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Jueves, 30 de Abril de 2020
Redacción Política
La Comisión Primera de la Cámara aprobó la iniciativa luego de más de seis horas de debate

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Desde las 9 de la mañana los representantes de la Comisión Primera de la Cámara se dieron cita de manera virtual a través la plataforma Zoom para discutir en quinto debate el proyecto de acto legislativo que impone la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia.

La iniciativa fue aprobada con 25 votos a favor y 11 en contra.

El articulado que había ampliamente criticado en el cuarto debate cambió. Un ajuste clave es el llamado al Gobierno a formular una política de protección de niños, niñas y adolescentes.

De ser aprobado el proyecto en los tres debates que quedan, el artículo 34 de la Constitución quedará así: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco años, para evaluar la resocialización del condenado”.

La iniciativa incluye un parágrafo transitorio que dice que: “El Gobierno nacional contará con un año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua. Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados. Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública”.

 

Principio del fin

Según una de las ponentes del acto legislativo, la representante tolimense Adriana Magali Matiz, del Partido Conservador, “la prisión perpetua es el principio del fin de la violencia que sufren nuestros niños. Aprobamos en Comisión Primera el proyecto de acto legislativo que se hace atendiendo el clamor de la ciudadanía y ante las alarmantes cifras de violencia que tenemos contra nuestros niños. Durante el 2019 se presentaron en promedio 62 casos diarios de violencia sexual contra los menores; durante los dos primeros meses de este año 3.353 casos, es decir, cada hora dos niños fueron víctimas de este flagelo. En el tema de homicidios no estamos mejor, durante el 2019 se presentaron 708 casos dos casos de homicidio diario cifra que se mantiene constante”.

Matiz agregó que “este proyecto busca la protección jurídica de los menores frente a conducta que menoscaben el derecho a la vida, la integridad y la formación sexual. Además este proyecto tiene cuatro características: es excepcional, solo procede cuando un niño es víctima de homicidio doloso o acceso carnal que implique violencia o que el niño esté en incapacidad de resistir; este proyecto tiene control automático, es decir, que serán tres operadores judiciales los que se tendrán que pronunciar; y es un proyecto en el que la pena debe ser revisada en un plazo no inferior a 25 años”.

La representante Matiz indicó que “en el proyecto establecimos que debe haber una política pública integral que tenga alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y que establezca la efectividad de las investigaciones, la prevención de los delitos y la protección de las víctimas. Contando con que el avance de esta política será revisada anualmente por el Congreso”.

 

Aval del Gobierno

Durante el largo debate varios funcionarios del Estado, como las ministras de Justicia, Margarita Cabello, e Interior, Alicia Arango, junto al fiscal general Francisco Barbosa, se pronunciaron frente al tema. Las dos primeras reiteraron el aval del Gobierno a la iniciativa, mientras que Barbosa sostuvo que hay que buscar que este tipo de delitos no se vuelvan a cometer.

Arango aseguró que el Gobierno apoya la iniciativa “la Constitución es clara cuando dice que el interés superior del niño prevalece sobre los derechos de los demás, los niños deben estar protegidos contra la violencia, el abuso sexual, la venta y la explotación laboral. En Colombia violan tres niños por hora en promedio y en Colombia poco pasa frente a ese delito”.

Según la ministra Arango, “el abuso sexual y el homicidio por abuso sexual está focalizado en los niños. Antes de los 18 años el abusador es familiar. El año pasado fue el 78%. Además tenemos que 5.713 niñas de las abusadas quedaron embarazadas, es decir, el mismo número de niños no deseados para Colombia. Además entre 2018 y 2019 hubo un incremento de 35 casos. No hemos ido mejorando sino empeorando en Colombia”.

Barbosa sostuvo que “es muy difícil desde el punto de vista jurídico ver lo que está sucediendo con los delitos aberrantes que se cometen contra los menores. Es una conducta aberrante e inadmisible. Todos coincidimos en ello. Hay que tener en cuenta que hoy solo el 5% de esas denuncias terminan en condena. Lo que ocurre es que a pesar que se han venido aumentando las penas, no ha venido aumentando la eficacia en la administración de la justicia”.

Agregó que “la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encuentra que difícilmente ante las excesivas condiciones que se ponen en una pena a perpetuidad, difícilmente empiezan a superar los estadios los procesos en la medida que no todos los procesos son los mismos. Entonces los jueces ante la circunstancia lo que hacen es optar por una absolución. Entonces lo que estamos haciendo es que se está generando un aumento masivo de penas sin permitirle al juez un margen de apreciación que le permita decir que una pena es de 20 años y otra de 30. Si se le pone ese tope, evidentemente estamos entrando en un escenario en el que aumentamos las penas y se disminuyen las penas. Hoy tenemos 60 años de prisión para esas conductas, sin posibilidad de subrogados, sin posibilidad de beneficios penales y solo el 5% de las denuncias terminan en condenas”.

Para la ministra Cabello, “aquí se establecen unas condiciones que están equilibradas. Aquí no se habla de todos los que están en estas situaciones. El juez podrá aplicar a su criterio o no la cadena perpetua. Además el acto legislativo agrega la posibilidad de que la condena sea revisable a los 25 años. Es decir, que aquí no estamos entrando en el populismo punitivo, porque las situaciones son excepcionales, serán pocos los casos, entonces cuando exista esa gravedad en la comisión del delito contra niños, niñas o adolescentes, puede ser revisable la conducta”.

 

 

¿Cómo se castiga en otros países?

En 2018 la Cámara Baja del Parlamento de la India aprobó la aplicación de la pena de muerte para los violadores de niñas menores de 12 años. La ley aumentó la pena mínima para el delito de violación, que pasa de 7 a 10 años para las violaciones a mujeres adultas y de 10 a 20 años en los casos de violaciones a menores de 16 años.

En el continente americano, Perú aprobó en 2018 una modificación al Código Penal que establece la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años de edad, la imprescriptibilidad del delito y la eliminación de beneficios a condenados.

Un proyecto similar al colombiano cursa en México y fue propuesto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La iniciativa busca castigar la violación, los feminicidios y los homicidios dolosos.