La escalada de crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos no ha cejado en los dos últimos años, las cifras de la Policía señalan que se han cometido 178 asesinatos, a pesar de las medidas que han adoptado el Gobierno nacional y las autoridades.

En esta semana el foco de atención volvió sobre el tema porque fueron asesinadas entre martes y miércoles la activista en derechos humanos Margarita Estupiñán en Tumaco, Nariño; el líder comunal Luis Cuarto Barrios en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico; y la defensora de derechos humanos Ana María Cortés  en Cáceres, en Antioquia.

El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, dijo que se investigan estos crímenes. En el caso de Cortés, el titular de Defensa señaló que “está el asesinato en Cáceres de una señora que participó como testigo en las pasadas elecciones a nombre de una campaña política, pero que también figura en su historial una investigación por tener vínculos con las redes de apoyo del Clan del Golfo”.

Ayer el fiscal Néstor Martínez dijo que “hemos esclarecido este caso en 48 horas. Vamos a imputar con base en prueba técnica inobjetable e intachable la autoría de este homicidio en cabeza de alias Jonás, quien es el líder de los Caparrapos en esta zona”.

Sin embargo el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “creo que no se pueden dar este tipo de declaraciones apresuradas, hay otras versiones desde las organizaciones en el territorio, y me parece que tiene que investigarse a fondo para establecer responsabilidad y no hacer la lectura de la tragedia que está sucediendo solamente cogiendo una versión”.
En diciembre pasado causaron polémica las afirmaciones del ministro Villegas, quien ante la oleada de crímenes que se registraban por esos días dijo que la “inmensa mayoría” de los asesinatos de líderes sociales en las regiones “son frutos de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

El exministro González Posso señaló que para frenar la violencia en las regiones contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, “lo fundamental es hacer una gran alianza con las organizaciones de base en las zonas críticas donde se presentaron experiencias de violencia, donde existen disputas territoriales o de narcotráfico, recursos, todo lo demás. La población está muy dispuesta, los campesinos que han estado en la coca, en el oro, en las juntas comunales quieren esa alianza con el Gobierno, quieren esa alianza con las instituciones sobre la base, por supuesto, de los planes regionales y sociales”.