El proyecto de acto legislativo que busca que el 20% de los recursos de inversión del presupuesto nacional sea definido por los parlamentarios afectaría el desarrollo económico del país.

Así lo manifestó el Consejo Gremial Nacional al expresar ayer su rechazo a la polémica iniciativa que actualmente está en trámite en la Comisión Primera de Senado.

“En caso de ser aprobado el acto legislativo en cuestión, se estaría quebrantando de manera directa principios constitucionales de las finanzas públicas como los son el de planeación y legalidad del gasto afectando la sostenibilidad fiscal del actual Gobierno”, señala la organización en un comunicado de prensa.

Los gremios expresan que el proyecto “tiene un antecedente importante, los llamados auxilios parlamentarios de la reforma constitucional del año 1968, los cuales fueron suprimidos por la Asamblea Constituyente de 1991 en vista del mal manejo que los parlamentarios daban a esta partida, fomentando la corrupción y el clientelismo de la época”.

Consideran que, por tanto, es de “la mayor relevancia” tener en cuenta lo establecido por el Constituyente en su Artículo 351 “en relación con la prohibición al Congreso de la República de aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuesto por el Gobierno Nacional, ni incluir nuevas, sin aprobación escrita del ministro del ramo”.

Advierten, además, que la medida abre la posibilidad a que la inversión por iniciativa congresional desarticule los objetivos que el Gobierno busca alcanzar a través del uso armónico y eficiente de los recursos, lo que consideran podría “llevar nuevamente al país a cometer los mismos errores del pasado”.

La comunicación concluye señalando que “en consecuencia, el Consejo Gremial hace un llamado al Congreso de la Republica para que no apruebe y archive el Proyecto de Acto Legislativo No. 033 de 2018, que cursa en el Senado, toda vez que el contenido de la iniciativa legislativa genera una grave afectación al armónico desarrollo económico del país, que tiene lugar en el marco de los planes de inversión del Gobierno nacional”.

La iniciativa está programada para ser discutida en su séptimo debate hoy en la Comisión Primera del Senado luego de que fuera aplazada ayer. Hace tres semanas la plenaria de la Cámara de representantes la aprobó por amplia mayoría.

El proyecto de acto legislativo estipula que las plenarias de las cámaras podrán efectuar modificaciones al proyecto de Presupuesto hasta del 20% mediante traslados entre partidas, aumento o disminución de las mismas o inclusión de nuevas partidas, teniendo presente las necesidades de las regiones.

Durante el debate, el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, autor del proyecto, dirigiéndose a sus colegas manifestó que “es la tercera oportunidad que yo traigo al Congreso este proyecto. Nunca he tenido un interés personal, pero entiendo la situación de ustedes en las regiones que para conseguir cualquier cosa tienen arrodillarse a un ministro. Cuando esto se haga realidad, se haya dictado la ley, ustedes podrán respirar más tranquilos, no serán esclavos de un presupuesto”.

Por su parte, el también representante por Bogotá, Gabriel Santos, del Centro Democrático, calificó el proyecto como “la normalización de uno de los defectos más grandes del Congreso de la República”. “En vez de tener la mermelada por borbotones que veíamos salir de Palacio de Nariño en el Gobierno pasado ahora la podremos ver salir en tarros pequeños transparentes con sello Invima, ya que estaría consagrado en nuestra Constitución”, sostuvo.

Como lo señaló EL NUEVO SIGLO la iniciativa ha generado múltiples críticas y temores por los efectos que podría tener eventualmente en la politización del gasto público. Algunos consideran que esto sería antitécnico y otros que se estaría constitucionalizando la llamada ‘mermelada’.

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, indicó que “el presupuesto de inversión son $46,8 billones, si se divide en más o menos 300 congresistas, a cada uno le tocaría $30.000 millones. Eso es darle una empresa cada año de $30.000 millones a un congresista para que reparta”. En este sentido, el exministro se preguntó cuántos impuestos “se necesitarían para sostenerle a cada congresista $30.000 millones”.

Añadió que si no se hace a través de impuestos “esto sería más déficit, más deuda para que los señores congresistas gasten. Esto es un despropósito”.