El informe minoritario que le pedía a la plenaria del Senado negar los reparos del Jefe de Estado a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) no logró, sobre el mediodía, la mayoría calificada para ser aprobado; como tampoco lo hizo el informe mayoritario que pedía acoger las objeciones y discutirlas una por una.

La sesión, tercera consecutiva sobre este tema en la plenaria esta semana, comenzó sobre el mediodía, solo después de una larga discusión entre partidarios y contradictores de las objeciones que tuvo lugar en el propio atril de la presidencia del Senado. De un momento a otro pareció que existía un acuerdo entre unos y otros y el presidente de la corporación Ernesto Macías, del Centro Democrático, reabrió el debate y de inmediato sometió a votación, por segunda vez, el informe minoritario de los senadores Alberto Castilla (Polo Democrático) e Iván Marulanda (Alianza Verde).

La primera votación se había dado la noche del martes, pero tras quedar 47 votos a favor y 34 en contra Macías había determinado que sobre un quorum decisorio de 94 senadores (porque existían 14 impedidos) se requería de 48 votos favorables para lograr la respectiva mayoría calificada. Se supone que el miércoles debía llevarse a cabo la segunda votación de este primer informe pero ello no fue posible debido a que se cometió un error al no haber anunciado el martes este tema dentro del orden del día, razón por la cual, en medio de un gran debate, se convocó para la mañana de ayer.

Esa segunda votación se dio a mediodía con el resultado de dos senadores por el Sí y 33 por el No. En ese momento fue evidente que el bloque a favor de las objeciones se había retirado del recinto y solo quedaron los uribistas, algunos conservadores y los senadores cristianos.

De hecho, luego de desarrollado el debate la segunda vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, leyó una proposición, firmada por parlamentarios de varios partidos, en la que anunciaba el retiro de la sesión pues consideraban ilegal una segunda votación ya que el pasado martes “había habido una decisión mayoritaria al respecto, esta decisión fundamentada en el Artículo 135 de la Ley Quinta que asegura que luego de una decisión no se puede reabrir la votación”, sostiene el documento. El resultado: 67 senadores fuera del recinto.

A su turno, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que una ley estatutaria solo puede ser aprobada por mayoría absoluta, “es decir 55 votos”.

Luego de la primera votación Macías anunció que sobre el primer informe “no hubo decisión”, por lo que procedió a someter a votación el informe mayoritario que buscaba acoger las objeciones.

Aquí tampoco hubo decisión, pues la primera votación terminó 25 por el Sí y uno por el No; mientras que el segundo intento tuvo 29 votos favorables y uno negativo. En consecuencia, el Presidente del Senado anunció que en este segundo informe “tampoco hubo decisión” e indicó que en vista de ello “el proyecto se envía junto al expediente a la Corte Constitucional”.

Esto quiere decir, entonces, que mientras en la Cámara de Representantes las objeciones fueron negadas, en el Senado no hubo decisión al respecto.

Antes del trámite la propia Corte Constitucional había advertido, al autorizar el trámite de las objeciones, que el texto debería volver a control previo de exequibilidad.

Fracasó también la posibilidad del gran acuerdo político que habían propuesto el Gobierno y el Centro Democrático sobre todo alrededor de la objeción que pretendía evitar que la JEP terminara siendo utilizada por narcotraficantes y otros delincuentes como un mecanismo para evitar la extradición.

Ahora el Senado debe abocar la discusión y aprobación del proyecto de ley que acoge el Plan Nacional de Desarrollo que tiene como plazo máximo para recibir el visto bueno del Legislativo el próximo martes, 7 de mayo.

“Los seis artículos no existen”

Como consecuencia de lo ocurrido en la plenaria del Senado, la senadora Valencia explicó que los seis artículos objetados ya no existen.

“El efecto de un segundo resultado donde no hay decisión es que se entiende negado, por lo tanto los artículos de la estatutaria que antes tuvieron mayorías hoy no tienen. No existen”, precisó la congresista, agregando que “se hundieron los seis artículos objetados” y reiterando que “esos artículos no obtuvieron las mayorías para seguir existiendo”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, declaró que “el Gobierno queda muy tranquilo” porque “no se consiguieron las mayorías para hundir las objeciones” con lo que se “cerró la puerta a la entrada de narcotraficantes en la JEP”.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien también hizo presencia en el Congreso, aseguró que el Gobierno tomó la decisión que correspondía: “El Presidente objetó unas normas de la ley estatutaria que considera que no son convenientes para el país y en ese sentido interpretamos eso como una gran victoria del Gobierno”.

Según Ceballos, “cuando no hay una misma decisión entre Senado y Cámara se archiva el proyecto. En este caso al no haber acuerdo se archivan las disposiciones objetadas. En este caso algunos artículos completos, parágrafos o partes específicas de artículos las que se archivarían”.

Por último, Cevallos sostuvo que el Gobierno no contempla ningún escenario adverso en la Corte, “pues ella hará lo que siempre hace: tomar una decisión en derecho”.

RECUADRO

Las batallas que vienen

Si bien el debate de las objeciones presidenciales a algunos artículos de la JEP fue duro, el camino que queda parecer estar cuesta arriba. El día en el que el Mandatario objetó la ley estatutaria anunció que radicaría un proyecto de reforma constitucional y dos proyectos de ley.

La primera ya fue radicada y busca modificar el Artículo 44 de la Constitución colombiana para que “los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes sean sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y sean investigados y juzgados conforme las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal”. Este punto, que había sido aprobado, en la ley estatutaria lo sacó la corte en el estudio de constitucionalidad por eso el Gobierno lo presenta de nuevo.

Las otras dos, que serán radicadas luego del 20 de julio buscan dejar claro que quienes reincidan en actividades criminales perderán todos los beneficios del acuerdo entre el Gobierno y las Farc y que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la justicia ordinaria.

Si bien la suerte de los proyectos de ley aún no está definida las objeciones fueron el abrebocas de la dura discusión que se aproxima.