El defensor Carlos Negret Mosquera señaló que hay incumplimientos por parte de las autoridades en materias como nutrición, acceso a agua potable, disponibilidad de alimentos y cobertura en salud en la Guajira.

Negret Mosquera, hizo un llamado de atención a la institucionalidad para que se garanticen los derechos de la comunidad wayúu que habita en esos territorios.

“A pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garanticen los derechos de toda la comunidad wayúu”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la entidad, se ha evidenciado un incumplimiento por parte de la autoridad que tiene a cargo tomar las medidas para garantizar los derechos de los niños, de mujeres gestantes y lactantes y de los adultos mayores.

Es así como, según las cifras que maneja la Defensoría, provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 2010 y 2016.

“El Programa de Alimentación Escolar – PAE no funcionó. Le propongo al Gobierno que el PAE vuelva al ICBF, que sea una sola una sola cabeza; porque cuando se dividen las responsabilidades las cosas no funcionan”, aseguró Negret. 

La Defensoría del Pueblo también señaló que no hay evidencias de avances en la cobertura de acceso a agua potable de la comunidad wayúu y que, aunque se han desarrollado proyectos dentro de la alianza por el agua y la vida, no se tiene la certeza sobre cuántas personas están accediendo al agua potable.

“Para la entidad, esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH”, señala la Defensoría en un comunicado. Otras de las críticas de la entidad se enfocaron en la información recibida sobre la contaminación de acuíferos con compuestos de azufre, la necesidad de crear un plan de acción que garantice la disponibilidad de alimentos de calidad, acceso y consumo en el corto, mediano y largo plazo, la cobertura de afiliación a salud que no ha llegado al 100 % y la urgencia de contar con sistemas de información articulados e intersectoriales, situación que hoy dificulta la toma de decisiones.

Entre tanto la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abuchaibe, anunció que durante dos semanas liderará un equipo conformado por 600 servidores de diferentes regionales del país para llevar a cabo la movilización más grande en pro de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias de La Guajira.

“Junto con 600 colaboradores, recorreremos día y noche diferentes zonas de La Guajira para brindar nuestros servicios de atención e identificar casos que puedan poner en riesgo la vida de los niños, nuestra meta es que todas las comunidades de La Guajira se sientan acompañadas por el ICBF y que cuentan con el apoyo del Estado”, dijo la Directora General del ICBF, Karen Abudinen.

Así mismo, resaltó que con este plan de atención llegará a unas 4.000 familias, pertenecientes a 240 comunidades indígenas, a quienes se les brindará la oferta institucional con enfoque diferencial que tiene el ICBF, para trabajar de la mano con las comunidades y construir conjuntamente procesos de atención que garanticen la protección integral a los niños y niñas de las comunidades respetando sus tradiciones y su cultura. 

Además, 64 Unidades Móviles del ICBF conformadas por un antropólogo, un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo, recorrerán zonas priorizadas como el corregimiento de Nazareth y los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y Fonseca. De la misma forma otros 10 equipos entre los que están defensores de familia, psicólogo, nutricionista y trabajador social, estarán atentos para adelantar los procesos administrativos que permitan restablecer los derechos de los niños, en caso que sean vulnerados.