Los senadores Barreras, Cepeda y Sanguino enviaron una carta al Presidente haciendo fuerte señalamientos en contra de la entidad

“Todas las actuaciones de esta Dirección se desarrollan con transparencia, trazabilidad, respeto por la dignidad humana y los derechos humanos como lo norma la ley 1621 de abril de 2013”.

Con estas palabras, incluidas en un comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) rechazó que esté realizando interceptaciones y seguimientos ilegales en contra de los senadores Roy Barreras (La U), Iván Cepeda (Polo Democrático) y Antonio Sanguino (Alianza Verde), quienes en una carta dirigida al presidente Iván Duque acusaron al director de la entidad, almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, de preparar operaciones de descrédito en su contra con el propósito de adelantar un montaje judicial.

En su comunicado, la DNI añadió que está “presta a colaborar para certificar la rigurosidad de su actuar, que tiene por  objeto “proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y residentes en Colombia, tal como lo ordena el Decreto 4179 de 2011 y lo ratifica la Ley de Inteligencia, anteriormente mencionada”.

Los congresistas señalaron en un comunicado que las operaciones “comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales, y que por lo tanto son ilegales, con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas, o en otras palabras, crear 'falsos positivos judiciales".

Manifestaron que, en marzo pasado, en una residencia del barrio El Salitre en Bogotá, se adelantó “una reunión en la que se develaron algunas directrices emanadas” del almirante Amaya, “en el sentido de adelantar seguimientos y acciones contra los suscritos objetivos políticos”.

Señalaon que “de resultar ciertos, estos hechos serían de extrema gravedad, pues constituirían no solo una abierta violación de nuestros derechos individuales, sino además una agresión al libre ejercicio de la política en Colombia”, añaden.

“Intentar silenciar nuestras voces utilizando viejos métodos de interceptaciones ilegales y montajes judiciales, sería un aleve atentado contra la democracia, el Estado Social de Derecho, los derechos de la oposición, y contra los esfuerzos por la paz y la reconciliación del país”, puntualizaron.