La norma tramitada en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional habría sido aprobada con varios cuestionamientos

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La semana pasada en las sesiones extraordinarias el Congreso aprobó la Ley de Páramos dándole prioridad a la delimitación de estas áreas declaradas como complejos ambientales estratégicos para delimitarlos, protegerlos y conservarlos.

En la norma se involucró un artículo nuevo propuesto por el senador conservador Juan Manuel Corso para que los páramos delimitados antes de la aprobación de la ley mantengan esas condiciones, con el propósito de proteger el páramo de Santurbán, ubicado en Norte de Santander.

La norma establece que se pretende hacer las delimitaciones de los páramos de manera concertada con la población dedicada a la minera y a la agricultura, teniendo en cuenta, que no se perjudique a quienes se han dedicado a esas actividades.

1. Minería y agro

El senador del partido de La U, Manuel Guillermo Mora, señaló que la ley pretende conservar los páramos del país y proteger los derechos de los pequeños mineros y agricultores que laboran en esas zonas. “Pretendemos consolidar el tema de los páramos”, dijo.

“Debe existir un equilibrio entre la conservación del ecosistema y el bienestar de los pobladores de las zonas de reserva forestales. Con esta norma, queremos darle unas herramientas jurídicas al Gobierno nacional para cuidar el impacto social de las delimitaciones de los Páramos. Que no se afecte el ecosistema, ni la actividad económica de los pequeños mineros”, señaló Mora.

El congresista agregó que se ofrecerán los planes de reconvención para que los pequeños mineros puedan continuar laborando y no tenga miedo que los saquen de esas zonas de Páramos.

A su turno el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, expresó que “debemos cuidar los páramos del país y también ser solidarios con las personas que han dedicado toda su vida a esta actividad, no es justo sacarlos sin ofrecerle otras alternativas de buscar su sustento para su familia”.

La sentencia C-035 de 2016, la Corte Constitucional reitera la prohibición de hacer minería en los páramos. El cumplimiento de esta sentencia llevó al Gobierno nacional a presentar la iniciativa de las delimitaciones de los páramos.

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, manifestó que se busca darles un tratamiento especial a las poblaciones que habitan en estas áreas y proteger las zonas de páramos para garantizar la producción de agua dulce en el país.

Con esta ley se empiezan a desmontar los grandes contratos hechos con multinacionales para la explotación minera de grandes proporciones que afectan los páramos del país.

2. Se debilitan las CAR

Gran preocupación respecto al proyecto de ley que busca la conservación de páramos, manifestó la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), en vista de que este proyecto de ley las debilita.

“Aclaramos que estamos de acuerdo con el objeto del proyecto de ley tendiente a la conservación de los páramos, sin embargo, pone en riesgo no solo la implementación de las medidas adoptadas en función de los páramos, sino también el ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental adelantada en todo el país, análisis que nos permite presentar suficientes razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, para solicitar respetuosamente pero con absoluta convicción al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que objete este proyecto de ley y lo devuelva al Congreso de la República para su modificación”, afirmó Ramón Leal, director ejecutivo de Asocars.

Según el gremio este proyecto de ley tiene una vocación centralista, ya que toma como recursos financieros para su implementación dos rentas propias de las CAR: transferencias del sector eléctrico TSE y las tasas por utilización de agua, TUA, recursos generados y manejados desde las regiones, que pasarían a ser administrados y distribuidos por el Gobierno Nacional, contrariando la Constitución Política, así como la Ley 99 de 1993, respecto del manejo y destinación de los recursos para la gestión ambiental, en cabeza de las CAR, generando un manto de inconstitucionalidad sobre este texto.

3. Inconveniencia

También hay cuestionamientos a las transferencias del sector eléctrico, por cuanto, dice Asocars, ocasiona una competencia nociva entre entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental respecto de recursos que legal e históricamente corresponde a las CAR.

“Se deja sin financiación una serie de programas y proyectos alrededor del recurso hídrico y la gestión ambiental, enfocándose en los escasos y limitados recursos existentes para la gestión ambiental, siendo contrario al fortalecimiento institucional que demandan estas autoridades ambientales para cumplir no solo con la adecuada administración de los páramos, sino con una serie de retos ambientales presentes en cada una de las regiones”, manifestó Leal.

En este sentido, es incierta la forma como se ejecutarán por parte de las CAR el cúmulo de funciones previstas en el proyecto de ley, más aún, su permanencia como entidades técnicamente sólidas y presentes en el territorio, lo que debilitará en mayor medida la gestión ambiental en el país.

Las anteriores son algunos de los argumentos de inconstitucionalidad de inconveniencia que Asocars ha identificado de este proyecto de ley por lo tanto reitera su solicitud al Presidente de la República de objetar este proyecto de ley de tal manera que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la institucionalidad ambiental que permita cumplir con el objeto del proyecto.

4. Páramos en riesgo

De los 34 páramos que hay en Colombia, 22 están en grave riesgo. Desde hace varios años la Defensoría del Pueblo se opone a entrega de la licencia ambiental a la multinacional Greystar en Santurbán, Santander.

Colombia cuenta con el 49 por ciento de los páramos del mundo, es decir, 1.932.987 hectáreas en total y a pesar de que el Código Minero, la Constitución y una sentencia de la Corte Constitucional son claros en ordenar la protección especial a estos ecosistemas, ya 108.972 hectáreas han sido concesionadas para la exploración y explotación a través de 391 títulos mineros.

La Defensoría del Pueblo realizó un diagnóstico de la situación y determinó que 22 páramos se encuentran en alto riesgo de desaparecer como consecuencia de los efectos de la minería.

Los hallazgos de oro y carbón en estas zonas han incentivado la masiva llegada de compañías mineras, lo que implica una seria amenaza para los ecosistemas que surten el 70 por ciento del agua que consume el país.