Una serie de pruebas ordenó el Consejo de Estado en el marco del trámite de la demanda de pérdida de investidura al senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, porque según el accionante participó en la discusión y votación en meses pasados de las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, a pesar de que en noviembre de 2017 le fue aprobado un impedimento para participar en el trámite de esta norma.

El demandante considera que con este proceder el Senador y cabeza visible del Partido Centro Democrático incurrió en una violación al régimen de inhabilidades porque a Uribe la plenaria del Senado en esa oportunidad le aprobó el impedimento que este presentó, argumentando que era una víctima no reconocida de las Farc y que la JEP tiene la función de investigar y sancionar a los integrantes de esa guerrilla hoy extinta.

Las pruebas que ordenó el alto Tribunal en el proceso de pérdida de investidura de Uribe consisten en solicitar al Senado las actas y otros documentos de las plenarias de noviembre de 2017 así como de las sesiones de marzo y abril de este año en las que se debatieron y votaron las objeciones presidenciales.

También el Consejo de Estado solicitó un informe a la Secretaría General del Senado, la Secretaría General de la Comisión de Ética del Senado y las Relatorías de la Cámara de Representantes y Senado.

De igual forma citó a declarar al saliente presidente del Senado de la República, Ernesto Macías, y a los también senadores Jhon Milton Rodríguez (Partido Colombia Justa Libres), Efraín Cepeda y Laureano Gómez (Partido Conservador) y el secretario general del Senado, Gregorio Eljach. Las declaraciones fueron fijadas para el próximo 10 de julio.

El senador Uribe Vélez ya presentó sus argumentos por intermedio de su abogado, señalando que el impedimento que presentó en 2017 fue para el trámite del proyecto de ley estatutaria de la JEP, el cual finalmente fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, adujo, que dicho impedimento se extinguió en la discusión de las seis objeciones que radicó el presidente Duque Márquez al proyecto de ley estatutaria de la JEP, el cual previamente fue declarado exequible por la Corte Constitucional, pues fue habilitado por la plenaria para participar sin restricción alguna en la discusión y votación.

La defensa de Uribe también recordó que por esos días la Comisión de Ética rechazó la recusación que presentó el congresista Roy Barreras contra Uribe por haber participado en las conversaciones de paz después de la victoria del No.

Por estos mismos hechos fueron demandadas las investiduras de las senadoras del Partido Centro Democrático: Paola Holguín y María del Rosario Guerra.

El pasado 6 de junio, el Jefe del Estado sancionó la Ley Estatutaria de la JEP después de que la Corte Constitucional concluyera que las objeciones fueron negadas por el Congreso de la República, pues así lo manifestaron a través del voto las mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República.