La Procuraduría General envió un oficio al ministerio de Salud y otras dependencias donde pedía revisar los desembolsos del gobierno Nacional a las EPS (Empresas Promotoras de Salud) y tomar acciones inmediatas para evitar un "colapso al sistema de salud". 

En la carta, la Procuraduría delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, solicitó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y al Departamento para la Prosperidad Social, que solucionen los problemas de financiamiento, la escasez de medicamentos, insumos y de dispositivos médicos "que ha venido impactando el acceso oportuno a la prestación de los servicios de los afiliados y beneficiarios en los regímenes contributivo y subsidiado de la población durante lo corrido del año 2022 y lo que se prevé para 2023".

De acuerdo con la entidad, esta problemática ya había sido advertida por distintas agremiaciones, como ACEMI, Gestarsalud, la ANDI, Asocajas y gerentes de las Empresas Promotoras de Salud. 

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Del mismo modo, la Procuraduría asegura que esta crisis en el sistema de salud es provocada por los “traslados forzosos” a cuenta de las EPS intervenidas, liquidadas y redistribución de sus usuarios y la carga operativa que asumen las otras entidades de salud por cuenta de  población con enfermedades de alto costo.

Finalmente, el Ministerio Público, informó, entre otras cosas, los efectos a largo plazo del COVID-19 y la escasez de medicamentos e insumos y dispositivos médicos.

La procuradora delegada, Diana Ojeda, aseguró que esta entidad ordenó al gobierno que se tomen las medidas encaminadas a revisar el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y de los presupuestos máximos en términos de suficiencia, metodología y cálculo, realizando las recomendaciones necesarias a fin de lograr la estabilidad financiera que necesita el sistema de salud”, indica la carta.