La ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, que fue radicada el viernes y será debatida por separado en las plenarias del Senado y la Cámara durante esta semana, ha generado diferentes reacciones. Mientras la directora del Departamento Nacional de Desarrollo, Gloria Alonso, destacó el proyecto y dijo que espera su aprobación, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, criticó duramente el articulado y señaló que prefiere su hundimiento.

Alonso destacó el proceso de discusión previo a la presentación de los 349 artículos y señaló que “este Gobierno dialoga, en esa línea se ha construido el Plan”. Señaló que han sido “más de tres meses de seguimiento con los estudiantes y maestros para que sus peticiones fueran visibilizadas”.

“Este es un pacto por Colombia, por la equidad y en consecuencia le apuesta a la reducción de la desigualdad, con acceso por ejemplo a la educación, a la salud, a la generación de empleo y de emprendimiento”, manifestó.

En relación con las críticas relacionadas con el aumento del arancel para los textiles, señaló que “a los productores locales se les protegerá su producción con el arancel de las importaciones de prendas de vestir”.

Sobre las protestas que se desarrollaron la semana anterior en rechazo al proyecto, afirmó que “la Constitución permite el derecho a la protesta, pero como tenemos derechos, tenemos deberes. Acá es importante entender eso. El Plan acató todas las sugerencias de los estudiantes, de los indígenas, de las comunidades étnicas, de los sectores productivos”.

Agregó que es una tarea del Congreso discutir y priorizar las demandas de los diferentes sectores de la sociedad civil.

En contravía, Mac Master manifestó su descontento con la ponencia y señaló que “hubiera preferido que se hubiera hundido en primer debate”.

Mac Master criticó nuevamente el capítulo de la iniciativa dedicado a Electricaribe y señaló que la fórmula de financiación que estipula la creación de una sobretasa nacional de energía para salvar la compañía “no es la más adecuada en la medida en que la fórmula al aumentar los costos de la energía afectaría los gastos de los hogares, hoteles, restaurantes, el comercio y por supuesto también la industria” y significaría un costo adicional de $206.000 millones anuales.

El dirigente gremial reiteró que una alternativa frente a esta medida sería analizar si una sobretasa “existente, que se paga actualmente y que contempla el pago de $21 por kilovatio”, pueda “cambiar su destino, dándole prioridad a Electricaribe, sobre los destinos actualmente determinados”. Destacó que esta es “una alternativa que ojalá le suene al Gobierno”.