La representante Catalina Ortiz y el senador Iván Marulanda serán los voceros de la colectividad en Cámara y Senado, respectivamente

Por consenso fueron elegidos como voceros de la bancada de la Alianza Verde en el Congreso para el primer período legislativo que inició este 20 de julio la representante por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, y el senador Iván Marulanda.

Ortiz es abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y con 20 años de experiencia creando y manejando proyectos y empresas en el ámbito social, privado y estatal.

Mientras Ortiz asume este importante reto al ser elegida por primera vez con voto popular para ocupar un escaño en el Congreso, Marulanda llega por segunda vez. Él es economista graduado de la Universidad de Antioquia y fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1991, candidato a la Vicepresidencia de la República en 2006, Alcalde de Pereira, Embajador ante las naciones Unidas, gerente de la Constructora de Pereira, Presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, Secretario General de la ANDI y Presidente de la Bolsa de Medellín, entre otros cargos.

Uno de los mayores retos para quienes lideran la vocería en las corporaciones consistirá en sacar adelante los diecisiete proyectos de ley que fueron radicados de manera conjunta por los diecinueve congresistas de la Alianza Verde, generando mecanismos de participación en las diferentes comisiones y plenarias de Senado y Cámara.

A través de un comunicado, la Alianza Verde sostuvo que la colectividad espera que en los próximos días se lleven a cabo importantes debates de control político alrededor de temas tan complejos como el de la seguridad, los asesinatos de líderes sociales y la afectación ambiental por derrames de petróleo, entre otros.

El senador verde Antonio Sanguino presentó tres proyectos de ley con un claro enfoque ambiental y social que buscan ofrecer beneficios a los sectores más vulnerables del país, como también, a los jóvenes colombianos.

“Este es el sello que queremos darle a nuestro trabajo legislativo en los próximos cuatro años y por los que el pueblo colombiano nos eligió. Vamos a trabajar por los sectores más vulnerables que claman una voz auténtica en el Congreso de la República”, puntualizó Sanguino.

Uno de los proyectos es el que “elimina el servicio militar obligatorio y se implementa el servicio social”, cuyo objetivo es eliminar la obligatoriedad en la prestación del servicio militar e implementar el servicio social y ambiental como alternativa que vincule a los jóvenes en el fortalecimiento del sentido de pertenencia nacional y en la construcción de sociedad.

El servicio militar obligatorio es una forma de reclutamiento, en algunos países de carácter obligatorio y en otros de manera voluntaria, a quienes alcanzan su mayoría de edad y con el propósito de que hagan parte del cuerpo activo de las fuerzas militares de su país.

Dice Sanguino, que al obligar a los jóvenes a incorporarse a las Fuerzas Militares se les está constriñendo a recibir adoctrinamiento ideológico y forzando a instruirse en el uso de armas, lo que implica un propósito guerrerista. Y aunque los argumentos al interior de la milicia hacen referencia a sentimientos patrióticos y nacionalistas, lo cierto es que el servicio garantiza mano de obra barata para la guerra.

Otra dura crítica que realiza Sanguino al servicio militar obligatorio se da en torno a la presencia de patrones culturales y formas de socialización violenta, machista y hasta anticonstitucional dentro de los cuarteles y la vida militar en general. Situaciones ampliamente documentadas por la prensa en nuestro país.

El Senador también radicó el proyecto “por el cual se establece un mínimo vital de agua potable” que busca que el Estado colombiano garantice de forma gratuita al menos seis metros cúbicos de agua potable que permita a las personas de los estratos socioeconómicos uno y dos, de uso residencial y mixto, llevar una vida en condiciones dignas.

En el mismo sentido, establece que el agua es un derecho humano y un servicio público esencial e inherente a la finalidad social del Estado, el cual debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, para garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y por ende, se encuentra en conexidad con el derecho fundamental a la vida digna de los colombianos.