LA lucha contra la corrupción, así como la vigilancia a los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y las sanciones a que hubiere lugar, son funciones que desde el comienzo de esta realiza un equipo conjunto integrado por la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.
Así lo ratificaron, en un comunicado conjunto los titulares de esas entidades, Fernando Carrillo, Carlos Felipe Córdoba y Fabio Espitia, en el que también aclaran que no hacen parte de ningún otro equipo o tarea anticorrupción del Gobierno.
“Como entes autónomos e independientes no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos. Este grupo ya existe, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades”.
Esta mañana la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño, decidieron unir la tarea anticorrupción del Gobierno, a la que adelantan Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente, y convocarlos para coordinar y concretar acciones contra los corruptos, castigar a quienes se están robando los recursos del Estado, aprovechando la agilización de los trámites de contratación, que permite el Decreto 417 de 2020 de Estado de Emergencia Económica y Social, para enfrentar la crisis sanitaria generada por la pandemia.
De igual forma, el Procurador, el Contralor y el Fiscal General recordaron que los tres organismos a su cargo acordaron, “en el marco de sus competencias” desde que comenzó la llegada del Covid-19 al país crear un equipo “integrado por servidores de alto nivel para hacer frente a la corrupción en que puedan incurrir funcionarios de todo orden en atención de los colombianos y la aplicación de las medidas para controlar la propagación del coronavirus”
Finalmente anunciaron que como consecuencia de esa labor de vigilancia “en los próximos días empezaremos a mostrar resultados concretos contra quienes incurran en actos de corrupción y comprometan su responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal”.