Tres meses como máximo establece la ley para que el Ejecutivo convoque esta jornada en las urnas en las cual se pretende aprobar siete medidas contra este flagelo, que sin embargo para algunos tienen sus bemoles

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PROPUESTA. 1. Establecer un límite de máximo tres periodos para los elegidos en corporaciones de elección popular.

Pero: Óscar Castelblanco, abogado especializado en Derecho Constitucional, indicó que si bien elegir y ser elegido es un derecho de todo ciudadano contemplado en la Carta Política, “las normas tipo principio no son derechos absolutos”. Puso como ejemplo como cuando se limita la reelección presidencial, “eso no restringe ningún derecho a elegir y ser elegido porque también es un derecho del Estado fijar unos límites para que haya un buen gobierno.

No obstante Castelblanco dijo que “es un sofisma el tema de esta consulta anticorrupción. Me pregunto ¿qué tiene que ver la limitación a unos periodos en las corporaciones públicas de elección popular con la corrupción? No necesariamente porque una persona se haga reelegir es un tema corrupto. Entonces llegaríamos a la conclusión que Jorge Robledo, que es un promotor del tema y que es una persona respetada en la defensa de los bienes públicos, está inmerso en la corrupción porque lleva varios periodos en el Senado”.

PROPUESTA 2.  Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.

Pero: Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, indicó que “lo nuevo en relación con la consulta es la declaración de renta”, aunque destacó que “es un complemento a lo que está establecido constitucional y legalmente para integrantes de corporaciones de elección popular y cualquier cargo público, que hoy día tienen por Constitución la obligación de presentar su declaración juramentada de bienes y rentas antes de tomar posesión”.

Destacó que si bien “el hecho de publicar la declaración de renta es un elemento adicional, desde luego que una persona que está en actos irregulares pues va a hacer maniobras para ocultar información real de sus irregularidades”.

No obstante el peligro que se corre en este sentido, Ortiz destacó que la información falsa que entregue el elegido a una corporación pública puede ser usada en una eventual investigación que lo termine sacando del cargo.

PROPUESTA 3. 3. Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa de manera periódica y detallada.

Pero. La politóloga Mónica Pachón indicó que “creo que es simbólico y que no tiene ningún efecto práctico. Los congresistas rinden cuentas frente a su electorado de muchas formas y creo que los electorados son distintos cada uno de ellos, la gente vota de formas diferentes por los congresistas. Un representante a la Cámara del Amazonas es distinto a un representante a la Cámara de Bogotá, depende mucho de la población a la que se está tratando de comunicar”.

Añadió que “esa obligatoriedad ya existía en leyes pasadas, pero sobre todo lo que para mí no es claro es cómo eso ayuda, digamos, si ellos mismos construyen su rendición de cuentas, ellos van a mostrar lo que quieren mostrar. Es lo que hacen todo el tiempo para que los reelijan”.

Pachón anotó también que el “dilema más de fondo es cómo mejorar el Congreso, hay un Congreso desprestigiado”.

PROPUESTA 4. Obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nacional, se desglose y priorice en audiencias públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.

Pero. El exalcalde de Medellín, Ómar Flórez, consideró que esta medida de la consulta anticorrupción es “absolutamente indispensable, máxime que nuestra Constitución habla de que Colombia es un Estado participativo. La ciudadanía reclama espacios para participar”.

No obstante, Flórez Vélez advirtió que “obviamente habrá que diseñar los controles para evitar que organizaciones criminales que se camuflan tengan acceso a esos recursos como lamentablemente se ha percibido en algunos casos, sobre todo en las grandes ciudades”.

El exalcalde de Medellín destacó también que independientemente de esta propuesta de la consulta anticorrupción “se requiere que la ciudadanía elija muy bien sus alcaldes, sus concejales, que les exijan una trayectoria de transparencia y de solvencia ética en el desempeño de sus funciones públicas. En buena parte recae también es en la responsabilidad del ciudadano al momento de elegir”.

PROPUESTA 5. Terminar unilateralmente los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin tipo alguno de indemnización.

Pero. El abogado David Andrés Murillo indicó que “puede ser una sanción administrativa pertinente con el ánimo de purificar la contratación pública y considero que la sanción, por ejemplo, si se demuestra que el contratista o la empresa contratista incurrió en actos de corrupción, pues pienso que la sanción es proporcional”.

No obstante el también docente investigador de la Universidad Libre advirtió que “la pregunta si llega a ser aprobada es una orden para que se haga una modificación a las normas contractuales en Colombia. Ahora bien, la terminación unilateral la puede hacer motu propio el encargado de controlar el contrato, lo que sí puede ocurrir en el futuro es que el contratista sienta que se ha causado sobre él un perjuicio y se adelanten acciones contractuales y de reparación directa contra el Estado, efectivamente causando a futuro posiblemente algunas congestiones. Quien se encargue de la terminación unilateral actúe sobre hechos reales para evitar en el futuro acciones administrativas”.

PROPUESTA 6. Aquellas personas condenadas por corrupción, deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.

Pero. El exministro de Justicia,  Parmenio Cuéllar, indicó que “soy partidario de suprimir todo tipo de beneficios penales para los corruptos. Me parece que eso es ejemplarizante”.

No obstante consideró que habría que hacer la salvedad en casos de “excepcionales circunstancias, por ejemplo, una enfermedad terminal, una enfermedad grave que exija pues un cuidado especial que no se le pueda brindar en la cárcel, ahí sí”.

No obstante subrayó que no solo son los beneficios que en la actualidad gozan personas condenadas por corrupción “sino aquel abuso que hay de que a ciertos personajes se les brinda unas condiciones carcelarias que no son cárceles, por ejemplo, en los cuarteles, en los comandos militares”.

El exministro de Justicia recalcó que “la ley es una sola para todos. Solamente se pueden hacer excepciones en el caso de enfermedades que ameriten o de una avanzada edad”.

PROPUESTA 7. Fijar un tope de 25 salarios mínimos legales vigentes como máxima asignación mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Actualmente los congresistas ganan un equivalente a 40 salarios mínimos.

Pero. Óscar Castelblanco, abogado especializado en Derecho Constitucional, indicó que hay populismo en la consulta anticorrupción: “Me gustaría que me explicaran qué tiene que ver bajarle el sueldo a los congresistas con la corrupción, si eso podría generar un efecto totalmente contrario: si comparamos los sueldos de los directivos de las empresas privadas con los de un congresista, gana mucho más un directivo. Entonces una persona con una capacidad intelectual y de preparación seria e importante, si ve que no seduce el tema del salario, más todo el desgaste de la política, pues se va para la empresa privada. En la empresa privada es absolutamente normal que un directivo se gane 50-60 millones de pesos mensuales”.

Añadió Castiblanco “qué tiene que ver el tema de bajarle el sueldo a los congresistas con el tema de la corrupción. Entonces creo que hay que poner el tema en su justa proporción y que no se genere un sofisma de distracción”.