El próximo año se realizarán elecciones territoriales y no hay indicios que indiquen siquiera la posibilidad de la adopción, así sea parcial, de esta tecnología ordenada por ley en aras de más transparencia

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Las denuncias que se hicieron en las elecciones legislativas en marzo pasado sobre presuntas irregularidades y que también hubo en la jornada de las presidenciales el pasado domingo han hecho que muchos pregunten por qué se sigue posponiendo la implementación del voto electrónico a pesar de que según la Ley 892 de 2004 debió instaurarse en el país antes del 2009 y adicionalmente la Ley 1475 de 2011 reitera dicha obligación y dispone que “en ningún caso el término excederá su plena implementación más allá de las elecciones para Congreso que se realizarán en el año 2014”.

No obstante la realidad es que al día de hoy casi nada se ha avanzado para implementar el voto electrónico: no se ha escogido el tipo de tecnología que mejor calza a las necesidades del país, no se ha definido si remplazará al sistema manual o será mixto y, lo más preocupante, no hay una meta con la fecha para que entre parcial o totalmente en operación.

Pocos días antes de la primera vuelta para jefatura de Estado el candidato Gustavo Petro alertó que podría presentarse fraude porque según dijo el software que usa la Registraduría podría sufrir “alteraciones” en sus algoritmos que no fueron revisados por las autoridades colombianas ni por una comisión de expertos de la Unión Europea que estaba lista para llevar a cabo el procedimiento.

Frente a lo cual la Registraduría explicó en esa oportunidad que la misión de expertos electorales de la Unión Europea se encontraba trabajando en Colombia desde el pasado 4 de mayo, “fecha a partir de la cual sostuvo jornadas de trabajo con el Registrador Nacional del Estado Civil y con las áreas técnicas de electoral e informática de la entidad”.

Explicó el organismo también que la delegación de expertos de la Unión Europea participó en las pruebas hechas al software de preconteo, junto con los auditores de sistemas de todos los partidos y movimientos políticos que aspiran a la presidencia así como ingenieros de sistemas de la Procuraduría y de la MOE.

Las afirmaciones de Petro le trajeron críticas de los demás candidatos y del propio presidente Juan Manuel Santos, quien trinó “la extrema izquierda está como la extrema derecha: inventan fraudes donde no existen. Estas serán las elecciones presidenciales más seguras, más transparentes y con mayores garantías de la historia de Colombia”.

No obstante el pasado domingo, tras Petro conocer que alcanzó la segunda votación, y que por ello estará en segunda vuelta con Duque, dijo en un discurso que “llegamos al final con unos resultados concretos que coinciden con los de la Registraduría y los datos de la auditoría”.

El fantasma de la supuesta manipulación de los resultados volvió a aparecer esta semana tras los comicios presidenciales del pasado domingo, por las denuncias de ciudadanos en las redes sociales acompañadas de fotografías de formularios E-14 (acta del conteo de mesa) donde se ven tachones y enmendaduras en la votación registrada de los candidatos.

Sobre el particular el registrador Juan Carlos Galindo explicó que se trató de errores de los jurados de mesa y que ello no se puede interpretar como fraude. “¿Una equivocación de un jurado es fraude? No. Puede haber tachaduras y enmendaduras porque ellos se pueden equivocar al hacer el conteo”, dijo.

El pasado jueves la Misión de Observación Electoral presentó su balance final sobre lo observado en la primera vuelta presidencial y sobre el proceso de revisión de escrutinios. Detectó anomalías en las cifras de votación de 363 Formularios de Delegados E-14, equivalentes al 2,8 por ciento de los 13.135 formularios analizados (13 por ciento del total de mesas de votación).

Esta ONG concluyó en su informe que “la muestra de 13.135 formularios E-14 contempla una votación de 3.618.772 sufragios registrados el pasado 27 de mayo. Es decir que las 12.522 aparentes variaciones anómalas representan el 0,35 por ciento de los votos. Si se considera que la muestra es representativa, esto significa que tras observar los Formularios E14 de Delegados, en la votación de 19,6 millones de sufragios registrada el pasado domingo podría haber anomalías equivalentes a casi 70.000 votos”.

En tanto que el mismo jueves el fiscal Néstor Martínez dijo, haciendo referencia a la fábrica de compra de votos que encontraron en Barranquilla en la sede política de la senadora electa Aida Merlano, en prisión investigada por estos hechos, que “el país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino después de segunda vuelta, para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda”.

Qué se ha hecho

Con el propósito de materializar el voto electrónico en Colombia la Ley 1475 estableció que “el Gobierno priorizará a través de los mecanismos presupuestales que corresponda la destinación de los recursos necesarios para el cumplimiento”.

Incluso esta norma creó la Comisión Asesora para la Incorporación del Voto Electrónico, la cual está integrada por el Registrador Nacional del Estado Civil, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de las Tecnologías de la Información, el Director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral y un delegado de cada partido o movimiento político con personería jurídica.

El 14 de marzo de 2012 dicha Comisión se reunió por primera vez y de ahí en adelante se ha seguido convocando, aunque no con la periodicidad que la ley establece, cuando menos dos veces al mes.

En estos seis años las discusiones se han venido dando sobre la tecnología más adecuada para el país, incluso se han recibido propuestas de firmas internacionales especializadas en voto electrónico; también se ha comparado las experiencias que han tenido otros países con este sistema y se han diseñado pruebas piloto, las cuales se han quedado en el papel por falta de presupuesto.

En enero pasado, el registrador Galindo Vácha le dijo a EL NUEVO SIGLO que “recordemos que si bien la ley definió que debía implantarse para el año 2014 el voto electrónico, hemos venido trabajando en el diseño de un plan piloto para seleccionar tecnologías en ese propósito. Eso lo diseñamos para el 2016 e implementarse a partir de ese momento, pero no contamos con los recursos del Ministerio de Hacienda, que ascendían en ese momento a 36.000 millones de pesos. Como no contamos con ese dinero, no pudimos llevar a cabo esos planes pilotos para definir los diferentes tipos de tecnología y, obviamente, eso no se va a ver reflejado en el 2018”.

Que sea gradual

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la Comisión Asesora para la Incorporación del Voto Electrónico “se ha reunido pero rutinariamente, porque llegamos a un punto en donde las decisiones son presupuestales, no se ha podido  hacer el quórum, de tal manera que desafortunadamente no ha avanzado mucho en la Organización Electoral. El Registrador pues tiene una posición contraria al  voto electrónico”.

El magistrado considera que “no hay voluntad política para implementar el voto electrónico. Creo que el tema de los recursos se podría resolver si se implementa ese sistema de forma gradual”.