¿Qué tanto cambiará la relación entre los gobiernos de Colombia y Cuba a partir de la inédita y sorprendente alerta que la embajada de la isla en nuestro país entregó a la Casa de Nariño en torno a la posibilidad, no verificada, de un ataque terrorista de una facción del Eln en Bogotá?
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Esa es la pregunta que este martes se hacían muchos analistas y sectores en torno a las implicaciones del memorando entregado al gobierno Duque, el pasado 6 de febrero, por el embajador de La Habana en Bogotá, José Luis Ponce.
"Nuestra embajada recibió una información, cuya verosimilitud no podemos evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra del Eln para los próximos días. Hemos advertido de dicha información a la delegación de paz del Eln en La Habana, la cual expresó total desconocimiento y reiteró la garantía de que no tiene ningún involucramiento en la decisiones militares u operaciones de la organización", dice textualmente el documento.
Para nadie es un secreto que la relación bilateral entre los gobiernos de Iván Duque y Miguel Díaz Canel viene en franco deterioro desde que en el primer trimestre de 2019 este se negara a deportar o extraditar a Colombia a varios de los integrantes de la delegación negociadora del Eln que permanecía en la isla en espera de que se reanudara el congelado proceso de paz heredado de la administración Santos.
Como se sabe, tras el atentado cometido por el Eln el 17 de febrero de 2019 con un carro-bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó una veintena de muertos, la Casa de Nariño no solo rompió definitivamente el proceso de diálogo sino que exigió la entrega a las autoridades colombianas de algunos integrantes de la delegación subversiva, encabezada por alias ‘Pablo Beltrán’, del “Comando Central”, bajo la sospecha de que estaban al tanto de la planificación de la acción terrorista.
Cuba, en concordancia con otros gobiernos que hacían parte de los países “amigos” o “acompañantes” del proceso, se negó a hacerlo, alegando que cuando comenzó la negociación entre el gobierno Santos y el Eln, se acordó un protocolo en caso de que se rompieran las tratativas. Dicho protocolo establecía que el Estado colombiano se comprometía a que una delegación internacional humanitaria trasladara a nuestro país a los voceros subversivos y los dejara en una zona selvática de su elección y les diera el suficiente tiempo para perderse en el área y regresar a su campamento sin riesgo de ser capturados o abatidos en una operación militar inmediata.
Mientras que el gobierno Duque reiteró que ese acuerdo no lo comprometía porque fue firmado por la anterior administración y que, además, esos protocolos se aplicaban para rompimientos por temas propios de la negociación y no por perpetrar ataques terroristas, Cuba se ratificó en su tesis. Es más, el propio Eln acusó a la Casa de Nariño de querer incurrir en el delito de “perfidia” al desconocer los compromisos firmados por el Estado en caso de ruptura de las tratativas.
Lo que vendría después fue un tira y afloje entre ambos gobiernos. Hacia junio de ese año, el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, urgió al fiscal general (e), Fabio Espitia, activar “los mecanismos pertinentes para tramitar la extradición” de cuatro cabecillas elenos en La Habana por el ataque a la sede policial: Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Luz Amanda Pallares Pallares, alias ‘Silvana’ o ‘Ana María’; y Juan de Dios Lizarazo Astrosa, alias ‘David Piñata’.
Inicialmente se giraron órdenes de extradición por los integrantes del Comando Central del Eln, ‘Aureliano Carbonel’, ‘Alirio Sepúlveda’ y ‘Pablo Beltrán’, por delitos “previamente juzgados”.
Ya en enero de 2020, alias 'Gabino', jefe máximo del Eln, fue pedido oficialmente en extradición por el gobierno colombiano, a través de una solicitud radicada por la Cancillería de nuestro país ante el gobierno de la isla.
Y faltaba el caso directamente referido al ataque a la Escuela de Cadetes. De hecho, solo a finales de febrero se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos y luego se girarían las respectivas órdenes de extradición a Cuba y Venezuela, en donde se esconde la otra parte de la cúpula elena.
Sin embargo, a ninguna de las peticiones la isla ha respondido positivamente.
¿Irreversible?
No se puede negar que esta circunstancia ha llevado las relaciones entre los gobiernos Duque y Díaz Canel a un congelamiento casi total. De hecho, se recuerda que una de las consecuencias más graves de la tensión bilateral se dio en noviembre de 2019 cuando Colombia fue uno de los cinco países -entre 192- que decidieron no votar a favor de una resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General de la ONU exigiendo acabar el bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Esta última nación, Israel y Brasil votaron en contra, y Colombia y Ucrania se abstuvieron.
Al explicar este cambio de postura (nuestro país siempre ha pedido levantar el embargo), la Cancillería colombiana indicó que la abstención era “… una manifestación política de rechazo a la actitud hostil de Cuba hacia Colombia, la cual no se compadece con las buenas relaciones que se venían forjando desde años atrás entre los dos países”.
Pero no fue el único punto crítico. De hecho, Duque denunció ante la OEA, el Grupo de Lima y la ONU que tanto Cuba como Venezuela (en manos de la dictadura chavista) no estaban apoyando la lucha antiterrorista, violando todos los tratados y convenciones internacionales al respecto.
A ello se sumó, que Colombia no protestó cuando el gobierno estadounidense de Donald Trump empezó a reversar la apertura política y flexibilidad económica adoptadas en el mandato Obama para con la isla. No hay que olvidar, por ejemplo, que una de las últimas decisiones del presidente republicano en enero pasado, antes de salir de la Casa Blanca, fue volver a meter a Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. La negativa a entregar a los cabecillas del Eln a Colombia fue uno de los principales motivos.
Se creía que una vez Joe Biden asumiera el poder, el gobierno demócrata empezaría a desmontar el apretón de Trump a Cuba, pero hasta el momento nada de eso ha ocurrido.
¿Entonces?
Visto todo lo anterior, quedaría claro que, en realidad, la única posibilidad de que haya un cambio real en las tensas relaciones entre Colombia y Cuba pasa porque el gobierno de la isla deporte o extradite a los cabecillas del Eln pedidos por la justicia de nuestro país.
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De hecho, en las distintas declaraciones del Alto Comisionado Ceballos sobre el memorando en que Cuba advierte del riesgo de un ataque terrorista del Eln, queda claro que Colombia valora la información proporcionada pero considera incoherente y hasta contradictorio que el gobierno Díaz Canel no proceda en consecuencia y entregue a los delegados de la guerrilla que podrían estar preparando un nuevo acto de violencia en el territorio nacional.
“Esperamos que en la misma línea que Cuba está haciendo ahora esta denuncia, mostrando que le interesa respetar el Derecho Internacional, que debe perseguir el terrorismo, ojalá responda algo que no ha respondido en estos dos últimos años, que es la solicitud formal de extradición de los miembros del Eln”, sostuvo el Alto Comisionado en declaraciones este martes a emisoras.
Así las cosas, como lo dijera un experimentado exdiplomático colombiano a EL NUEVO SIGLO: “Distensión no hay ni habrá en la relación pero la presión es mayor ahora para Cuba… Si hay un nuevo ataque terrorista grave del Eln en Colombia la presión internacional sobre la isla aumentará para que deporte o extradite a los jefes guerrilleros… Y estos, además, ahora tendrán que confiar menos en la seguridad y blindaje del refugio que tienen en La Habana y saber que cualquier acto grave en Colombia, estén enterados o no, afectará directamente a Cuba y directamente la permanencia de la delegación allí”.
Por ahora, entonces, la tensión bilateral no solo se mantiene sino que los ejes de presión son mayores. Esa es la respuesta al interrogante planteado al comienzo.