Este viernes, desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se escucharon por primera vez voces contrarias al acuerdo que logró el expresidente Álvaro Uribe, a nombre del Centro Democrático, con varios partidos, producto del cual se aprobó en el primer debate de la reforma constitucional que pretendía crear en esta instancia una sala exclusiva para que se ocupara de los casos de militares y policías procesados por delitos graves en el conflicto, la inclusión de al menos 14 magistrados, que se unirían a los 51 que ya están fungiendo.

Hasta el momento la polémica esta semana acerca de este acuerdo la alimentaron el Polo Democrático y el partido Farc, los cuales se manifestaron contrarios a que sea modificada la JEP; así como por las preocupaciones que manifestó sobre este asunto James Stewart, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), quien por estos días estuvo en Bogotá.

Sin embargo la noche de este viernes, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Sala de Apelaciones de la JEP, dijo que “se quiere ver que en la JEP van a existir dos magistrados, unos adictos a las Farc y pro Farc y otros adictos a la Fuerza Pública y pro Fuerza Pública, dos corazones y dos cerebros cuando los magistrados solo tienen ante sí la justicia”.

Añadió el togado, que “entonces esta estructura interna dentro de la JEP desvertebrada no va a permitir una unidad jurisprudencial. Tener dos secciones de apelación con dos grupos de trabajo va a tener dos sentencias distintas, dos bandos con la impunidad”.

Por ello, Cifuentes consideró que “hay una equivocación rotunda del Congreso de la República, de los partidos políticos, inclusive la oposición que supuestamente apoya el proceso de paz”.

Por su parte, el senador Carlos Antonio Lozada, integrante del Partido Farc, dijo sobre este acuerdo entre las fuerzas políticas presentes en la Comisión Primera del Senado de la República, que si bien destacan como un hecho significativo que se haya dado un diálogo político entre todos los sectores del país, “nos parece que eso es sumamente relevante si tenemos en cuenta que hasta hace muy pocos meses estábamos enfrentados a muerte. Lo que no significa que tengamos que estar de acuerdo, y en el caso específico de lo que se estaba construyendo como acuerdo, nos apartamos porque como parte tratante del acuerdo de paz consideramos que ya es un acuerdo sellado, cerrado. Tiene el aval de la comunidad internacional, fue depositado como acuerdo especial ante la Federación Suiza, tiene el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la propia Corte Constitucional también lo aprobó y lo refrendó el Congreso de la República”.

Lozada coincidió en que “ese acuerdo de nombrar nuevos magistrados crea un precedente sumamente negativo porque, de alguna manera, cuestiona la idoneidad de los actuales magistrados que fueron seleccionados por un mecanismo que nos daba garantías a las partes, pero además un procedimiento de selección que queda establecido en ese acto legislativo que de entrada vicia de origen el nombramiento de esos magistrados porque hay que tener en cuenta que se propone que sean nombrados por la propia institucionalidad, que en determinado momento sus integrantes también van a ser llamados a que respondan ante la Jurisdicción Especial”.

En días pasados el senador Álvaro Uribe dijo que “es un pequeño paso para darle justicia y equidad a los soldados y policías de Colombia que han constituido una fuerza democrática, constitucional y que en algunos casos en que alguno de ellos ha violado la ley, ha sido severamente castigado. Aceptamos la propuesta liberal pero también quedó claro que en el curso de los debates que siguen se discutirá el número de magistrados. Nuestra aspiración sería paridad”.

Le puede interesar: No hay división en Cambio Radical por sala militar en JEP: Ortega.

Reacciona CPI

La creación de nuevas salas o secciones en JEP podría interpretarse como mecanismo para garantizar impunidad de responsables de los crímenes, sostuvo el pasado jueves James Stewart, fiscal adjunto de la CPI.

Stewart dijo en Bogotá que "la creación de una sección y de un procedimiento separado para las Fuerzas Militares, que los separe del marco existente de la JEP, creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente".

El funcionario judicial internacional advirtió que la Fiscalía de la CPI ha estado siguiendo desde el primer momento el proceso de radicación y discusión del proyecto en el Congreso y que la titular de esa instancia global, Fatou Bensouda, “debe averiguar si las iniciativas recientes, si se pusieran en práctica, pudiesen tener un impacto por la agresividad de los posibles cambios".