El nombramiento en los próximos días del nuevo Ministro de Defensa no solo genera expectativa en torno a quién sucederá al fallecido Carlos Holmes Trujillo, sino en cuanto a si habrá ajustes a la “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, estrategia marco del Gobierno en materia de combate a la delincuencia y protección del orden público.
La Casa de Nariño recalca a cada tanto que esta política ha dado resultados muy positivos, destacando aspectos tales como la rebaja histórica en las tasas de homicidios, el freno de la espiral alcista de la extensión de narcocultivos, los avances contra las actividades depredadoras del ambiente y una disminución progresiva en la incidencia de los delitos de alto impacto, entre otros aspectos.
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Sin embargo, pese a esos resultados otros análisis sostienen que las falencias de la Política de Defensa y Seguridad son evidentes, citando como principales pruebas el reciclaje gradual de los factores de violencia local y regional; el crecimiento exponencial de las disidencias de las Farc; la persistencia de los asesinatos de los líderes sociales y comunitarios; y la atomización de carteles y organizaciones de microtráfico que luchan a sangre y fuego por los corredores del narcotráfico…
¿Debe reformarse esa Política de Defensa y Seguridad o, por el contrario, lo que urge es aplicarla con más efectividad? Esa es la principal pregunta, aunque faltando 19 meses para que termine el gobierno Duque obviamente hay quienes sostienen que ya no hay tiempo para la reingeniería de la hoja de ruta y los principales énfasis operacionales del actual mandato.
Ejes transversales
La Política marco se lanzó a comienzos de febrero de 2019 y el propio Duque la presentó como el norte ejecutivo para responder a las amenazas y desafíos de seguridad, desde un enfoque multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal. Una hoja de ruta sobre la que se ha sustentado la Estrategia Militar General y el Plan Operativo de la Policía Nacional.
De hecho, esta Política es el marco referencial de otras estrategias puntuales como la Política de Paz con Legalidad (implementación del acuerdo de paz), la Política Integral contra las Drogas “Ruta Futuro” (estrategia integral antidrogas), la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (seguridad urbana y rural), el Plan de Acción Oportuna (PAO) (para protección de líderes sociales) e incluso los lineamientos derivados en materia de política exterior (corresponsabilidad global en combate al terrorismo, drogas y otros delitos trasnacionales), entre otros ejes gubernativos clave, algunos incluso transversales a todos ellos, como la estrategia de inteligencia y contrainteligencia.
Cuando se lanzó esta Política de Defensa y Seguridad el Gobierno fue enfático en que no solo se trataba de una estrategia moderna e integral, sino que superaba el enfoque clásico del combate a los grupos armados y la lucha antidroga, entrando ahora a abordar las amenazas a la convivencia ciudadana y el orden público desde un punto de vista más integral y transversal. Así, por ejemplo, por primera vez se elevaron a asunto de interés nacional “principal y prevalente” la protección de los recursos del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Esto bajo el enfoque de señalar la prioridad de su protección y preservación frente a intereses foráneos y la acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación.
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Otra de las columnas vertebrales de dicha Política fue la necesidad de aterrizar planes específicos de seguridad y orden público dirigidos a combatir fenómenos más complejos de criminalidad y amenaza a la convivencia ciudadana y la supremacía institucional en el territorio (sobre todo después de la desmovilización de una fracción de las Farc en 2016). En otras palabras, adecuar la respuesta de las autoridades y la represión legítima del Estado a nuevos actores y modus operandi de la delincuencia común y organizada, factores de terrorismo con mayor alcance transnacional y organizaciones tipo mafioso alrededor de los delitos urbanos y semiurbanos que afectan con más severidad a los ciudadanos.
Por último, en las bases de dicha Política se reconoció que era insuficiente el despliegue de Fuerza Pública y que se necesitaba una mayor interacción de esta con la ciudadanía. Todo ello bajo la acción institucional “unificada, coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado, para modificar los contextos que favorecen el surgimiento, mantenimiento y reproducción de la criminalidad”.
El objetivo central de la Política era, entonces, uno solo: los esfuerzos estatales tienen el propósito de pasar del control militar al control institucional del territorio. Para ello se hizo un diagnóstico sobre cada amenaza y se plantearon tres escenarios en los territorios como fases secuenciales, según la caracterización de estas. Igualmente se formularon cuatro principios y campos básicos de acción: 1. Disuasión y diplomacia para la Defensa y la Seguridad; 2: Control institucional del territorio; 3. Desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana; y 4. Institucionalidad para la Defensa y la Seguridad.
Todo esto sustentado en seis líneas de la Política: 1. Disuasión y Diplomacia para la Defensa y la Seguridad: 2. Protección de la población y seguridad ciudadana; 3. Acción unificada; 4. Sustituir la economía ilícita por lícita: 5. Inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal; 6. Fortalecimiento institucional, eficiencia y bienestar.
¿Entonces?
La pregunta más obvia respecto a las bases, campos y líneas de acción de la Política de Defensa y Seguridad de este Gobierno es qué tanto han funcionado. Al tenor del balance del Ministerio de Defensa sí. Solo el año pasado, por ejemplo, se erradicaron 130.171 hectáreas de cultivos ilícitos, 37% más que en 2019. Los homicidios bajaron un 5%, se neutralizaron 5.563 integrantes de grupos armados y delincuencia organizada, en tanto hubo 1.935 capturados por explotación ilícita de minerales. También bajaron los delitos de alto impacto…
En la otra orilla se contraponen hechos muy graves: racha de masacres y asesinatos de líderes sociales y desmovilizados; disidencias de Farc con más de cuatro mil integrantes y retaguardia estratégica en Venezuela; multiplicación de mafias locales y regionales; persistencia de hurtos y atracos; escándalos en los servicios de inteligencia; minería criminal y deforestación en sitios de alta sensibilidad ambiental; presencia escasa de Fuerza Pública en algunas zonas que antes ocupaban las Farc; auge del microtráfico así como presencia de carteles mexicanos en el suroccidente del país; comunidades campesinas que bloquean operativos antidrogas; más violencia intrafamiliar y delitos causados por intolerancia…
En medio de ese debate hay analistas que consideran que todo es cuestión de situarse en la óptica de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Hay cifras y realidades para sustentar las distintas posturas.
Sin embargo, en el fondo, el principal elemento que debe evaluarse a la hora de definir si tal política de defensa y seguridad funciona o no, termina siendo uno solo: ¿Las amenazas y su poder de daño a la ciudadanía y la institucionalidad aumentaron o disminuyeron?
De febrero de 2019 a enero de 2021 parece claro que, en la mayoría de los frentes, la inseguridad y el desorden público es hoy menor que en agosto de 2018. Al menos eso evidencian las cifras oficiales. Pero hay aspectos puntuales en donde sí hay un crecimiento del nivel de peligro de las amenazas a la seguridad y la defensa: expansión de disidencias y mayor combate local entre facciones criminales por el dominio de corredores de narcotráfico y otros delitos…
Es obvio que a estas alturas del Gobierno no hay tiempo para formular una nueva estrategia integral de combate a estos dos fenómenos. También lo es que la hoja de ruta formulada en febrero de 2019 al respecto no ha dado los resultados esperados y se requiere repensar, sobre la marcha, el plan de choque. No hacerlo llevará inexorablemente a que las amenazas sigan creciendo en poder de desestabilización y capacidad de daño.