Un nuevo artículo en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo contempla que se destine el 5% del recaudo del impuesto predial para financiar el funcionamiento del Instituto Agustín Codazzi (IGCA).
El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien advirtió sobre esta iniciativa, asegura que esta compromete ingresos de 134.000 millones de pesos solamente en la capital, asunto que afecta todos los entes territoriales.
Se trata del artículo 89 titulado:“Contribución Parafiscal para la gestión Catastral correspondiente hasta el 5% de todas las rentas que se recauden cuya determinación y cálculo provenga de la utilización de la información catastral, por parte de los municipios, distritos y las autoridades ambientales, estos recursos serían destinados para la financiación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)”. Proyecto que pasó a segundo debate en el Congreso de la República.
Granados comparó la elevada cifra que se propone para financiar el IGCA con el presupuesto de todo el año de la Secretaria de Cultura para el 2019, el cual está en $143.659 millones, por lo que afirmó que la propuesta es totalmente inconstitucional ya que la entidad es un establecimiento público del orden Nacional y por consiguiente su financiamiento es de exclusiva competencia del Gobierno Central y por lo tanto "no puede pretenderse que este corra a cargo de las ya deterioradas finanzas territoriales”.
“El impuesto predial es de libre destinación y exclusivo uso para los municipios. No veo razón para que vaya al Agustín Codazzi”, recordó Granados en declaraciones para ‘Caracol Radio’.
En este sentido, en un artículo publicado por este Diario Menú de ‘peros’ al Plan de Desarrollo, se establece que en el Sistema de Regalías a los entes territoriales les quitarían la facultad de definir y aprobar proyectos a los OCAD y se le deja a los ministerios y departamentos administrativos. La Federación Nacional de Departamentos considera que el Plan de Desarrollo ordena un recorte drástico en los ingresos de las entidades territoriales, lo que afectará la inversión en rubros como la salud, la educación y el deporte, y reduce sus ingresos en cerca de $600.000 millones anuales.
Otra crítica al Plan se relaciona con la modificación de los regímenes de asociatividad territorial eliminando los contratos plan para dar paso a los ‘pactos territoriales’ que deberán estar acorde con el plan de desarrollo del Gobierno nacional.
Otro de los temas polémicos del PND es la posibilidad según los expertos, de que se acabe el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues se le quita la administración de los recursos de inversión la cual quedaría en manos del Ministerio de Hacienda, lo que dejaría a esta entidad como un órgano de evaluación pero sin posibilidad de definir proyectos de ejecución.
Aunque todavía faltan debates, si el Congreso de la República aprueba el artículo 89 sobre Contribución Parafiscal, se estaría dando un duro golpe a las finanzas de Bogotá.