Los resultados de la cruzada anticorrupción que han adelantado por varias semanas la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría sobre los recursos para atender la emergencia sanitaria fue informada por los jefes de esas carteras que crearon un equipo élite para combatir la corrupción que pudiera presentarse con los contratos que pueden suscribir, de manera directa, gobernadores y alcaldes para enfrentar el Covid-19.
El procurador Fernando Carrillo enfatizó que "hemos vivido una avalancha de corrupción en las últimas semanas por cuenta de la mala utilización para combatir el virus" y que ha la fecha han registrado 5.500 contratos por más de un billón de pesos.
A la fecha, dijo, los grandes montos de dinero que se han transferido para atender la emergencia sanitaria están también bajo la lupa de la Contraloría general de la República.
Sin embargo, ante la sospecha de irregularidades en la contratación y en la entrega de ayudas a las familias más vulnerables, la Procuraduría procedió a la apertura de 296 procesos disciplinarios, de los cuales 24 son a 14 gobernaciones del país.
En una primera medida, el Jefe del Ministerio Público dijo que se decidió suspender, por tres meses, en el ejercicio del cargo al mandatario del Chocó, Ariel Palacio, quien suscribió un contrato con una Fundación cuyo objeto social no está relacionado con alguna de las medidas para enfrentar la pandemia.
"No solo pedimos la apertura de la investigación, y la suspensión del contrato, sino que decidimos suspender al gobernador del Chocó, de manera preventiva, y solicitó suspensión del contrato 0198 de 2020 con la Fundación Chocó Saludable, por más de $2.000 millones de pesos, debido a supuestas faltas disciplinarias”, dijo el Procurador Carrillo.
Agregó que actualmente se tiene bajo la mira contratos que han firmado los gobernadores de Arauca, Facundo Castillo Cisneros; Cesar, Luis Alberto Monsalve; Tolima, Ricardo Orozco, San Andrés, Everth Hawkins; Magdalena, Carlos Caicedo y Vichada, Álvaro León.
Los contratos por los que son investigados están relacionados con la compra de alimentos con sobrecostos, como la de latas de atún a $20.000 o pagos a entidades que ninguna actividad desempeñan para gestionar ayudas o alimentos para personas vulnerables.
En concreto, el Ministerio Público adelanta 40 procesos por presuntas irregularidades en contratación, 28 por sobrecostos en adquisición de mercados, 6 por sobreprecios en compra de elementos de protección y 9 por transgresión al aislamiento obligatorio
El Procurador informó de la misma manera que para contar con el apoyo de ciudadanía, esta podrá hacer denuncias de corrupción en la aplicación 'Estás pillado'.
Por su parte, Carlos Felipe Córdoba, Contralor general de la República, informó que se han abierto 27 indagaciones preliminares en las gobernaciones de: Nariño, Guaviare, Vichada, Tolima, Valle del Cauca y Cesar, además de la investigación al Ministerio de Defensa y la Armada Nacional por los sobrecostos en la compra de tapabocas por 1.269 millones de pesos.
Explicó que, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo a su cargo un proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones de pesos contra el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, su Secretario de Gobierno y su Secretario de Desarrollo Social, así como el Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y la firma contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria Covid-19.
El organismo de control estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato. Se encontraron pressobrecostos en productos como: sal (145%), (panela 206%) y pasta (211%).
Evidenció la Contraloría falta de planeación en esta contratación por $4.463 millones: no están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista (tampoco están soportados).
Para la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, la Gobernación de Arauca no expuso la forma como se determinó el valor final de los kits, dado que las cotizaciones no cumplen con las formalidades que permitan identificar el eventual proveedor y, a su vez, se indica que el valor del contrato recogía lo relacionado a la operación en la entrega de los kits, sin que esto estuviera técnicamente establecido o calculado, por lo que la determinación de un valor final del kit multiplicado por el número total de los mismos conllevó a que se sobre costearan sin justificación los ítems alimenticios y los costos indirectos de logística o entrega.
Otras investigaciones
Este cuerpo élite de estos organismos de control, también llamados 'ìas' también anunció las siguientes investigaciones:
Ministerio de Defensa Nacional: Presuntos sobrecostos de aproximadamente $1.269 millones en el contrato 0047-ARC-CBN6-2020 del 8 de abril de 2020 suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá con MEDIVALLE SF SAS, para la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del COVID-19.
Secretaría de Salud Bogotá D.C. Presuntos sobrecostos de aproximadamente $300 millones en el contrato 4531 de 2020 del 30 de marzo de 2020 suscrito entre la Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente ESE de Bogotá D.C. y MEDICOX LTDA, para el suministro de insumos y dispositivos medico quirúrgicos (tapabocas N95), para dar respuesta a la urgencia intensificada por el nuevo virus respiratorio COVID- 19 para las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente - ESE Bogotá.
Municipio de Medellín – Secretaría de Educación. Presuntos sobrecostos aproximados de $583 millones teniendo en cuenta los precios de referencia del DANE, en el contrato 4600085448 de 2020 del 20 marzo de 2020 suscrito por el municipio de Medellín con la CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA, para el Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el período de calamidad pública para garantizar su seguridad alimentaria.
Finalmente, el fiscal general, Francisco Barbosa, destacó la acción colectiva por parte de las tres entidades para evitar presuntos desfalcos a las arcas de la nación y la resumió así: revisión a 909 contratos relacionados con la pandemia por Covid-19, además se iniciaron cinco indagaciones en contra de los gobernadores de Arauca (2 casos), Magdalena, San Andrés y Vichada.
De la misma manera agregó que hay 38 casos en indagación preliminar contra 41 funcionarios en 41 municipios de los departamentos de Atlántico, Guajira, Cesar, Valle, Cundinamarca, Quindio, Santander y Nariño.
"Tenemos dos indagaciones abiertas de entidades del orden nacional: el Departamento Nacional de Planeación y Finagro", dijo Barbosa.