta naturaleza o una similar, sea de orden fiscal o disciplinario, posesionarse como mandatario porque lo peor que le pasa al país es que terminan estos mandatarios usando el erario público, la contratación, las cuotas burocráticas, el esquema de la gestión pública como un escudo donde se usa todo tipo de armas y se pone al servicio de esa defensa individual toda la administración y la gestión pública.
Es un escenario en donde la laxitud de esos mecanismos y la permisividad está permitiendo que se avance en la imposición en la administración pública de figuras públicamente cuestionadas y sobre todo con serios cuestionamientos y medidas que les deberían impedir la posesión, por lo menos hasta tanto se defina el asunto de la elegibilidad o lo de la causal.
Sería importante pensar que quienes tuvieran ese tipo de cuestionamiento, pues quien le siguió en la votación o buscamos un mecanismo de una vicealcaldía o de un vicegobernador que fuera elegido popularmente también, de forma tal que quien esté segundo pueda acceder a la curul o al cargo sin necesidad de entrar en nuevos debates electorales, pero sí por lo menos en superar los escollos en materia de falta de transparencia y en algunos casos de corrupción por parte de mandatarios locales muy cuestionados.
ENS: ¿Cómo se haría para que no choque la vicealcaldía o el vicegobernador con la presunción de inocencia de la persona elegida?
PBS: Pensamos que es posible incluir en la elección popular para corporaciones públicas que quien estuviera siguiente en la lista se posesionara mientras se dirimen plenamente los señalamientos que pueda tener la persona elegida, y que se acudiera a mecanismos más expeditos para resolver la situación jurídica de quienes están sub júdice por cuenta de denuncias de corrupción.
Qué ojalá fueran las que se dieran antes de su inscripción para que no fuera solamente una retaliación política presentar denuncias para terminar privándolos de la libertad o excluyéndolos del escenario político electoral, simplemente por la manipulación de los órganos de control o de justicia.
Pero a su vez también para los gobernadores y alcaldes, creo que debería haber la fórmula del vicegobernador o del vicealcalde, y fueran personas que aun en el caso de que fueran electas y después incurrieran en irregularidades, en lugar de gastar grandes sumas de dinero en cada elección para remplazarlos cuando se da dentro del primer año, simplemente accediera esa persona a remplazarlo en las faltas absolutas y temporales, con la certeza de que la ciudadanía ya los habría conocido y elegido con anterioridad, de forma tal que no hubiera esos traumatismos tan grandes que se dan por vía de denuncias y hechos de corrupción que se dan eventualmente en las elecciones regionales y locales.
ENS: ¿Fracasó el aplicativo Cuentas Claras, pues el 86% de los más de 116 mil candidatos en las pasadas alecciones no reportó ingresos y gastos de campaña?
PBS: Es un mecanismo importante pero le faltaron dientes, es decir, le faltó un mecanismo de coercibilidad jurídica que, por ejemplo, hiciera que quienes no presentaran sus cuentas en la debida oportunidad no pudieran posesionarse, y que fuera llamado el segundo o uno más en las listas para cuerpos colegiados.
En el caso de elección popular es más grave todavía para gobernadores y alcaldes por cuanto se trata de manejo de recursos públicos como gestor, y por tanto es mucha más delicada la incidencia de esa ausencia de información deliberada, razón por la cual creemos que a futuro en una reforma electoral debe incluirse que quien no presente sus cuentas, no basta con presentarlas sino además que sean aceptadas antes de su elección, validadas por el Consejo Nacional Electoral y las autoridades respectivas, pues no pudiera posesionarse.
Hasta ahora estamos en medidas puramente simbólicas de un valor ético pero de indudable muy precario valor jurídico.