El proyecto pasó, pero con reparos de los verdes. Se espera que en las plenarias se resuelvan todas las dudas

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Fue aprobada este martes, en primer y tercer debate simultáneo, una de las iniciativas concertadas entre el Gobierno y todas las bancadas en las mesas técnicas anticorrupción, aunque algunos críticos señalan que se le removió su “columna vertebral”.

El proyecto de ley que establece mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de juntas administradoras locales fue discutido con mensaje de urgencia por las comisiones primeras conjuntas.

El articulado, que ahora pasa a las plenarias de Senado y Cámara, que le darán por aparte segundo y cuatro debates, pretende que todos los congresistas remitan a la Secretaría General un informe de gestión cada año en el que detallen las actividades que realizaron.

Obligados a informar

“Este informe deberá ser presentado a más tardar 45 días después de terminar cada legislatura”, precisa el texto.

Dicho informe debe detallar a qué comisión pertenece, la asistencia que tuvo, los impedimentos y recusaciones que presentó, las proposiciones, los proyectos que radicó, las ponencias presentadas, las citaciones a debates de control político y los permisos que solicitó. El informe deberá ser actualizado por los secretarios de ambas corporaciones.

Además, los parlamentarios deberán registrar los viajes internacionales realizados en calidad de congresistas, “sobre los cuales deberá consignarse la agenda, invitación o motivo del viaje, fuente de financiación, duración del viaje y un informe de resultados; junto a una relación detallada de los votos emitidos para la elección de servidores públicos que incluya sentido del voto, cargo y fecha, a menos que se trate de una votación secreta, en cuyo caso se deberá informar sobre la asistencia del congresista a la votación o la razón para su inasistencia”.

Ese informe también deberá tener las “citas y reuniones desarrolladas con funcionarios públicos o representantes de intereses particulares que tengan por objetivo la gestión de intereses públicos, la relación individualizada de los asistentes o personas presentes en la respectiva cita, el lugar y fecha de su realización y la materia tratada y una relación de las partidas e inversiones que se hayan gestionado mediante audiencias públicas de priorización de presupuestos, reuniones o proyectos. En dichos registros se deberá indicar, en particular, las actividades desarrolladas para gestionar dichas partidas”.

Plena transparencia

El Representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, destacó la aprobación y calificó la iniciativa como “una iniciativa del presidente Duque junto a otras bancadas de gobierno. Quieren que exista plena transparencia en el Congreso de la República, por eso quieren que exista la obligación para que se publique todo el informe de gestión y de esta manera rendirles cuentas a los ciudadanos”.

A su turno, el senador Santiago Valencia, también del Centro Democrático, sostuvo que “el acuerdo que se logró fue retirar la obligatoriedad para publicar la agenda de los congresistas y aquellas gestiones de recursos públicos, por lo que buscaremos otra redacción para mantener el corazón del proyecto. Así como está redactado este proyecto sirve para que la ciudadanía conozca de primera mano todas las actividades de los congresistas: cómo votan, si están asistiendo, si se presentan, cuáles debates de control político realizaron, para que los colombianos sepan si los estamos representando bien o no”.

La información se publicará “a través de un portal y tendrá que existir un formato especial para que tanto la plenaria de Cámara como de Senado puedan tener los informes de gestión de cada uno de los senadores y Representantes que participan en el Congreso”.

Durante la discusión del proyecto se dio una polémica sobre la rendición de cuentas de los miembros de juntas administradoras locales (JAL) pues, mientras los de Bogotá cuentan con una infraestructura compuesta por secretarios y asesores aquellos que viven en los municipios más alejados del país, no la tienen. Por eso se espera que, en las plenarias, se corrija el tiempo para la rendición de cuentas de los miembros de las JAL.

“Sin alma”

Cuando terminó la sesión conjunta, las congresistas vedes Juanita Goebertus y Angélica Lozano celebraron la aprobación de la iniciativa, pero advirtieron que al proyecto “se le había quitado el alma”.

“Quedamos muy preocupados desde el partido verde porque se anuncia un acuerdo entre el Gobierno y Cambio Radical en donde eliminaría tres numerales que obligan a publicar la agenda, publicar las partidas presupuestales y los votos en cada una de las decisiones del Congreso”, dijo Goebertus, Representante por Bogotá.

La senadora Lozano sostuvo que la Alianza Verde tiene prendidas las alarmas acerca de que “a este proyecto se le pueda quitar el alma”.

Sin embargo, el senador Valencia reiteró que este proyecto es muy importante para el país y “hace parte de la agenda anticorrupción del Gobierno y de los partidos” y que en consecuencia buscará “una mejor redacción al Congreso para que entiendan que no se trata de una cacería de brujas”.

Valencia aclaró que “genera suspicacias en algunos congresistas la redacción. Dicen que está demasiado abierto porque el senador o el Representante debe decir todas las reuniones y acercamientos. Y pues nosotros nos reunimos diariamente con ministros, de manera que el informe se podría circunscribir únicamente a aquello que tiene que ver con la agenda formal en los ministerios y gestión”.

El Representante por Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical, explicó que “nosotros hicimos el acuerdo con el Gobierno porque esos numerales exigen que prácticamente cada congresista ande con un secretario y una libreta anotando todo lo que desarrolla: a dónde fue, con quién se reunió. Lo que puede ser un arma contra el mismo congresista, porque alguien puede decir yo me reuní con él y yo no aparezco allí”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no reveló el acuerdo pero destacó que la aprobación del proyecto “es un paso adelante para las organizaciones públicas, hay una serie de proposiciones que se revisarán y se traerán en las plenarias y es el Congreso el que elige”.