El senador liberal Luis Fernando Velasco radicará un proyecto de ley que busca interpretar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y además tender puentes entre quienes se opusieron al acuerdo de paz y quienes lo apoyaron.

La iniciativa en principio busca que los jueces tengan solo una línea de interpretación del acuerdo firmado entre las Farc y el Gobierno nacional.

Según la justificación de la iniciativa, una ley interpretativa es una norma que expide el legislador para fijar con claridad el sentido de otra norma jurídica y con la cual se establece el auténtico sentido normativo de la ley que se está interpretando.

Esta norma busca dejarlos a todos contentos pues, según la justificación, mientras algunos tienen temor de que la extradición pueda ponerse en riesgo con la ley estatutaria de la JEP, otros creen que ese articulado “solo se aplicará a las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos, lo que dejaría por fuera de estos beneficios a narcotraficantes que quieran acceder a este tipo de justicia”.

Así mismo, en la iniciativa se revive la discusión sobre los terceros en el conflicto, pues se reafirma esa posición al leer la sentencia de la Corte Constitucional que dice que el alto Tribunal entiende que la expresión “otras personas” se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP no mencionadas en los artículos 152 a 155, es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública que estén ofreciendo verdad plena en el sistema de Justicia, Reparación y garantías de no Repetición.

Ahora bien, el proyecto que será radicado indica que el término “otras personas” se refiere a personas naturales sometidas a la JEP, “es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública por conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Y agrega que “dicha garantía de no extradición se concede a quienes estén ofreciendo verdad plena en el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y solo en tanto resulte necesario para garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad”.

Según le dijo el senador Velasco a EL NUEVO SIGLO, esta iniciativa se construye para quitar temores “no solo pensando en lo que uno defiende, sino en los temores del contradictor. Este puede ser un proyecto que comience a generar un espacio en el que nos encontremos el Gobierno, la Fiscalía, los sectores de oposición, la bancada del Centro Democrático y los conservadores para darles tranquilidad y quitarnos ese fantasma entre todos”.

Para Velasco, la esencia del proyecto “es mandar un mensaje claro a los operadores de justicia diciéndoles lo que yo creo que ya está en la ley. Ahí tomamos parte de la sentencia de la corte donde dice quiénes son los terceros intervinientes, y qué delitos juzga la JEP”.

Polarización

Si bien la ley busca crear consensos, aún sin ser presentada ya hay división al interior de los partidos con respecto a la norma.

Según el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, este es un intento noble de solucionar el tema, “pero la verdadera oportunidad fue desperdiciada por los partidos con las objeciones presentadas por el presidente Duque. Allí al menos se debía aceptar la objeción que se tenía frente al tema del narcotráfico”.

“Cabe anotar que varios proyectos interpretativos que se han presentado en el Congreso han sido declarados todos inexequibles por parte de la Corte Constitucional, que en varias sentencias consideró que no aceptaría ningún cambio a los acuerdos negociados en La Habana. Yo no soy optimista frente al proyecto”, le dijo Valencia a este Diario.

Por su parte, Richard Aguilar, de Cambio Radical, se mostró optimista frente a la iniciativa, considerando que esta es una manera de lograr consensos frente a la acción de la JEP.

“Todo ya fue plasmado en los actos constitucionales y en la ley estatutaria”, le manifestó a este Medio, señalando que este sería el primer paso para lograr consensos frente a las modificaciones que necesita la JEP. “Si este es un proyecto que ayuda a generar un gran acuerdo, bienvenido”, anotó.

En ese sentido, Juan Diego Gómez, vocero del Partido Conservador, anunció que su colectividad apoyará cualquier iniciativa que busque la reconciliación. “Nosotros como país debemos pasar la página y concentrarnos en los problemas que tiene el país. Hay que calmar los ánimos de la política”, apuntó.

Gobierno

Cabe anotar que luego de que la Corte Constitucional le enviara al Gobierno la ley estatutaria de la JEP aprobada por el Congreso para su promulgación, el presidente Iván Duque sostuvo que acatará la decisión, pero que seguirá insistiendo por los caminos legales para reformar la justicia transicional.

Esa intención fue reiterada el jueves de la semana pasada por el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien anunció que “aunque efectivamente hay una sentencia de la Corte Constitucional que hace tránsito a cosa juzgada el gobierno cuenta con caminos legales y constitucionales para solucionar los vacíos y las inconveniencias que en su momento manifestó el Presidente al país”.

Pese a que la iniciativa presentada por los liberales tiene el apoyo de algunos partidos y cuenta con una muy buena disposición en las bancadas, puede tener contratiempos pues los opositores dicen que no solucionará los problemas que denunció el Presidente y quienes la apoyan aseguran que lo dicho en la iniciativa ya está en la sentencia de constitucionalidad de la corte, por lo que puede terminar ahondando la polarización que quiere acabar