Como era de esperarse, hay opiniones divididas entre defensores y opositores de la iniciativa que ahora será debatida en la Cámara

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Mientras muchos lo han calificado como la supermermelada, otros defienden el artículo introducido en el proyecto de reforma política como una iniciativa que beneficia a las regiones y expresan que lo único que produce es transparencia.

Como lo publicó ayer EL NUEVO SIGLO, durante el segundo debate a la reforma política, con 46 votos a favor se aprobó una propuesta presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que permite que el Congreso por iniciativa de sus miembros y aprobado en plenaria, pueda solicitar el Presupuesto para proyectos específicos.

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Según el texto aprobado, “de manera pública, transparente y uninominal, una quinta parte del Presupuesto de Inversión la decidirá el Congreso por votación, previa revisión del Departamento Nacional de Planeación de proyectos específicos”.

Sobre el artículo, el representante por Antioquia, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático y consultado por EL NUEVO SIGLO, opinó que “no la podría calificar como la nueva mermelada, pero algo habrá de diferencia en que un proyecto se apruebe en una oficina entre un Congresista y el Gobierno, a que se diga públicamente para qué es la inversión, para cuál municipio y para qué proyecto”.

Para el senador de Cambio Radical, Termistocles Ortega, el mecanismo puede tener diferentes nombres según la óptica con la que se mire, pero consideró que “la intensión del artículo es que el Congreso, como vocero de los intereses de la comunidad y de las regiones, pueda incidir de manera pública, no en una oficina, no debajo de las sabanas, y que se haga de manera pública para determinadas obras, con la presencia del Gobierno y de toda la comunidad”.

¿Intereses regionales o manguala corrupta?

Entre tanto, el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, anotó que “es importante que el Congreso tenga la facultad de un porcentaje del Presupuesto, que puedan hacer propuestas regionales. Una de las funciones del Congresista es esa, es velar por el bienestar de la región. No se puede confundir con el tema de la mermelada, que se les asignaban cupos directos a ciertos congresistas para que dispusiera de ellos. Aquí es directamente a las regiones”.

Esperanza Andrade, del Partido Conservador, anotó que “es recuperarle al Congreso algo que no tenía en estos momentos, que es la iniciativa del gasto. Hasta el 20% del Presupuesto me parece válido e importante, que no es mermelada”.

Sin embargo, para el senador del Polo Democrático, Alexander López, “esta es una forma de cambiarle el nombre a la mermelada y a la regionalización de la corrupción, como ha sido establecido en este país. En una estructura electoral corrompida como la que tenemos hoy, en donde una campaña puede costar 5.000, 10.000 millones de pesos, la mejor forma de recuperar esa plata es utilizando esa especie de cupos indicativos, o esa forma de presentar proyectos para las regiones”, tras de lo cual con toda seguridad habrá corrupción y contratistas metidos, “habrá toda esa manguala que se ha utilizado para apropiarse de los dineros públicos”.

Finanzas públicas sanas

Explicó el exministro Roberto Junguito que en general Colombia durante muchos años ha tenido la norma en el sentido de que la orientación del Presupuesto, las propuestas, deberían tener el aval del Ministro de Hacienda y que “ese es uno de los motivos por los cuales Colombia ha tenido unas finanzas públicas sanas. Uno diría que entre más restrictiva sea la asignación libre de los recursos, mejor”.

Aunque por otra parte, anotó, que una de las funciones del Congresista es opinar sobre las inequidades de las regiones. “Creo que se debe lograr una cosa intermedia, que es lo que existe hoy en día en la Constitución: que haya iniciativa parlamentaria pero que sea discutida y convenida con el Gobierno”, indicó.

El también exministro Óscar Iván Zuluaga dijo estar “de acuerdo, en la medida de que eso transparenta las relaciones entre el Congreso y el Gobierno, hace visible los intereses regionales. Lo que hay que definir es que ese monto sea compatible con un espacio fiscal y no vaya a afectar la inversión prioritaria en los sectores sociales”.

Sin embargo, con este Diario habló otro exministro de Hacienda, pidiendo la reserva de su nombre. A él le “parece que ese es un mal artículo. El 20% de inversión son 8 billones de pesos. En Colombia hay una tradición, un ordenamiento, donde el Congreso no tiene iniciativa en el Presupuesto”, porque, explicó, tiene “punto favorable en las modificaciones”. Para él, sostuvo, “sería muy exótico que el Congreso pase a una función que es más del Ejecutivo, que es la de identificar los proyectos, escoger los proyectos, hacer una evaluación de los proyectos para decidir cuáles son los que se van a realizar”.