Al menos una decena de normas se han venido aplazando o simplemente dejado de lado por los distintos parlamentos. Por ello, el Legislativo que se posesionará el próximo 20 de julio, tendrá en sus manos la decisión de si coge el ‘toro por los cuernos’ o sigue dando largas a asuntos como la reforma a la justicia

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El Congreso de la República elegido en los comicios del día de ayer, tendrá a partir del próximo 20 de julio que decidir si se mide a realizar un importante número de reformas que se han venido aplazando, algunas de ellas incluso por varios años, y que en varios casos ya no dan más espera.

1. Reforma a la justicia

Aunque el presidente Santos intentó reformar la justicia, no lo pudo hacer en sus ocho años de gobierno. En 2012 el Congreso aprobó un acto legislativo con este propósito de origen gubernamental, pero el presidente Santos, en un hecho inédito, se negó a promulgarlo al detectar que en la conciliación le introdujeron varios micos. Luego en la Reforma de Equilibrio de Poderes de 2015, el Ejecutivo dedicó un capítulo a la justicia que fue aprobado. No obstante, la Corte Constitucional tumbó su mayor parte, dejando vivos al Consejo Superior de la Judicatura y la controvertida Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Ello llevó a que varios concluyeran, incluso algunos de los actuales candidatos presidenciales, que la reforma a la justicia solo se podrá llevar a cabo a través de una constituyente.

El próximo Congreso tendrá en sus manos cambiar esta percepción.

2. Reforma penal

La inseguridad sigue creciendo en los principales centros urbanos del país, mientras los ciudadanos ven cómo los delincuentes en la mayoría de los casos salen libres a pesar de que son reincidentes. Los alcaldes agremiados en Asocapitales revelaron un incremento del hurto el año anterior en dieciocho capitales. Por ello, se ha planteado revisar el tratamiento penal frente a los reincidentes.

Otro de los asuntos que genera discusión por estos días, es el principio de oportunidad por la forma como se ha aplicado en varios casos emblemáticos, pues la rebaja en las penas han resultado demasiado generosas para muchos por la gravedad de los hechos, como se vio en el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, condenado a cinco años por hechos de corrupción en este departamento, y el exfiscal Luis Moreno, sentenciado a tres años y medio de prisión por el ‘Cartel de la Toga’.

El procurador Fernando Carrillo dijo la semana pasada que “nosotros hemos afirmado en repetidas ocasiones que no creemos en bajas penas para quienes le han hecho un daño a la sociedad tan grande, por supuesto acá los principios de oportunidad han prevalecido”.

Por estos y otros temas, el próximo Congreso tendrá que analizar ajustes al Código de Procedimiento Penal así como al sistema carcelario.

3. Curules para víctimas

Esta semana o la próxima, se radicaría en el Congreso por parte de congresistas de diferentes bancadas, el proyecto de reforma constitucional que crea dieciséis curules para las víctimas en la Cámara, después de que la plenaria del Senado hundiera la conciliación en diciembre pasado por no alcanzar la mayoría en la votación, de una iniciativa en similar sentido que radicó el Gobierno en cumplimiento del acuerdo de paz.

Tras los reveces que sufrió el Ejecutivo con las demandas que radicó en el Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado en su intención de validar su tesis de que la iniciativa fue aprobada con los 50 votos que obtuvo en la plenaria del Senado, parece entender que la única posibilidad es que presente un nuevo proyecto, ésta vez de origen parlamentario.

La iniciativa se tramitaría en primera vuelta en este Congreso y la segunda le correspondería en el próximo Parlamento.

4. Dosis personal

En su regreso a sesiones del Parlamento, esta semana se va a encontrar con una discusión que está en ‘caliente’ por la dosis mínima del porte de sustancias psicoactivas, que fue autorizado por un fallo de la Corte Constitucional, pero sobre lo que hoy crece la preocupación al continuar creciendo el consumo en el país. Incluso ya se han radicado algunos proyectos sobre el particular.

