El representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, insistió en la Comisión Primera de la Cámara en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los programas del proceso de paz fueron creados para no funcionar y para saquear los dineros públicos. Mientras que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera reiteraron que las estrategias para el posconflicto están dando resultados y que solo necesitan algunos ajustes.

Durante el debate de control político a las partidas para la JEP y otros programas de proceso de pacificación que se cumplió en la Comisión, el representante Rodríguez reiteró que los magistrados de la JEP no llegaron “a hacer justicia sino a fomentar la corrupción. Se ve puro clientelismo y burocracia. La JEP fue creada para no funcionar y eso es nefasto para el país”.

“El proceso de paz se trata de más puestos y no de impartir justicia. En la JEP hay funcionarios que ganan más de 25 millones de pesos al mes y a otros 208 abogados su ingreso supera los 9 millones de pesos”, explicó, tras señalar que “hay serios conflictos de intereses de los magistrados de la JEP, pues aplicaron lo de ‘yo hago el acuerdo y también lo administro’”.

El comisionado Rivera, por su parte, hizo un balance sobre la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, luego de la firma en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016 con la que, dijo, se pactó poner fin a una guerra de 50 años.

“El Gobierno ha seguido trabajando con mucha intensidad en temas de seguridad para los excombatientes, las medidas de reincorporación, la puesta en marcha de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, explicó.

Asimismo, Rivera señaló que actualmente avanzan en los proyectos de desarrollo rural integral. Sin embargo, indicó que ha sido “complejo” porque lo primero que se debía activar era el proceso de participación ciudadana en los municipios catalogados como de planes de desarrollo con enfoque territorial para que la gente propusiera las prioridades para cada una de las regiones.

También se refirió a las críticas que ha recibido la implementación de los proyectos productivos en las zonas de reincorporación: “Muchos esperaban que los 8 millones de pesos que el Gobierno se comprometió a entregar llegarían inmediatamente, pero no es así porque llegan cuando presenten los proyectos estructurados y válidos de acuerdo a su vocación. Solo hay uno aprobado en Miravalle, donde hay 70 excombatientes”.

Agregó que “el Gobierno ha girado más de 80 mil millones de pesos a cerca de 12.000 miembros de Farc para que alquilen tierras, siembren semillas y adelanten proyectos agrícolas”.

Por otro lado, el Alto Comisionado para la Paz dijo que el principal obstáculo en la implementación de lo acordado es el reto político que atraviesan en la actualidad tras la captura de Jesús Santrich, integrante del partido Farc, quien es acusado de narcotráfico.

Esto, manifestó Rivera, “pone a prueba la firmeza y la solidez de las instituciones pactadas entre las partes para lidiar con esta clase de problemas. El acuerdo previó que podía haber reincidencia en delitos tan graves”, anotando que la JEP tendrá una “prueba de fuego” en resolver este caso.