El punto más fuerte de la Consulta Anticorrupción, que hizo parte de la mesa de concertación, sería retirado por el Gobierno. 

Si el proyecto que congela los salarios de los congresistas está en peligro de hundirse, el Gobierno lo retiraría, anunció ayer la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

“El Gobierno me ha pedido que retire el proyecto. Yo en este momento no podría tomar la decisión de retirar el proyecto, porque ese es un proyecto que tiene una concertación en una mesa con presencia de todos los partidos”, aclaró.

Asimismo dijo que habría plazo hasta hoy “para aprobarlo porque es una reforma constitucional”, Gutiérrez insistió en que “el proyecto que busca establecer tope al salario de congresistas ha sido concertado con todos los partidos. Si por la duda de impedimentos no se tramita, lo presentaremos en la próxima legislatura. Insistiremos con esta reforma”.

La iniciativa que está en la Comisión Primera de la Cámara no logró avanzar ayer y a las 8 de la noche se levantó la sesión después de haber aprobado 14 impedimentos de representantes que pidieron marginarse del debate argumentando un posible conflicto de interés ya que estarían decidiendo sobre sus propios salarios.

La Comisión fue citada para hoy a las 9 de la mañana para evacuar el resto de los impedimentos, los cuales fueron presentados por la mayoría de los restantes 24 congresistas que conforman la célula legislativa.

El proyecto es la implementación de la consulta anticorrupción del 26 de agosto. Tras los resultados de esa convocatoria a las urnas, el presidente Iván Duque y la mesa técnica de los partidos la incluyeron en el paquete de proyectos.

La exsenadora Claudia López, de la Alianza Verde e impulsora de la mencionada consulta, da por hundido el proyecto.

Ayer, señaló López, que la Comisión “hundió formalmente” el proyecto, “aunque estaba hundido hace rato por falta de ponencia del coordinador José Uscátegui, del Centro Democrático, quien ya había respondido –porque la controversia sobre su actitud no es nueva– que “si quiere culpar a alguien, Claudia, culpe a los congresistas de su partido Alianza Verde que, siendo ponentes, no fueron capaces de radicar ponencia entre el 10 y 23 de octubre. Ustedes son los más interesados en que esto fracase. Siga con su show”.

La senadora verde Angélica Lozano indicó que los congresistas de la Comisión estaban “encartados con el féretro del punto uno de la consulta anticorrupción” al declararse “impedidos más de 30 representantes”, agregando que “el proyecto no se murió hoy, lo dejaron morir por no rendir ponencia” y explicando que “se radicó el 18 de septiembre y hasta el martes radicaron ponencia. ¿Ya para qué?”.

La representante por Bogotá, Juanita Goebertus, copartidaria de López y Lozano, sostuvo que “termina la muerte del proyecto de topes de salarios. Los representantes se declaran impedidos. Se aprueban los impedimentos. Se acaba el quórum. Se le acaba el tiempo. Se muere. Portazo al punto uno de la consulta anticorrupción”.

Mensaje de urgencia
De otra parte, ayer el Gobierno anunció mensaje de urgencia al Congreso para agilizar el trámite del proyecto de ley sobre probidad administrativa radicado por el presidente Iván Duque y el procurador general Fernando Carrillo.

El proyecto amplía la prescripción de la acción disciplinaria de cinco a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios, de los servidores públicos; instaura la acción penal y el delito para las personas jurídicas, estableciendo la sanción corporativa, pero también la sanción a los gestores y también a los propietarios, incluyendo la prohibición de contratación con el Estado; da vida a la extinción de dominio exprés, para que se pueda endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público; fortalece, motiva y patrocina la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces y eso nos permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos.

Cabe recordar que el procurador Carrillo se había referido al trámite que se adelanta en el Congreso sobre los proyectos anticorrupción y aseguró que hay que cumplirle a la ciudadanía.

"Me parece que ese mandato de 11.600.000 colombianos, independientemente de que no haya pasado el umbral, es un mandato que es imperativo para el Poder Legislativo a la hora de su aprobación", manifestó.

Recordó que desde la Procuraduría se presentó un proyecto de ley sobre probidad y lucha contra la corrupción que fortalece la acción preventiva de esa entidad, e incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas y agiliza la acción de extinción de dominio contra los bienes de los corruptos.

"Aquí no estaríamos viviendo el cinismo de la empresa Odebrecht si tuviéramos sanciones mucho más efectivas contra las personas jurídicas y si se hubieran perseguido los bienes de esa compañía como se ha debido hacer en un momento dado", sostuvo.

Carrillo indicó que la agilización de la extinción de dominio para los bienes de los corruptos, es un imperativo de la sociedad colombiana.