La mayoría del país saludó la llegada de Margarita Cabello Blanco al cargo de Procuradora General de la Nación, más allá de sus cualidades como jurista y su dilatada carrera en la justicia, por ser mujer pues es la primera que dirigirá la institución en 186 años de historia. Sin embargo es claro que este detalle es apenas una breve luna de miel porque desde un principio tendrá los ojos escrutadores de distintos sectores de la sociedad.
Comenzando por distintas poblaciones como las minorías étnicas, líderes sociales, defensores de derechos humanos que vienen siendo objeto de una espiral de violencia que ha dejado cientos de muertos por el accionar de los grupos armados ilegales, y que esperan de la nueva Procuradora que como su antecesor Fernando Carrillo, ponga el asunto entre las prioridades de su agenda y si es necesario haga sentir su voz ante el Gobierno nacional para que garantice la seguridad en los territorios.
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También la mayoría de los colombianos que hoy son víctimas de la crisis social generada por la pandemia, miles que han perdido sus empleos y tienen dificultades para sobrevivir junto con sus familias, esperan de la nueva Procuradora que no los olvide y mantenga su situación en el centro del debate.
Incluso los sectores políticos de oposición que criticaron la elección de Cabello por su cercanía con el gobierno Duque, tendrán los ojos muy abiertos a la espera de cualquier desliz de su parte para querer justificar una supuesta falta de independencia frente a la Casa de Nariño.
Por su parte el presidente Duque espera de la Procuradora frente a la JEP, ante la que se sometieron los desmovilizados de las Farc, que “el Ministerio Público no puede estar para elevar la voz en favor de los victimarios; el Ministerio Público debe garantizar los derechos de las víctimas y que no sean revictimizadas”.
Agregó “qué bueno escuchar al Ministerio Público insistiendo en que se conozca la verdad sobre el reclutamiento de menores… qué bueno ver al Ministerio Público, también, insistiendo en que haya sanciones ejemplarizantes a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad”.
Igualmente, dijo que es importante ver al Ministerio Público “pidiendo la verdad sobre las rutas del narcotráfico”.
Los retos principales
En su discurso de posesión en el cargo el viernes pasado, la nueva Procuradora señaló los principales retos que de entrada se ha fijado en su función, comenzando por la pandemia. Dijo que serán redoblados los esfuerzos para vigilar la inversión adecuada de recursos y librarlos de las garras de la corrupción.
Asimismo, aseguró que para garantizar el plan de vacunación se adelantará un frente de trabajo común con la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, “debemos garantizar que todos los colombianos accedan a la vacuna en forma eficiente, equitativa y segura”, enfatizó.
Agregó que esta será la Procuraduría de las mujeres, de las familias, de los defensores de derechos humanos.
Para la Procuradora General de la Nación una gran preocupación son las fallas en la implementación de la jornada única, el Programa de Alimentación Escolar, la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, la salud, la calidad en los servicios públicos, la infraestructura vial, la implementación de los Acuerdos de Paz, entre otros muchos temas que afectan a la ciudadanía.
Descongestión
De igual manera se fijó metas para mejorar la gestión de la entidad. Lo primero, dijo, será dar solución a más de 160 mil procesos que se encuentran abiertos y a hoy no se ha tomado ninguna decisión. Segundo, se implementará un plan de descongestión con el fin de lograr, durante esta administración, que los procesos se resuelvan en forma rápida y confiable.
Así mismo la Procuradora advirtió a algunas voces que dicen que no tendría la suficiente independencia frente al Gobierno nacional, que “vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”.
Ya en agosto pasado, tras su elección en el Senado, la jurista Cabello había anunciado que la lucha contra la corrupción en la administración pública será una de sus principales objetivos.
Por eso afirmó en esa oportunidad que buscará “modernizar el concepto de la lucha contra la corrupción, que parece actuar con paliativos, pero no con instrumentos que propicien el cambio de fondo deseado: una administración pública eficiente y transparente”.
Cabello Blanco anunció también entre sus objetivos para la Procuraduría que "la función preventiva y el control de gestión los fortaleceremos, no se pueden reducir a una vigilancia sin que se sienten las bases para mejorar la administración pública”.
Otros desafíos
Cabello dijo que la Procuraduría, como en anteriores oportunidades, debe tener un papel importante en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, desde certificar que los aspirantes que se inscriban no tengan inhabilidades, hasta velar porque los poderes Ejecutivo y Judicial mantengan la debida neutralidad frente a este proceso, así como que los funcionarios no participen políticamente de forma indebida.
De igual forma un tema clave que tendrá que resolverse en el periodo de Cabello es la obligación del Estado colombiano de atender el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que las sanciones de suspensión y destitución de funcionarios de elección popular dependan de un juez y no, como sucede ahora, de una autoridad administrativa como la Procuraduría.
Hace un par de semanas el entonces procurador Carrillo radicó en el Congreso un proyecto para ajustar de acuerdo al fallo de la Corte IDH las competencias sancionatorias de la entidad en investigaciones contra servidores públicos de elección popular por casos de corrupción y violación de derechos humanos.
El aspecto más llamativo de la iniciativa de ley es que si bien el Ministerio Público no renuncia a las facultades que hasta el momento tiene de sancionar, para el caso de destitución e inhabilidad general que se aplique a funcionarios de elección popular (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles), la decisión dependerá de un fallo judicial.
Queda por ver si Cabello apoyará el proyecto en estos términos o, en su defecto, presenta al Congreso su propuesta de ajuste normativo de las facultades sancionatorias de la Procuraduría.