La más reciente iniciativa en ese sentido es precisamente del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien radicó en el Congreso un proyecto de ley que establece sanciones como arresto por 24 horas, trabajo social y rehabilitación para aquellos que consuman y porten sustancias psicoactivas en espacio público.

Por el calibre del tema es poco probable que el actual Congreso se ocupe, por lo que quedaría para la discusión del próximo.

5. Censo poblacional

Los resultados del censo poblacional que adelanta el DANE se conocerán después de julio de este año, los cuales si son adoptados por el Congreso mediante una ley, implicará que sus curules crezcan en un número importante.

El Acto Legislativo 03 establece que “habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000”, disposición que se debía comenzar a aplicar a partir de 2014 para la asignación de las curules. Sin embargo, esta disposición constitucional fue inaplicable el año 2014, pues los resultados del censo general de población y vivienda en 2005 no fueron adoptados mediante ley.

Los últimos censos poblacionales en Colombia se realizaron en los años 1985, 1993 y 2005. Sin embargo, de estos dos últimos sus resultados no fueron adoptados mediante una ley.  Entonces le corresponde al entrante Congreso determinar si adopta por ley los resultados de este censo poblacional.

6. Ley Quinta

Este Legislativo también pasará sin modificar la Ley Quinta, por la cual se expide el reglamento del Congreso, a pesar de que hay temas clave por ajustar como el funcionamiento de las comisiones de conciliación y ahora también, con la discusión por el hundimiento en el Senado de las 16 curules para la víctimas en la Cámara, aclarar de mejor manera cómo se establece el quórum decisorio sobre un proyecto de ley y reforma constitucional, además de los votos necesarios para alcanzar las mayorías.

7. Acuerdo de paz

Hasta el momento para la implementación del acuerdo de paz se han expedidos 97 normas entre leyes y reformas constitucionales aprobadas por este Congreso. No obstante, quedan varias iniciativas pendientes que el Gobierno presentó en el pasado periodo legislativo por fast track y que no alcanzaron a tramitarse o que hasta ahora se van a radicar.

Algunos de ellos son las Zonas de Reserva Forestal, el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales y la regulación del sistema nacional catastral multipropósito.

8. Operación JEP

La Jurisdicción  Especial de Paz (JEP), que se encargará de aplicar justicia a los excombatientes de las Farc por los graves delitos que cometieron, está pendiente del fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria que la reglamenta, pero también es necesario tramitar un proyecto de ley que permitirá su pleno funcionamiento, definiendo los detalles del protocolo judicial especial que se aplicará ya que no se puede trabajar con el Código de Procedimiento Penal.

El Gobierno espera radicar la iniciativa este mes, pero es probable que el actual Congreso no lo alcance a tramitar en su totalidad y le correspondería al próximo legislativo los últimos debates.

9. Corridas de toros

Hasta febrero de 2019 tiene el próximo Congreso para legislar sobre las corridas de toros y espectáculos similares que fueron excluidos de multa o castigo en la Ley 1774 de 2016 sobre maltrato animal. De no hacerlo, los espectáculos taurinos quedarán prohibidos en todo el territorio nacional.

En la actualidad, este Congreso discute una iniciativa que presentó el Gobierno para eliminar las corridas de toros en Colombia, el cual fue aprobado en mayo pasado en primer debate.

10. Mecanismos de participación

La proliferación de las consultas populares contra la minería ha causado preocupación en el Gobierno y en este sector que podría ver frenada su actividad. Se han realizado cerca de 20 jornadas de este tipo en las cuales la población ha decidido que no quiere este tipo de exploración y explotación para evitar que sea afectado el medio ambiente.

Varios sectores han solicitado al Congreso que legisle sobre la materia, más teniendo en cuenta que según el ordenamiento jurídico, el Estado está facultado para decidir sobre el subsuelo.

También el entrante Congreso tendría que revisar el mecanismo de revocatoria de alcaldes y gobernadores ante la explosión que de estas iniciativas se produjo el año pasado, a juicio de muchos por motivos políticos y no de insatisfacción de los ciudadanos por la gestión de sus gobernantes.